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28 de diciembre de 2023, 4:00 AM
28 de diciembre de 2023, 4:00 AM



Luis Yàñez y Javier El Hage Abogados


Hoy se cumple un año del encarcelamiento sin sentencia del gobernador de la región más importante de Bolivia y enemigo número uno del régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS). Luego de sufrir un arresto violento a cargo de más de 40 agentes fuertemente armados —vestidos de civil y con el rostro cubierto— sin orden de aprehensión, el gobernador Luis Fernando Camacho fue trasladado en un helicóptero militar a La Paz (a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar) y luego recluido en la peligrosa cárcel de Chonchocoro (reservada para los criminales más temibles) por haber liderado el movimiento no-violento de la sociedad civil que llevó a la renuncia a la presidencia del jefe autoritario del MAS, Evo Morales.

El actual gobierno de Arce, que sucedió al de Morales, tras una transición fallida bajo la presidenta opositora Jeanine Áñez, acusa a Camacho de “terrorismo” en el caso “Golpe de Estado I”, por haber llamado a las multitudinarias protestas en todo el país en contra del fraude electoral de 2019 (certificado por la Organización de Estados Americanos) cometido por el expresidente Morales, luego de que éste desobedeciera el resultado del referéndum de 21 de febrero de 2016, en el que el pueblo boliviano rechazó la reelección indefinida. 

Así como los casi 200 presos políticos actualmente existentes en Bolivia, que incluyen a líderes de alto perfil como Marco Pumari, César Apaza y Jeanine Áñez, la acusación contra Camacho busca castigar su ejercicio legítimo de las libertades de expresión y de reunión, al haber pedido públicamente la renuncia de Morales después de casi 14 años en el poder. Además de buscar silenciar su voz crítica, el Gobierno ejecutó la detención de Camacho para impedir que ejerza su derecho a participar de los asuntos públicos de Bolivia y que continúe ejerciendo la función pública en el cargo de gobernador, al que accedió en 2021 a través del 55,64% de los votos en Santa Cruz.

Al día siguiente de su detención, un juez cautelar dominado por el Órgano Ejecutivo dictó detención preventiva contra Camacho por cuatro meses a pesar de no existir riesgos procesales. Desde entonces, sin embargo, sin que exista sentencia contra Camacho, se han dictado otras cinco detenciones preventivas que lo mantienen en la cárcel en el marco de seis juicios que le ha instaurado el Gobierno, acusándolo de quince (15) delitos.

El calvario judicial que sufre el gobernador Camacho y la avalancha de detenciones preventivas no es algo nuevo en la política nacional. En concreto, el gobierno boliviano utiliza al sistema judicial como un instrumento de represión contra opositores: Zvonko Matkovic pasó 10 años en la cárcel sin sentencia y José María Bakovic estuvo encarcelado y bajo acoso judicial por 8 años hasta que murió atendiendo a 76 juicios, entre otros prisioneros políticos. El Gobierno también toma represalias contra los críticos de su propio partido: Marco Aramayo, ex director del Fondo Indígena, quien fue sometido a más de 250 procesos (algo inaudito en América) por denunciar la corrupción del oficialista MAS, murió en abril de 2022 luego de pasar 7 en la cárcel sin sentencia.

Durante este año de encierro en Chonchocoro, Camacho y su familia han sido víctimas de múltiples vulneraciones a sus derechos humanos. Por otro lado, la vida y la seguridad del gobernador Camacho corren un peligro inminente tanto por las condiciones generales de violencia típicas de dicha prisión, como por los peligros específicos que le acarrea el ser reconocido como líder principal de Santa Cruz, en la prisión donde más presos de Santa Cruz han sido asesinados.

En cuanto al derecho a la vida y a la salud, Camacho padece una enfermedad de base y, por tal motivo, debería recibir una serie de medicinas y tratamiento en un centro médico adecuado. No obstante, el Gobierno ha obstaculizado el acceso irrestricto a las medicinas y al tratamiento y, con ello, ha puesto en peligro varias veces su vida: Camacho ha perdido más de 20 kilogramos de peso y presenta un evidente deterioro físico. Tampoco se le permite recibir la luz del sol ni se le ha asignado un tiempo para realizar ejercicios físicos tal como han solicitado sus abogados en reiteradas ocasiones. Asimismo, grupos de choque de partidarios del Gobierno se han instalado, en los alrededores de Chonchocoro, para realizar “vigilias” y cavar zanjas sobre la carretera a objeto de hostigar, amenazar, golpear y dificultar el ingreso de médicos, familiares y abogados.

Camacho y su esposa han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, a través de la instalación de una cámara espía en su celda con el fin de ejercer una tortura psicológica y denigrar su dignidad. En una muestra de abuso desmesurado, una diputada del partido de Gobierno incluso justificó la existencia de la cámara para tareas de espionaje contra Camacho y su esposa al declarar: “La cámara va a evidenciar y será una prueba de todos los privilegios que goza este señor”.

En mayo de 2022, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU calificó el delito de “terrorismo” en la legislación boliviana como un “tipo penal ambiguo” que genera “preocupación”. Asimismo, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) – Bolivia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en julio de 2021, recomendó “adecuar” el tipo penal “vago y abstracto” de terrorismo (que, según el GIEI, genera la “indebida criminalización” de la conducta de “subvertir el orden constitucional”) “al principio de legalidad y a los estándares internacionales” porque observó su “uso arbitrario” al ser parte de un “patrón de uso político de la legislación penal”.

El encarcelamiento de Camacho representa un grave abuso de poder y una denegación de justicia básica para el principal líder opositor de Bolivia. En suma, representa la inexistencia de un sistema auténticamente democrático en Bolivia, y ratifica el carácter autoritario del régimen de Arce.