23 de junio de 2023, 4:00 AM
23 de junio de 2023, 4:00 AM

La ecuación es simple: perder-perder. En eso se resume la falta de lucha contra el contrabando en el país. No solo pierden los industriales y emprendedores, que tienen una competencia desleal que los ahoga; también pierde el Estado que deja de recibir impuestos por la importación legal de diversos productos. En síntesis, pierden todos los bolivianos porque se deteriora el empleo, se accede a productos de dudosa calidad y se carece de recursos económicos para áreas esenciales como la salud, la educación, las vías de comunicación, etc.

De acuerdo con estudios presentados por la Cámara de Industria y Comercio y por la Cámara Nacional de Industrias, el contrabando mueve al menos 3.400 millones de dólares cada año en Bolivia. Ese dinero está en el mercado informal y se pierde como ingreso para el erario nacional. En cambio, se enriquecen pequeños grupos organizados que cometen el delito de ingresar mercadería ilegal al país.

Quienes normalizan el problema y buscan justificarlo podrían argumentar que el contrabando ayuda a mantener bajo el nivel de inflación en Bolivia, pero no toman en cuenta que este problema tiene muy deteriorado el empleo formal, con gente que trabaja mucho para ganar unos centavos que son menos que el salario mínimo nacional. No consideran que la mercadería ilegal se comercializa en los mercados bolivianos sin ningún tipo de control; es así que se venden medicamentos, alimentos, bebidas, electrodomésticos, etc. sin ningún tipo de certeza respecto a su calidad. Queda a la deliberación individual o familiar si son dañinos para la salud pública, ya que la falta de fiscalización hace que el Estado se desentienda del problema.

Son muchos los problemas que genera el contrabando, pero el central está referido a la falta de voluntad real para luchar contra él. Desde la normativa que solo castiga cuando se trata de cantidades muy grandes de mercadería ilegal que entra a Bolivia, pasando por la pequeña cantidad de militares asignados a las fronteras y la existencia de uniformados coludidos con el mal, hasta encontrar que, en muchos casos, hay una miopía deliberada para detectar y sancionar. Por ejemplo, en gran parte de las provincias del país circulan vehículos sin placas, incluso hay ferias de ‘autos chutos’ en poblaciones cercanas a las ciudades o ferias de electrodomésticos en capitales próximas a las fronteras. ¿Quién hace algo al respecto? Nadie, cuando los tres niveles del Estado deberían operar para impedir estos ilícitos.

Una cosa es lo que se dice en los discursos y otra muy diferente lo que pasa en la realidad. El contrabando tiene un crecimiento que duplica la expansión de la economía nacional. Los millones están en el lado oscuro e ilegal de la economía y benefician a unos privilegiados que se codean con el poder, pero que también tienen vínculos con otros grupos mafiosos, como los traficantes de drogas y de personas.

Hace muy mal el Gobierno con mirar a un costado cuando se necesita una política de Estado, que tenga el objetivo real de luchar contra este flagelo y generar condiciones de legalidad y de dignidad para la mayoría de los bolivianos. Se asfixia a la empresa privada y se deja espacio libre para los contrabandistas. El daño es profundo y socava la economía del país y el bienestar de los bolivianos. Esto no es sostenible y, mientras más demoren las acciones, será peor.

Tags