22 de febrero de 2023, 4:01 AM
22 de febrero de 2023, 4:01 AM

En 2006, el periodista y escritor venezolano Moisés Naím publicó su libro Ilícito, una profusa investigación que devela el impacto de la economía ilegal en la política y la sociedad global.  La obra plantea que la economía subterránea se ha convertido en una fuerza más poderosa y activa que la legal, debido a su adaptabilidad a las tendencias del mercado; disponibilidad ilimitada de recursos económicos y tecnológicos; ausencia de control y fiscalización; acceso a información privilegiada; relación con una compleja red de complicidades que incluyen criminales organizados, políticos, policías y dirigentes corruptos; y sobre todo un sistema jurídico siempre dispuesto a transar.

Naim, que también fue Director Ejecutivo del Banco Mundial, analiza una amplia lista de delitos relacionados con la economía criminal como el comercio de estupefacientes, el tráfico de armas, la trata de personas, el blanqueo de dinero, entre otros, pero los resume en tres grandes categorías: traficantes, contrabandistas y piratas. Revela que la economía ilícita representaba en 2006 el 10% del PIB mundial, aunque crecía aceleradamente; plantea que su incidencia puede socavar la democracia y la estabilidad política; y advierte que la contradicción principal del futuro no será entre ideologías sino entre Estados y sociedades contra redes de traficantes globalizados.

La realidad descrita por “Ilícito” no solo se mantiene en la actualidad, sino que se ha incrementado exponencialmente y alcanza cada vez mayor sofisticación, poder, capacidad destructiva y eficiencia, como resultado del uso de internet, el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas, y las crisis económicas y políticas que viven varios países.

En Latinoamérica, por ejemplo, el narcotráfico ha convertido a México en una nación prisionera del terror, la violencia y la corrupción; hizo de la región andina una potencia mundial irreductible del negocio de la droga, usando la protección armada de grupos guerrilleros radicales en Perú y Colombia y consolidando a Bolivia como un eslabón de la producción, tránsito y/o comercialización de cocaína.

El contrabando es otra actividad que ha superado las capacidades de los Estados. Según la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, la región mueve cada año 210.000 millones de $us en productos de comercio ilícito en sectores como textiles, medicamentos, bebidas y alimentos, cigarrillos, cosméticos, juguetería, electrónicos, entre otros. En nuestro país, este delito representa 3.400 millones de $us (8% del PIB), mientras que el total de incautaciones alcanza solo al 2.8% de esa astronómica cifra.

El contrabando se relaciona también con la piratería, es decir el uso no autorizado o la falsificación de marcas, patentes y productos físicos o virtuales. El nivel de este ilícito es tal que ya se ha naturalizado en países como el nuestro, el acceso “libre” a películas, canciones, libros y software, además de todo tipo de marcas de alimentos procesados, medicinas, repuestos, bebidas, entre otros, que son fabricados, transportados y comercializados por poderosas redes delictivas internacionales. Frente a este delito, el Estado es impotente y hasta permisivo.

En algunos países como Bolivia, se suma la creciente actividad de avasallamiento de tierras y propiedades privadas o fiscales, tomadas violentamente por grupos armados, --organizados por bandas delincuenciales-- y posteriormente legalizados por el sistema judicial y administrativo del Estado en favor de los asaltantes, generando enormes ganancias.

Más allá de la descripción de los delitos o su dimensión, el problema principal es el enorme poder que ha alcanzado este sistema económico, que se retroalimenta y se articula constantemente y termina contaminando también a la economía formal, especialmente en la fase de “lavado” de activos, que a su vez utiliza los espacios generados por la informalidad.

Ya no se trata de actividades desarrolladas en zonas periféricas donde el poder del Estado no llega, sino de operaciones planificadas y ejecutadas abiertamente, al amparo de los vacíos legales y en complicidad con algunos funcionarios públicos deshonestos que actúan al servicio de los intereses de lo ilícito, de manera directa y muchas veces impune, tanto que muchas veces no queda claro si es el crimen organizado el que coopta al poder político o son algunos políticos los que reclutan al crimen organizado buscando beneficios propios.

La naturalización y permisividad de la economía ilegal, no solo fortalece sus actividades, sino que termina justificando la inacción de un Estado inerme y cómplice que puede terminar completamente cercado por un sistema que, desde la penumbra, está acumulando enormes cantidades de capital político y económico capaz de convertirse en un poder paralelo con mayor capacidad de incidencia que las instituciones y la sociedad.