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23 de junio de 2022, 4:00 AM
23 de junio de 2022, 4:00 AM

Dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) acribillados a tiros por el crimen organizado en Santa Cruz no es una noticia de rutina, pero amenaza con serla si la región y el país no despiertan de la peligrosa pesadilla de indiferencia y en ocasiones de connivencia con el crimen organizado que se está produciendo en nuestra sociedad, pero principalmente de permisividad del Gobierno nacional frente a esta actividad delictiva y criminal.

El escalofriante asesinato de esas tres personas en la comunidad El Cuchi de Porongo con armas modernas a manos de presuntos sicarios del narcotráfico, en una operación de la que aún no se conocen detalles, estremece en particular a Santa Cruz por un razonamiento sencillo: matan a plena luz del día con armas modernas; si asesinan a policías, entonces es que ya nadie podrá vivir seguro en esta ciudad.

Quienes conocen de cerca la materia, saben que la manera en que los matones actuaron el martes en Porongo es característica del crimen organizado asociado al narcotráfico. Nadie más opera de esa manera ni mata a sangre fría.

La pérdida de tres vidas conmueve a todos y duele a las familias. Ojalá que ellos encuentren consuelo a su pena y se haga justicia, que es lo mínimo que esperan los familiares, aunque nada de eso les devolverá a los seres que perdieron.

El problema de fondo es más preocupante: El crimen organizado ha penetrado el país. Está en todas partes. Si es así, cabe la pregunta ¿también penetró a las instituciones? ¿A qué instituciones? ¿Ha perdido el Estado boliviano el control? ¿Y la sociedad misma, cuán responsable es cuando convive, celebra y disfruta de la compañía y las cortesías en alcohol y diversión de los narcotraficantes?

Es hora de gritar enérgicamente ¡Basta! Nadie quiere vivir con el Jesús en la boca ni quedarse con la angustia de no saber si el familiar que salió a trabajar en la mañana volverá al final del día o si verá su cadáver en los medios de comunicación durante el almuerzo.

Los bolivianos tenemos por historia una vocación pacifista, nos caracteriza el trabajo y las buenas acciones, y no por unos cuantos que descubrieron la manera rápida para hacerse ricos de la noche a la mañana por la vía ilegal vamos a convertirnos ahora, en el caso de Santa Cruz, en una de esas ciudades estigmatizadas por los altos niveles de drogas, mafias y criminalidad.

No es posible continuar tolerando de manera cómplice que los narcotraficantes se paseen impunemente en medio de los que trabajamos y que se les tribute incluso diversos estatus y hasta ‘respetos’ solo porque el dinero les alcanza para costear las fiestas de sus amigos.

Primero es el Gobierno de Luis Arce el que tiene que cumplir con su obligación de combatir el narcotráfico; todos sabemos que el país sostiene su estabilidad económica en gran parte por los billetes que deja la droga, pero eso no es ético ni debiera ser aceptado ni por gobernantes ni por gobernados.

Después están las instituciones cruceñas que prefieren mirar a La Paz cuando se trata del narcotráfico: los liderazgos locales también tienen responsabilidad en combatir de verdad y de frente al crimen organizado y al narcotráfico que lo financia: gobernador Luis Fernando Camacho, alcalde Jhonny Fernández y comités cívicos, también tienen la palabra. Ni los tuits ni los posts de redes sociales alcanzan para responder a una responsabilidad que exige acciones, más que simples palabras de condena, por muy bien que se lo escriban sus asesores.

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