El contrabando, un problema global que destruye la economía

Ronald Nostas

La Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC) estima que el contrabando en nuestros países, genera alrededor de 210.000 millones de dólares anuales, es decir el 3% del PIB regional. La entidad creada en 2016 por iniciativa del sector privado, y que aglutina a 16 países incluido Bolivia, ha definido que, por su alcance e incidencia, este delito es un problema multidimensional de alcance global.

El contrabando está lejos de ser solo un asunto de cifras. La actividad forma parte de un sistema económico subterráneo y global, integrado además por la falsificación, la piratería, el tráfico ilegal y el lavado de dinero, delitos de alto crecimiento en dimensión, poder y recursos, que están minando lentamente las bases mismas de nuestros sistemas sociales.

Sin embargo, -a diferencia de los otros ilícitos señalados- en nuestros países, el contrabando se ha impuesto socialmente como mecanismo de intercambio comercial aceptado, y muchas veces justificado, por el discurso de la pobreza y la teoría de la dependencia.  Debido precisamente a que la gente consume y adquiere abiertamente productos de contrabando, la economía formal y el Estado, al mismo tiempo que lo combaten, conviven con él, lo toleran y hasta lo categorizan. En algunos países, sus organizaciones representativas constituyen poderosos movimientos sociales que suscriben acuerdos políticos con los gobiernos de turno, proponen y vetan leyes, exponen públicamente reivindicaciones y demandan privilegios (a veces con más éxito que las entidades que actúan en la formalidad), como ocurre por ejemplo con las asociaciones de vendedores de ropa usada o de autos indocumentados.

Adicionalmente, esta actividad se presenta como una respuesta a las barreras que nuestros países imponen a las importaciones, y a la falta de competitividad de la producción nacional, castigada por los excesivos costos laborales e impositivos; los mercados pequeños y precarizados; y las trabas a las exportaciones. Con limitaciones y costes descomunales, las empresas locales no pueden competir en precio, con bienes elaborados con mano de obra barata; liberados de impuestos; comercializados masivamente; sin ningún control de inocuidad y calidad; y en muchos casos falsificados o de segunda mano.

Otro gran problema generado por el contrabando se relaciona con el empleo. En los hechos, esta actividad es la base de la informalidad laboral en Latinoamérica, ya que opera como el gran receptor del desempleo abierto, en sus áreas de internación, transporte y sobre todo comercialización. Para 2016, según la Cepal, el 53% de los trabajadores en Latinoamérica eran informales; de esa cifra, una proporción importante se dedica al comercio ilícito.  Aquí se producen dos conflictos; por un lado, cada puesto de trabajo en el circuito del contrabando, daña, limita y destruye al empleo formal, porque precariza a las empresas generadoras de fuentes laborales dignas y protegidas; y por otro, el mismo trabajo en el comercio ilícito carece de protección, está sujeto a la explotación e incluso entraña un riesgo para la seguridad.

Pero el daño más grave del contrabando recae sobre las empresas formales. Su secuela puede ser devastadora porque las empresas tienen que competir en total desigualdad con un enemigo poderoso e invisible, que las hace perder mercados y capitales, limitar su expansión y desincentivar la inversión y la creación de fuentes laborales.  En Bolivia, por ejemplo, el 63% de las unidades productivas es afectada por este ilícito.  Rubros enteros como el vitivinícola, textil, cueros, maderas, tabaco y otros, han colapsado o están al borde de desparecer por el contrabando. La desproporción es tal que incluso la producción de alimentos agrícolas está siendo amenazada.

La masificación del uso comercial de las redes sociales, curiosamente, ha dotado a este delito de un mejor instrumento de comercialización no controlada; mientras que la crisis generada por la inflación y la inestabilidad del tipo de cambio en varios países, lo está incrementando a niveles insostenibles.

Muchas alternativas se han ensayado para enfrentar al contrabando, desde el cierre de fronteras, militarización de áreas de alta incidencia, endurecimiento de leyes, delación premiada, construcción de muros o canales, uso de tecnología, etc.  Nada parece detener a este flagelo que siempre está un paso delante de las políticas y las estrategias nacionales.

El desafío es inmenso y su análisis y búsqueda de alternativas no se agota en un diagnóstico.  Es preciso explorar todos los caminos de solución para enfrentar este problema que tiene un enorme potencial destructivo y que, hasta este momento, nos lleva ventaja.