El Comité raya la cancha
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A tiempo de diseñar la nueva relación política con el centralismo, el Comité Pro-Santa Cruz ha llegado a la conclusión de que hay que fortalecer el proceso autonómico, sin renunciar al federalismo. Se trata de un trabajo serio, inédito, completo, meticuloso, realizado en el marco legal y democrático, que busca fundamentalmente reivindicar y reencauzar el proceso autonómico.
La entidad cívica ha asumido la propuesta de Juan Carlos Urenda, quién sistematizó la idea central, incluso, propuso un proyecto de Ley de reforma parcial de la Constitución que permita una suerte de “autonomías especiales”. El diagnóstico y conclusión es que el modelo autonómico boliviano ha sido un auténtico fracaso, debido: a) a los candados centralizadores insertos en la Constitución vigente; b) una quincena de leyes centralistas (en muchos casos inconstitucionales) dictadas especialmente después de aprobada la Constitución; y c) al abandono de esta causa por los sucesivos gobiernos departamentales y municipales del país, y los partidos políticos de oposición.
La transformación del Estado centralista a uno de autonomías de verdad (en tránsito al federalismo) requiere modificaciones importantes a la malla competencial del Estado. El reparto competencial es el sismógrafo que permite medir el grado y la calidad de la autonomía. En base al principio rector de subsidiariedad, propone asignar como competencias compartidas entre el gobierno central y los departamentales, entre otras, a la policía nacional; tierra, territorio y su titulación; hidrocarburos; asentamientos rurales; administración de justicia; políticas de educación y salud; recursos naturales, en las que los departamentos tendrían competencias de igual nivel de decisión que el gobierno central.
El autor de la propuesta considera que los artículos de la Constitución a modificarse serían una quincena, de manera que los departamentos que los aprueben se beneficiarían de un régimen autonómico eficiente, instancia necesaria para avanzar hacia el federalismo, modelo al que no se puede arribar saltándose el proceso autonómico. Ambos procesos no son excluyentes, sino complementarios y necesarios.
Urenda es consciente de que el éxito de esta propuesta (ahora además cívica) depende de que previamente resolvamos dos grandes problemas: 1) la falta de un Estado Constitucional de Derecho que respete la independencia de poderes; y 2) un cambio en la correlación de fuerzas políticas de manera que se logre una mayoría parlamentaria proclive a un cambio descentralizador real. También tiene que haber una firme voluntad política y, sobre todo, un cambio de chip en la clase política.
El Gobierno Nacional enarbola la autonomía, pero practica el centralismo —puro y duro— y las entidades territoriales se hacen las autónomas y parecen cómodas con la simple elección de autoridades y delegación de competencias, pero sin recursos económicos. Está clarísimo que, sin recursos económicos, no se puede avanzar en el proceso de democratizar el ejercicio del poder político. Los gobiernos del MAS no se han caracterizado precisamente por compartir el poder y muchos de los recursos conquistados por las entidades territoriales han sido confiscados por el ejecutivo central.
La Constitución boliviana define, en efecto, que “la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”.
La autonomía en general supone la existencia de distintos niveles gubernativos en el territorio: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora. El artículo 272 CPE diseña a la autonomía como la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial —departamental, municipal, regional, indígena originario campesina—, cada una de ellas con rango constitucional e igualdad jerárquica entre las entidades territoriales autónomas.
