Opinión

El detonante Elfec

5 de octubre de 2020, 5:00 AM
5 de octubre de 2020, 5:00 AM

Elfec está, sin merecerlo, en el centro de una apasionada controversia. Tengo la impresión de que más que provocar la crisis, el caso fue utilizado en una pulseta política que, al parecer, todavía la quieren prolongar. Algunas autoridades dejaron el gobierno, pero éste se mantiene conduciendo con firmeza la transición.

Digo que el caso no merecía tanto debate porque se trata de una empresa local que nació por iniciativa privada y que todavía tiene una personalidad jurídica de carácter privado. Es una sociedad anónima cuyas acciones pertenecen legalmente a personas naturales y jurídicas privadas, y la presidente Jeanine Añez lo sabe muy bien, por lo que su oferta en febrero y en septiembre fue la de corregir un inadmisible abuso de poder.

Como ya todos saben, cuando la americana PPL decidió salir del país, vendió su paquete accionario que representaba el 92,12% de Elfec a bolivianos, que terminaron formando la empresa Luz Del Valle SA. En mayo de 2010, ignorando lo dispuesto por la Constitución promovida por el MAS, es decir, sin que mediara trámite de ley, el gobierno de Morales decidió que Ende comprara la mayoría de las acciones de Elfec con el fin de controlarla, y ordenó su intervención. Como Ende no realizó esa compra, dos años después otro decreto dispuso que lo hiciera el TGN a nombre de Ende. Tampoco lo hizo, pero se registraron las acciones a nombre de Ende. Al hacerlo se produjo otro hecho irregular: las acciones no podían registrarse sin el endoso y, por lo tanto, el consentimiento de sus propietarios, que aún las tienen.

Resulta, en consecuencia, que Elfec no fue expropiada y no pertenece legalmente a Ende, es decir, no es parte del patrimonio del Estado. Exigir que su devolución se realice mediante ley es pretender que se aplique una norma constitucional donde no corresponde. Y tampoco se puede suponer que la devolución a sus dueños de un patrimonio que no le pertenece al Estado, pueda causarle un daño económico. Al contrario, prolongar esta irregular situación sí puede causar ese daño, ya que en algún momento los propietarios reclamarán daños y perjuicios por el abuso cometido en su contra desde la intervención del 2010.

Con estos antecedentes, la abrogación de los decretos 494 y 1178 resolvería la mayor parte del problema y mostraría la buena voluntad del gobierno para negociar las partes menores del problema, como las relacionadas a los dividendos percibidos en estos años y los beneficios o daños que pudiera haber generado la administración interventora.

En caso de que no se avance por ese lado, los tenedores de las acciones representados por Luz Del Valle SA podrían presentarlas y reclamar su reinscripción en el libro de registro de accionistas de Elfec al amparo del Código de Comercio, iniciando de inmediato acciones penales en contra de todos los que participaron de la irregular intervención, así como reclamando la devolución de los dividendos cobrados por Ende, con intereses y mantenimiento de valor. Esta opción terminaría generando daño económico al Estado, porque sería evidente que pudiendo resolver de una manera amistosa, las autoridades habrían permitido que se siga una vía contenciosa y de más alto costo.

Recuérdese lo que pasó en otros casos en los que se actuó al impulso de necesidades políticas y, en vez de negociar, se perdieron sumas muchos mayores en arbitrajes desfavorables al país. Esos daños económicos al Estado fueron reales y efectivos, pero, curiosamente, no parecen haber preocupado a quienes hoy hacen campaña política con supuestos daños que la presidente está justamente tratando de evitar.

En todo este embrollo no es despreciable, finalmente, la propuesta planteada por Comteco de distribuir su parte del paquete accionario entre la totalidad de sus socios. Esto puede ayudar a crear un amplio y popular mercado de acciones, generando nuevas oportunidades de inversión y ahorro, además de fortalecer la capacidad crediticia de 120 mil familias en Cochabamba.

Si Elfec fue usado como detonante fallido de una crisis política, resolver el problema puede convertirlo en el detonante virtuoso de un proceso dinamizador del desarrollo.



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