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El proyecto gubernamental de reforma judicial está vigente, en una segunda fase. El Gobierno, que anteriormente había ensayado una propuesta de cambio con la participación de un grupo de “notables”, en esta oportunidad optó por otra modalidad, pero a partir de una hoja de ruta que no contempla el análisis de eventuales ajustes a la Constitución Política del Estado (CPE).

“No estamos buscando estudios sofisticados, estudios técnicos de abogados; estamos buscando entender a nuestro pueblo para saber qué es lo que quiere de esta transformación de la justicia. Estamos abiertos a todas las propuestas. Esta es una reforma que debe unir a los bolivianos. Es la política pública que debe unir al país para que nuestra justicia se transforme”, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.

En esta etapa tampoco se han considerado otros proyectos, como el presentado por el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, y proyectado por el abogado constitucionalista José Luis Santistevan.

“Cualquier proceso de reforma debe comenzar de abajo para arriba, nosotros hemos querido comenzar de arriba para abajo y eso está mal”, señaló luego el viceministro de Justicia, César Siles, tras ser consultado respecto a la participación de “notables”.

En noviembre de 2020, poco después del inicio de la gestión del gobierno del presidente Luis Arce, el ministro Lima anunció la instalación formal de una “comisión de asesoramiento” para apoyar en la reconducción del sistema judicial del país.

“Si se abre o no la Constitución será específicamente para la justicia. No se va a tocar ningún otro aspecto. Lo único que se está analizando, a pedido del pueblo boliviano, a pedido del presidente Arce, es revisar la elección de los jueces por voto popular y el aspecto judicial”, declaró Lima el 27 de noviembre tras este anuncio.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fuera presidente de la antigua Corte Suprema de Justicia; el exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, José Luis Gutiérrez Sardán, y el exministro de Justicia Carlos Alberto Goitia formaron parte de este grupo de especialistas.

Rodríguez Veltzé, en un contacto con EL DEBER, comentó que este grupo de “notables” se reunió en una sola oportunidad, ocasión en la que intercambiaron saludos iniciales. “Esa iniciativa no prosperó, pues luego se produjeron sucesivas postergaciones que revelaron falta de voluntad”, dijo.

Si bien la demanda de un cambio en la justicia es un asunto pendiente de larga data, en esta ocasión, la agenda cobró mayor impulso tras el sacudón que provocó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que halló problemas “estructurales” en la administración de justicia, especialmente en el ámbito penal.

De este modo, el Gobierno propone una distribución uniforme de jueces, de acuerdo con la cantidad de población. Actualmente, el 82% de los casos se resuelven en juzgados de las ciudades capitales y tan sólo el 18% en las provincias.

El plan también pasa por mejorar los indicadores de acceso a la justicia. De acuerdo con datos del Consejo de la Magistratura, existen 175 municipios sin juzgados, lo que significa que 1,2 millones de habitantes no cuentan con la cobertura directa de este servicio.

A este eje se suma una propuesta de transparencia y la incorporación de tecnologías digitales para mejorar la gestión judicial, además de mejorar las condiciones de selección meritocrática de jueces y fiscales. Según el Consejo de la Magistratura de 1.098 jueces ordinarios (100%), 541 son de carrera (49%), 524 (48%) son transitorios y existen 33 (3%) cargos sin una designación que sea formal.

Los ejes de la reforma se van a discutir con nuestros jueces, con los administradores de justicia”, dijo Iván Lima en Oruro.

El Gobierno prevé un trabajo de 90 días para la socialización del plan y a la recepción de sugerencias. Luego, se aplicará una segunda de sistematización pública de propuestas y una última etapa para determinar fechas y costos a la reforma, que incluye cambios de varias normativas, incluida la Ley 025 del Órgano Judicial.


Propuestas

En su informe sobre las vulneraciones a los derechos humanos durante la crisis política de 2019, el GIEI señaló que “persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia”, puesto que magistrados, magistradas y fiscales “están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos”.

Frente a este escenario, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, presentó el proyecto de Ley de Convocatoria a Referendo Constitucional Aprobatorio de Reforma Judicial y del Ministerio Público y lo envió al presidente Luis Arce. La iniciativa no fue respondida oficialmente.

El constitucionalista José Luis Santistevan señaló que el proyecto plantea tres elementos. Primero, que se excluya el sufragio popular y se establezca que los magistrados sean electos por meritocracia y por instituciones académicas; segundo, que la descentralización de la justicia implique la reforma del Ministerio Público y tercero, la descentralización de la elección y la participación de las asambleas legislativas departamentales.

Rodríguez Veltzé consideró que es “saludable” un ajuste a la Constitución para permitir que el Estado Plurinacional con autonomías se traduzca en la Justicia. “Nuestro sistema es centralista, todo termina en Sucre”.

El expresidente dijo que, frente a estas propuestas, “no hay un ánimo de encontrar un punto común y sin esto puede acabar solo como buenas intenciones”. También hizo notar que el Ejecutivo termina encaminando una estrategia que debería ser del Estado, pero especialmente proyectado desde el mismo Órgano Judicial.

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