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En ocho juicios de empresas nacionalizadas, el Estado boliviano pagó Bs 54,4 millones a dos consorcios de abogados extranjeros que asesoraron en tribunales internacionales. Esa cifra representa unos $us 7,8 millones que fueron desembolsados a los juristas foráneos y que escandalizó a los profesionales bolivianos.

“Desde este momento se abren las puertas de la fiscalización para autoridades, diputados, senadores, fiscales o auditores del Estado boliviano y al público que acredite interés legal tendrá a disposición estos documentos públicos”, dijo ayer el procurador general del Estado, José María Cabrera, al desclasificar los documentos que atendieron los estudios jurídicos extranjeros.

El proceso más costoso fue el de Abertis Infraestructuras S.A., que se llevó adelante ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), cuando se nacionalizó el Servicio de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) en 2013. Según las autoridades de entonces, el pago a la empresa internacional fue de 21 millones de euros. Pero el pago a los asesores extranjeros fue de Bs 21.117.149 según el reporte de la Procuraduría.

La otra suma significativa es el de Glencore Finance, por la expropiación de la metalúrgica de Vinto. Según la Procuraduría, este arbitraje sigue en negociación; pero el Estado pagó a los asesores Bs 16.035.349.

En ambos casos, el consorcio que atendió los pleitos fue la francesa Dechert (Paris) LLP, que también atendió otros cuatro procesos: de Rurelec Plc por la planta de Guaracachi, cobró Bs 6.263.151; Panamerican Energy, del caso Chaco, cobró Bs 4.011.666; Paz Hldings Ltd por las empresas eléctricas, costó Bs 1.443.130; y finalmente CIHB por el cual cobró Bs 154.625. En todos estos casos, el Gobierno aprobó mediante decretos el pago de indemnizaciones, pero no informó de los pagos a los abogados negociadores.

Otra empresa de asesoría es la inglesa Foley Hoag LLP que también atendió dos casos, el de Eurotelecom, al que se nacionalizó Entel, por Bs 5.221.838, y el caso de AEI Luxembourg, por Transredes, por Bs 247.450. El total pagado a los consorcios alcanza los Bs 54.494.358.

La nómina presentada por la Procuraduría contiene 15 casos en total, de los cuales siete solo mencionan que se alcanzó una negociación con la empresa, no menciona monto; pero no especifica si hubo pago a asesores extranjeros porque las casillas permanecen vacías.

Los abogados

Esta suma fue calificada como exorbitante por los abogados bolivianos Andrés Zúñiga y Martha Requena, quienes afirmaron, por separado, que la Procuraduría tenía abogados supuestamente contratados para la defensa de los intereses del Estado y que ahora se evidencia que no había profesionales idóneos para el cargo.

Requena dijo que tanto para procesos nacionales como internacionales existen reglas y contratos con los abogados, y que cualquier profesional boliviano que se formó puede cobrar menos de esos montos para defender al país.

Zúñiga aseguró que el idioma no es una barrera en estos tiempos y recordó que el exagente de Bolivia ante La Haya Eduardo Rodríguez Veltzé pudo defender con argumentos los intereses de Bolivia en ese tribunal, y demostró que está a la altura de cualquier abogado extranjero y está seguro que el costo de sus honorarios son inferiores a los que pagó el Estado.

Costo-beneficio

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque (MAS), se mostró sorprendido por el monto del pago a abogados extranjeros, pero dijo que se debe tomar en cuenta el costo de esos servicios y ver los beneficios que obtuvo el país en este tiempo.

“Si vemos el costo-beneficio podemos ver que valió la pena pagar esos montos; pero ahora todo está en manos del Gobierno.Ellos tienen que ver si hubo daño al Estado, hasta ahora los bolivianos recibieron los beneficios de todas las nacionalizaciones que se realizaron”, justificó.

El diputado Amilcar Barral, UN, recordó que la Procuraduría, incluso, abrió una supuesta Escuela de Abogados Defensores del Estado y que formó a profesionales del derecho. “Esta apertura de archivos nos muestra que a esos abogados seguro los utilizaban como los actuarios de nuestros tribunales, y solo se capacitaban para cargar los papeles de los abogados extranjeros, es otra humillación a los abogados”, afirmó