Su defensa recusó el fallo. Lo acusan por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes

1 de julio de 2021, 4:00 AM
1 de julio de 2021, 4:00 AM

Después de una audiencia cautelar que se prolongó por más de cinco horas, el juez Quinto 5to. de Instrucción Anticorrupción de La Paz, William Rodríguez, dispuso la detención preventiva, por cuatro meses, en la cárcel de San Pedro del ex viceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink. Es la primera exautoridad privada de libertad en el caso crédito de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), desembolsado en la gestión del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez sin autorización de la Asamblea Legislativa.

Schlink fue arrestado en el aeropuerto internacional Viru Viru (Santa Cruz), cuando pretendía viajar de luna de miel a Punta Cana, cuya acción fue truncada por una alerta migratoria en su contra. El exviceministro estuvo retenido entre sábado y domingo por la Policía y el lunes, por la tarde, viajó a La Paz para acudir a la Fiscalía en calidad de testigo, después se confirmó que había sido aprehendido.

Adalia Zurita, abogada de la exautoridad, en contacto telefónico con EL DEBER, censuró el accionar de los administradores de justicia a quienes acusa de estar sometidos al Órgano Ejecutivo.

En materia jurídica, expuso que la medida dispuesta por el juez es una vergüenza, dado que el Ministerio Público no acreditó ningún riesgo procesal. Por otro lado, indicó que llama la atención que el Ministerio Público hubiera recibido la denuncia el 17 de marzo de este año y que no hizo nada hasta el 27 de este mes. Aclaró que si faltan actos investigativos es responsabilidad plena de la Fiscalía, que se tomó todo ese lapso de tiempo sin haber hecho nada.

Y, por último, Zurita expresó que no existe ningún préstamo en el que Sclinck hubiera participado. “No existe nada que él hubiera firmado. Se ha observado un acta de entendimiento que tiene una rúbrica de él como viceministro del Tesoro y es entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia (BCB). No es con el FMI y la rúbrica no lo hace partícipe de la operación bancaria ni de la decisión para acceder al crédito y tampoco el juez ha considerado que no se trata de un crédito ni de un préstamo, sino de un mecanismo e instrumento de financiamiento rápido, cuya devolución de los aportes que hizo Bolivia incluye condiciones específicas y que no implica onerosidad para el Estado boliviano”, subrayó.

Ayer, Schlink explicó que no firmó ningún contrato o decreto para conseguir el crédito externo y que se gestionó el instrumento de financimiento para cubrir de forma rápida los gastos sanitarios ocasionados por la pandemia de coronavirus. “Yo no firme nada”, descargó al salir del juzgado.

Préstamo generó gastos

En febrero de este año, el BCB realizó la devolución de $us 346,7 millones al FMI, por considerarlo un crédito irregular. Hizo notar que el préstamo generó costos económicos adicionales al Estado, que a febrero de 2021 sumaron $us 24,3 millones, de los cuales $us 19,6 millones son por variación cambiaria y $us 4,7 millones producto de comisiones e intereses.

El martes, ante las observaciones del ingreso de $us 255,9 millones en agosto de 2009, provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, aclaró que dichos recursos fueron una capitalización del FMI a los Derechos Especiales de Giro (DEG) de Bolivia que aumenta los activos del país y las Reservas Internacionales Netas (RIN), por lo que no era una operación similar a la de 2020, que es un préstamo.

La operación observada

Roger Banegas y José Gabriel Espinoza, exdirectores del BCB, durante el Gobierno de transición, indicaron que los argumentos de Montenegro son incompletos.

Banegas sostuvo que para tratar de desacreditar el análisis, el ministro argumenta que la operación de 2009 es un activo, mientras que la operación de 2020 un pasivo. Según Espinoza, técnicamente la aseveración contradice a la publicación de los Estados Financieros del BCB, al 31 de diciembre de 2009, donde se validan los grupos del pasivo, dentro de los cuales se encontraba el registro de la asignación de carácter excepcional de DEG aprobado.



Tags