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18 de abril de 2022, 4:00 AM
18 de abril de 2022, 4:00 AM

A Jeanine Áñez le imponen lo que se conoce como el “derecho penal del enemigo”. El alemán Günther Jakobs, creó esta teoría para defender la necesidad de un derecho penal distinto del derecho penal de los “ciudadanos”, en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. El ordenamiento jurídico democrático se funda sobre la base de un consenso por parte de los ciudadanos. Los “enemigos” serían quienes se enfrentan a ese “consenso”, que gira en torno a un ordenamiento legítimo, que los ciudadanos se han dado a sí mismos. Y los “enemigos”, serían aquellos que quebrasen la confianza social, lo que justificaría un trato jurídico diferenciado hacia ellos.

Este trato diferenciado viene precedido de un proceso de deshumanización: la “persona” es el “ser humano”, mediado por la norma y el derecho. Por cierto, un “individuo” se comporta como “persona” mientras actúan de acuerdo con las “expectativas sociales institucionalizadas en las normas”. Fuera del estatus de “personas” habría una suerte de degradación en la que se encontrarían los “individuos”, a los que se juzgaría menos fiables o capaces y que serían neutralizados mediante el derecho penal.

La española Guadalupe Sánchez Baena, en su libro “Populismo Punitivo” (Ediciones Degusto, 2020), identifica tres rasgos característicos del derecho penal del enemigo: a) Un amplio adelantamiento de la punibilidad, de forma que no sólo se castigan los actos lesivos del bien jurídico, sino también los actos preparatorios, previos a la lesión del bien: el hecho potencial o futuro; b) Desproporción punitivo: penas como medida de contención sin proporción con el acto cometido ni la lesión inferida; c) Relativización o supresión de las garantías procesales.

A propósito de la primera característica y el juicio a Jeanine Áñez, en su condición de senadora, las asambleístas y los asambleístas gozan de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones, no podrán ser procesados penalmente (art. 151 CPE). El artículo 152 aclara que a las y los asambleístas no se les aplicará la medida cautelar de la detención preventiva... Los parlamentarios necesitan un plus de libertad personal y de expresión en consideración a su condición de representantes de la nación y por la sensibilidad de la función que desempeñan.

En relación a la segunda característica, convierten a la detención preventiva en una pena anticipada y, de yapa, por un delito inexistente. Y la tercera característica, ni en tiempos de la Santa Inquisición se había detenido y condenado (públicamente) a una persona, no sólo lejos de las garantías básicas y universales del debido proceso, sino también sin proceso de responsabilidad abierto previo. Ni en las peores dictaduras se había hecho algo igual. No existen antecedentes (en la historia democrática) donde el aparato estatal (ministerios de justicia, de gobierno, jueces, fiscales, policía, etc.) haya funcionado, con tanta perversidad, al servicio de la venganza de un partido político.

A la exmandataria se la trata peor que a una prisionera de guerra, se la tortura de todas formas. Que le prohíban visitas en la cárcel de sus abogados, sus hijos, familiares, parlamentarios, medios de comunicación, etc., no sólo constituye un trato inhumano, indigno, y cobarde de los acusadores, sino también un atentado contra la salud y la vida de ella.

En Bolivia no hubo golpe de Estado, sino fraude electoral, acreditado por la Organización de Estado Americanos (OEA), la Unión Europea, la Iglesia Católica, etc. La prueba “estrella” es que, con los legisladores del MAS, la expresidenta Jeanine Áñez, logró la Ley N° 1266 de 24 de noviembre de 2019, que “deja sin efecto legal las elecciones generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados” y “dispone la realización de nuevas elecciones generales para… el periodo de mandato constitucional 2020-2025”.

El único “crimen” de Jeanine Áñez es, en realidad, haber osado asumir el poder político en su condición de mujer, algo inconcebible en la cabeza de los “machos” que huyeron dejando el país a punto de incendiarse.

* William Herrera Áñez, jurista y autor de varios libros



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