“El contrabando en Latinoamérica representa $us 210.000 millones”

El argentino, miembro de la Asociación Civil Antipiratería Argentina (ACAA) y ex subsecretario de Justicia y Política Criminal de la Nación, de su país, Juan José Benítez, hizo una breve radiografía de las principales organizaciones criminales que operan en Sudamérica y que tienen a la falsificación y contrabando de productos -principalmente cigarrillos-, como el principal negocio.

¿Continúa creciendo el crimen organizado internacional en la región?

Está en constante crecimiento. Desgraciadamente es algo sistémico que tenemos en la región, con una particularidad que se da en nuestro continente: se manejan desde adentro de las cárceles.

Esto sucede con las tres organizaciones más grandes que existen, que son el Primer Comando Capital, (PCC) que surge en una cárcel de San Pablo (Brasil), hoy tiene aproximadamente 100.000 miembros armados en las calles controlando el narcotráfico, el contrabando de cigarrillos, de cigarrillos electrónicos, de alcohol y, obviamente, de droga.

También está el Comando Vermelho, que tiene estructura menor pero tiene nexos con distintas organizaciones criminales, como la Ndrangheta de Italia. Y después está el Tren de Aragua, que nace en una cárcel venezolana y está conquistando todo el corredor andino; tiene fuerte presencia en Chile y, aparentemente tuvieron una especie de capacitación o convenio con la gente de Sendero Luminoso, que les dieron un entrenamiento en guerrilla.

No nos tenemos que olvidar que en Paraguay están células de Hezbolá, que tienen convenios con el PCC para el contrabando de drogas y cigarrillos a Brasil, y tienen convenio, además, con otras organizaciones terroristas que tienen presencia en el resto del continente, con el antecedente que en Argentina sufrimos dos atentados terroristas por parte de Hezbolá.

¿Hay gobiernos u organizaciones privadas que protegen estos grupos irregulares?

Sin duda. Para que exista una organización criminal tiene que haber un sistema que permita que esa organización criminal tenga el poder que termina teniendo. Estamos hablando de sistemas que han sido permeados y que han adoptado, en muchos casos, negocios legítimos para blanquear sus ingresos mal habidos.

Entonces, ahí hay una dificultad adicional en el procesamiento y la investigación de estas organizaciones.

¿Cuánto de recursos económicos manejan estas organizaciones?

El dato preciso en dinero no, lo que sí se ha calculado es el daño fiscal que le generan el contrabando y la falsificación a los Estados de Latinoamérica, que está en aproximadamente 210.000 millones de dólares, que es el 2% del PIB de todos los Estados juntos, con lo cual estamos hablando de un impacto realmente enorme en las economías de nuestros países.

¿Influye en esto la actual situación social, política y económica de varios países de la región, como Bolivia?

Siempre la marginalidad permite mayores indicadores de violencia y delito, justamente porque la población está más vulnerable y susceptible de ser captada por organizaciones criminales. Sin duda que, si seguimos profundizando los indicadores de pobreza, va a ser muy difícil que podamos luchar efectivamente contra el crimen organizado.

Lo que tenemos que lograr es que el sistema empiece a revertir el orden de las cosas y que, aquellas poblaciones vulnerables, encuentren alternativas para desarrollar su vida cotidiana con el apoyo de los Estados.

¿Bolivia es país de tránsito del comercio ilícito de estas organizaciones?

Para mí es un error considerarlo país de tránsito. Tiene tránsito, sí, pero tiene también mucha presencia de ilegalidad, por ejemplo, de los cigarrillos paraguayos. De hecho, se estima que actualmente el 80% del mercado de cigarrillos proviene de Paraguay y también una proporción de Corea del Sur.

Si bien Bolivia es paso de cigarrillo ilegal hacia Chile o Perú, es también asiento de comercio de cigarrillo ilegal y hoy se está transformando, desgraciadamente, en un país con más presencia de la ilegalidad que no paga impuestos y no tiene control sanitario.

¿Qué deben hacer los gobiernos y las empresas para luchar contra el comercio ilícito?

Creer que vamos a poder parar el fenómeno a corto plazo, no es realista. Es un fenómeno dinámico, que si bien está atado a variables económicas, también está atado al compromiso de las autoridades públicas, de ponerlo en agenda y de tratarlo como corresponde. El sector privado puede ser un aliado estratégico para combatir esto, funcionar como despertador de la autoridad pública que está perdiendo recursos que debería destinar al desarrollo de mejores políticas públicas en los campos educativo, deportivo o cultural.