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El Gobierno de Luis Arce acaba de anotarse otro autogol a su autoridad y su responsabilidad con la salud de la población al volver a suspender el requisito del carnet de vacunación, como ya lo había hecho hace dos semanas, esta vez de manera indefinida, dándole así una victoria a los movimientos antivacunas, todos ellos aliados políticos de su gestión.

Uno de los pocos aciertos del Gobierno en el manejo de la pandemia, junto con la adquisición de vacunas, fue la vigencia del carnet de vacunación en el país, como condición para acceder a los servicios y trámites en oficinas públicas, transporte terrestre y aéreo, mercados y supermercados, farmacias, bancos y otros establecimientos.

Durante esos pocos días, la gente no vacunada se volcó a los centros de salud a recibir la inmunización, provocando incluso colas en horas de la madrugada, y quizá por primera vez se observaba con optimismo y hasta con sonrisas unas colas porque finalmente, así sea por la fuerza de la necesidad del carnet, las personas que por descuido no se habían vacunado acudían a recibir la inyección que salvaba sus vidas, las de sus familiares, amigos y colegas de trabajo.

Antes del decreto del carnet, el promedio de vacunación en el país era de 34.000 dosis por día. Durante la vigencia del requisito del carnet ese promedio subió a 90.000 vacunas por día.

Poco duró la primavera de la vacunación en Bolivia y apenas el Gobierno suspendió inicialmente hasta el 26 de enero el requisito por presión de los grupos antivacunas, las colas desaparecieron, la gente dejó de asistir, ahora los centros de salud están vacíos, y las que forman filas y columnas son decenas de sillas vacías.

En las imágenes que a diario muestran los medios de comunicación se ven salones vacíos, con el personal de salud sin hacer nada, en espera de la llegada de uno que otro paciente que se aproxime a recibir la vacuna.

Ayer, el ministro de Salud, Jeyson Auza, que hace dos semanas anunciaba la suspensión temporal del carnet, salió a decir que ni el carnet ni la prueba PCR serán requeridos mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria. En otras palabras, mientras exista covid no se exigirá esa constancia. La pregunta es ¿y para qué exigirán el carnet de vacunación cuando se acabe la emergencia, si precisamente si algún sentido tenía pedirlo era ahora, cuando la salud está en peligro? Cuesta creer que 11 ministros que componen el Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias, de nombre rimbombante, hayan firmado algo tan absurdo como eso.

Esta batalla por la salud la ganaron los movimientos antivacunas, y la perdió el Gobierno de Luis Arce por su incapacidad para hacer prevalecer un decreto supremo que firmaron todos los ministros y el presidente.

Si por cada marcha de protesta por una u otra cosa el Gobierno va a volver sobre sus pasos y a dejar sin efecto sus medidas, entonces estamos ante una administración sin autoridad, sin criterio de toma de decisiones, sin responsabilidad frente a los grandes desafíos nacionales, y a expensas del capricho de grupos movilizados que a estas alturas con seguridad ya percibieron que es muy fácil torcerle el brazo al Ejecutivo.

Lo paradójico es que los dirigentes antivacunas de esos movimientos que salen a las calles, portan pancartas y bloquean rutas con piedras, ellos sí están vacunados. Es decir, se vacunan, pero mueven gente para protestar contra la vacuna.

Este fracaso del Gobierno de Luis Arce es un atentado contra la salud de los bolivianos. En lugar de cumplir con su obligación de proteger la vida de los ciudadanos, la expone por una irresponsable decisión que no tiene ni explicación ni nombre.

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