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29 de julio de 2022, 8:14 AM
29 de julio de 2022, 8:14 AM

Los alcaldes de diez ciudades que asistieron el miércoles a una reunión con el presidente Luis Arce con el objetivo de comprometer al Gobierno a hacer el Censo el año 2023 fracasaron: Posaron sonrientes para la foto junto al primer mandatario, pero en realidad no tenían razones para mostrar los dientes porque no lograron su objetivo, si es que ese era realmente el propósito de todos ellos

Al término de la reunión, Arce resumió el resultado afirmando que la fecha del Censo se definirá con criterio técnico y no político. Curiosamente, la razón de la postergación de la consulta inicialmente fijada para noviembre de este año y trasladada para dos años después, no obedece a motivaciones técnicas. Si hasta hace un mes las autoridades repetían que el cronograma de actividades para garantizar que el Censo sea en noviembre estaba en orden, entonces es que no había grandes dificultades técnicas. Y si las había, con toda seguridad no eran para aplazarlo dos años, sino unos cuatro o cinco meses como posibilidad extrema.

En cambio, para sostener que la decisión fue política hay razones de sobra: al Gobierno no le interesa la nueva fotografía del país, porque en ella resultará que las regiones donde el gobernante Movimiento Al Socialismo tenía más influencia ahora hay menos población; en cambio en la región donde a ellos no les va bien, como es Santa Cruz, ahora hay más habitantes porque aquí es donde migran paceños, cochabambinos, potosinos, orureños y de otros departamentos.

Con un nuevo Censo, Santa Cruz tendría más diputados y los departamentos que perdieron población tendrían menos parlamentarios. Así de claro. No hay que tenerle miedo a la verdad. Las cosas son como son, y los números no mienten cuando no se hace fraude de por medio.

Un nuevo Censo implicaría la redistribución de los recursos en favor de las regiones que ahora tienen más población. Y eso tampoco le gusta al Gobierno porque la región que recibiría más es Santa Cruz. Y las muestras de hostilidad gubernamental con esta región en el último tiempo fueron bastantes.

El año 2025 hay elecciones en el país. Con el Censo y el nuevo reparto de los escaños parlamentarios, muy probablemente el MAS perdería el porcentaje de control de la Asamblea Legislativa, y quizá hasta perdería la mayoría absoluta que hoy tiene. La mayoría de dos tercios ya la perdió en la última elección.

Ingenuamente, hasta el alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo que la reunión consiguió el objetivo de ‘despolitizar y trabajar técnicamente’. Su par cruceño, Jhonny Fernández, dijo ‘que se acabe que los políticos hablen del Censo cuando no lo entienden’ y propuso no poner fechas para el Censo. Si no hay fechas, tampoco hay un plazo para el Censo, y sin la prisa necesaria para un compromiso que por ley debe hacerse cada diez años (el anterior fue el 2012), el que gana es el que no tiene interés en hacer la consulta.

La posición del alcalde Fernández con respecto al Censo no es del todo clara, y sus críticos ponen de manifiesto sus dudas por la afinidad de la autoridad cruceña con el Gobierno de Arce. Por desacuerdos relacionados a la posición de la ciudad ante el Censo, renunció su brazo derecho en la materia, el constitucionalista José Luis Santistevan, quien ocupaba la Secretaría de Autonomías de la Alcaldía.

El país necesita que las autoridades nacionales se sinceren: ¿de verdad quieren hacer un Censo de Población y Vivienda, oportuno y transparente, como debe ser? Y si fuera así, ¿por qué desde un comienzo el proceso arrancó mal, de forma arbitraria, sin hacer consultas ni procesos de información, y ahora con esta irracional postergación de dos años?

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