El Gobierno desconoce si cambió la situación legal de Arturo Murillo en EEUU

El nombre de Arturo Murillo causó un revuelo en la política boliviana desde el día de su detención en Estados Unidos. Ayer, se informó que el exministro de Gobierno salió en libertad con el pago de una fianza y que incluso se convirtió en un testigo protegido por la justicia estadounidense. El Gobierno nacional no tiene información oficial del caso y desconoce la situación legal de la exautoridad, aunque la diplomacia boliviana en Miami aseguró que Murillo sigue preso.

La red Gigavisión informó ayer por la tarde que Murillo obtuvo libertad bajo el pago de un 10% de la fianza que se le habría establecido de $us 500.000. El periodista Junior Arias, desde Miami, relató que la exautoridad se encuentra en las calles de esa ciudad y dijo que incluso el exministro es un testigo protegido por el Estado del país del norte.

Ese extremo no coincide con las determinaciones de la justicia de Estados Unidos. Un imputado paga su fianza y no puede ser un testigo protegido. Según información que recogió este medio, es imposible que se conozca quién es un testigo protegido, pues ni se sabe dónde vive y tampoco con quiénes. Incluso, cambian la identidad de la persona que se beneficia con el programa de protección de testigos.

Además, esta figura se puede dar porque el imputado puede negociar una de dos opciones: un juicio abreviado y se declara culpable. En este punto se evita el costo de un juicio y el tiempo. La segunda es la información privilegiada que puede emitir el testigo a Estados Unidos sobre crímenes que se hubieran cometido con empresas o dentro del territorio estadounidense. Bajo este aspecto se puede negociar la reducción de la pena.

Por la noche, el periodista Arias ratificó su información y aseguró que la exautoridad goza de protección como testigo, pero aclaró que desconocía si Murillo seguía en el penal de Miami o ya había salido de prisión.

Si Murillo pagó una fianza puede defenderse en libertad. Además, si se le habría aplicado una fianza de $us 500.000, puede acudir a una especie de préstamo al que accede pagando el 10%, es decir $us 50.000 y dejar como garantía un inmueble con valor superior al monto total de la fianza. Si al final del juicio se lo declara culpable se le devuelve el monto pagado, menos los 50.000 dólares, y regresa a prisión.

Al conocer esta información, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, solo afirmó que su oficina no tiene información oficial y que desconocía la situación de Murillo en Estados Unidos. 

El funcionario había viajado a Miami el 7 de junio para presenciar la audiencia de Murillo; sin embargo, el evento se suspendió hasta el 9 de julio. En ese viaje aprovechó de participar en la audiencia de Luis Berkman, quien es uno de los acusados en este proceso al ser el dueño de la empresa intermediaria que recibió el pago del Estado boliviano.

La declaración

“Al momento, no podemos confirmar esa información, tenemos trabajando al equipo de abogados. De acuerdo al cuaderno procesal digital, al que tenemos acceso, no se encuentra un registro que el señor (Arturo) Murillo haya sido excarcelado o haya habido una audiencia registrada en el juzgado, esa información está en trámite en este momento”, afirmó Chávez.

El procurador se contactó con el bufete de abogados que contrató el Estado boliviano y dijo que hasta ayer por la tarde no recibió información oficial que corrobore la excarcelación de la exautoridad del gobierno de Jeanine Áñez.

Además, Chávez afirmó que existe la posibilidad de que Murillo haya llegado a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos debido a que se encontraba negociando su situación.

“Entiéndase que en ese país rigen leyes diferentes al nuestro y en todo caso vamos a esperar la información que se confirme, si es el caso, o si no, se desmienta por los canales respectivos. Respetamos las decisiones que se asuman en otro país, en la jurisdicción extranjera, pero, en todo caso, el país continuará con la investigación”, remarcó Chávez.

Desde Miami la información era más contundente. El cónsul de Bolivia en esa ciudad, Óscar Vega Menacho, desmintió que Murillo haya sido liberado y aseguró que tomó contacto con el bufete de abogados, quienes le dijeron que la exautoridad continuaba en el centro de detención.

“Es una información incorrecta (que Arturo Murillo esté libre). Me comuniqué con el bufete de abogados que está asesorando al Estado y me dijeron que no es cierta la información. Es una información falsa”, afirmó Vega al portal digital Urgente.bo.

El Estado boliviano contrató al bufete de abogados Greenberg Traurig para que haga seguimiento al proceso que se instaló a Arturo Murillo en Miami. El consorcio también tenía la instrucción de iniciar un juicio civil contra el exministro, pero no se conoce la fecha de comienzo del juicio.

EL DEBER se contactó con el excónsul boliviano en Miami Alejandro Bilbao La Vieja, quien también aseguró que Murillo continúa en prisión y que no ingresó al programa de protección de testigos. “Hemos llamado a la Corte y nos han asegurado, el secretario de la Corte nos aseguró, que (Arturo Murillo) sigue detenido, no hay una resolución para liberarlo, lo mismo en la cárcel, ellos informan que sigue en el penal”, dijo.

En el portal de la FDC Miami, el penal que se asignó a Murillo, el exministro continúa con el número de registro 02358-506.

Arturo Murillo es procesado en Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y soborno. Además del exministro, también están procesados en este mismo caso Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, quien fue jefe de gabinete de Murillo; Luis Berkman, dueño de la empresa Bravo Tactical Solutions; Bryan Berkman, hijo de Luis Berkman y también dueño de Bravo Tactical Solutions; y Philip Lichtenfeld, intermediario en la negociación para la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal para el Estado.

En este caso, se conoció que hubo un sobreprecio de $us 2,3 millones y es por esa razón que en Estados Unidos se procesan a estas cinco personas.

La defensa del exministro Murillo, a la cabeza de la abogada Julia Kefalinos, consiguió firmar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos para postergar la audiencia preliminar que un juez había convocado para el 7 de junio.

El Tribunal del Distrito de Miami, en relación al caso 213030, emitió antes del 7 de junio una moción de consentimiento para postergar la audiencia preliminar. Ambas partes acordaron que hasta el 9 de julio negociarán varios aspectos del pre juicio.

Posturas en Bolivia

La noticia de la supuesta liberación de Arturo Murillo provocó un terremoto político en Bolivia. En el Movimiento Al Socialismo (MAS) apuntan a la justicia de Estados Unidos, mientras que la oposición cuestionó la estrategia que empleó el Gobierno.

El diputado Héctor Arce (MAS) fue duro con la justicia de Estados Unidos. El legislador afirmó que en ese país “protegen” a “delincuentes de cuello blanco” y recordó los hechos de octubre de 2003, cuando el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín, huyeron al país norteamericano.

“Ese tipo de justicia da pena. La justicia de Estados Unidos defiende a delincuentes de cuello blanco. Ya pasó con Gonzalo Sánchez de Lozada, con Sánchez Berzaín, con otros exministros y ahora sucede con Arturo Murillo, quien robó dinero al Estado boliviano y quien mató a la población en Huayllani y Senkata”, dijo Arce.

Mientras que la senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana (CC), tildó de “inepto” al procurador Chávez por estar al frente del seguimiento al caso de Arturo Murillo en Miami.

“Viajó a Estados Unidos, contrató con nuestro dinero a un bufete de abogados y no logró nada. Son unos ineptos. ¿Para qué le pagamos? No sabe nada oficial del caso cuando debería ser el primero en conocer a detalle del proceso”, cuestionó Barrientos.

La senadora Centa Rek, de Creemos, también cuestionó el trabajo que realiza la Procuraduría en el caso de Murillo en Estados Unidos. “Es increíble que la Procuraduría no tenga información oficial”, reprochó.