30 de septiembre de 2022, 4:00 AM
30 de septiembre de 2022, 4:00 AM


El dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) de diciembre de 2021 y que recién se ha dado a conocer, determinó que hubo ejecución extrajudicial y torturas el año 2009 en el Hotel Las Américas y ahora el Gobierno debe encontrar a los responsables, para evitar un juicio internacional. Como todos saben y esta columna lo escribió en varias oportunidades, el fallido caso de montaje gubernamental, que se inició meses antes de la ejecución de 2 europeos y un boliviano-húngaro, lo único que ha revelado con el transcurso de los años es que la justicia en Bolivia es un instrumento de persecución y penalización a todos los objetivos políticos del exrégimen de Juan Evo Morales Ayma y de Álvaro García Linera, máximas autoridades del Estado.

Independiente de los móviles políticos y de las malas mañas de los anteriormente nombrados con algunos grupos corporativos “secretos” y de políticos sin escrúpulos, hoy más que nunca se demuestra que el Poder Judicial y la Fiscalía trabajaron mal, violaron los procedimientos y dejaron este caso en manos de unos jueces técnicos y jueces ciudadanos que lo único que hicieron fue seguir el libreto que les señalaba el Ministerio de Gobierno , alejándose de las leyes, alejándose del reconocimiento de los derechos civiles de los acusados y emitiendo fallos absolutamente políticos y no jurídicos.
Sixto Fernández, el juez principal del caso, no recibió ni una sola prueba en contra de alguno de los señalados como culpables del alzamiento armado y de separatismo.

La Fiscalía al mando del exfiscal Marcelo Soza hizo tan mal su trabajo que ni con testigos falsos, sobornos a los mismos, los videos del asalto al Hotel Las Américas, los testaferros que trajeron de otros países para inculpar a algunos ciudadanos inocentes, los informes forenses y de balística del tiroteo, las armas y todas las pruebas físicas y materiales no existieron, porque no hubo tal tramoya del que implacablemente García Linera denunció en red nacional, es más, el propio presidente del Estado Evo Morales, en Cumaná (Venezuela), ante los medios internacionales informó al mundo que había dado orden ( ¿de matar?) de incursionar contra unos rebeldes que querían matar a él y a su entorno (mentía), pero asumió de facto la responsabilidad de la matanza del maltrecho hotel.

Soza se exilió. ¿Por qué se exilió?, debería ser la pregunta. Habría que hacer dos conjeturas: a) Se fue porque se dio cuenta de que no tenía las herramientas y no existían las pruebas suficientes para estar a la altura del mandato político de sus jefes, por lo tanto su misión había fracasado y el poder político lo había dejado solo y enjuiciado con cárcel segura; o b) su vida corría riesgo (de verdad) y prefirió salir del país y alejarse de los tentáculos de los sicarios que ya habían asesinado a una periodista que se había acercado a la verdad del caso.

Ahora la historia es otra, el Estado boliviano debe responder a la CIDH y lo primero que debe hacer es iniciar un juicio contra los responsables de la ejecución y tortura de las víctimas del Caso Rózsa, y el principal responsable es Evo Morales. Entonces la pregunta que está en el aire es si el Gobierno de Luis Arce va a tomar acciones, caso contrario el Estado Boliviano va a ser enjuiciado ante los tribunales de la CIDH y junto con ello las demandas en el tribunal de La Haya iniciado por Elod Tóásó y otras víctimas sin duda, aunque tarden, van a avanzar y los responsables van a pagar sus deudas. Así como cae el agua de las lluvias, estamos seguros de que ese día cada vez se acerca más.

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