El Gobierno pausa norma sobre terrorismo; otra ley amenaza a la prensa

El Gobierno colocó en pausa el tratamiento del proyecto de ley 280 de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, luego de una reunión con los miembros de la Confederación de Gremiales de Bolivia. El ejecutivo nacional del sector, Rodolfo Mancilla, reveló a este medio que el ministro de Justicia y proyectista, Iván Lima, se comprometió a suspender el debate del anteproyecto hasta que explique los alcances de la iniciativa a todos los sectores. 

“(El proyecto 280) no se va a tratar mientras no se difunda. (El ministro Lima) nos dijo: ¿por qué no socializamos para que ustedes entiendan la verdad de los artículos? Y nosotros no nos hacemos ningún problema, pero la respuesta va a ser la misma y se va a rechazar hasta que no quede claro que la familia gremial o los comerciantes minoristas no están incluidos en esta ley y tampoco sean perseguidos ni decomisadas sus mercaderías”, develó el dirigente Mancilla en una conversación telefónica con EL DEBER.

La reunión entre Lima y los gremiales, junto a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, se realizó el martes 4 de abril por la mañana, fecha en que el ministro de Justicia se comprometió a asistir a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para defender su propuesta legislativa de anti legitimación. 

Por más de una hora, hasta las 11:00, la prensa y los parlamentarios esperaron la llegada de Lima, pero no asistió y el presidente de la Comisión, Juan José Jáuregui (MAS), dio lectura a una carta en la que Lima se excusaba de asistir.

“Me permito solicitarle la suspensión del tratamiento del referido proyecto de ley, ya que, por tema de agenda no podré asistir a la sesión convocada”, refiere la misiva.

Mancilla comentó que Lima no asistió a la sesión en el Legislativo a pedido de los gremiales con quienes se reunió en el Ministerio de Justicia pasado el mediodía del martes.

“¿Qué se ha abordado en horas de la mañana? Que el ministro no asista a esta Comisión y que envíe una nota suspendiendo el proyecto de la ley 280. Tenemos varias observaciones. Si (la norma) es contra del terrorismo y narcotráfico que lo hagan, pero que no inmiscuyan a los diferentes sectores sociales”, manifestó.

El dato fue confirmado por fuentes cercanas al Gobierno. Revelaron que se suspendió el tratamiento del proyecto de ley 280 para bajar el nivel de conflictividad en el país. Actualmente, el Ejecutivo enfrenta los reclamos de los maestros urbanos de Bolivia y de los jubilados por la Gestora Pública, la ley anti legitimación iba a convertirse en el tercer conflicto.

Marcelo Mayta, secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto (COR), confirmó que el anteproyecto está en “status quo” hasta que no exista una divulgación profunda de los contenidos.

“Habrá una socialización amplia a todos los bolivianos y bolivianas, también a la ciudad de El Alto a través de la Asamblea de la Alteñidad. Así lo hemos pedido y se ha acordado que mientras tanto la ley no va ir avanzando. La ley está en ‘status quo’ hasta empezar la socialización debida y dar un criterio más técnico”, explicó.

Agregó que las reuniones de “socialización” se harán desde la siguiente semana y esperan que el Gobierno envíe un cronograma de los encuentros.

Los temores de la Confederación de Gremiales de Bolivia se centran en la modificación del artículo 133 del Código Penal sobre terrorismo. “Cuando no nos escuchan en los municipios, gobernaciones o Gobierno central, el único castellano que se entiende es movilizarnos en las calles para cumplir nuestro objetivos y eso no puede ser penalizado ni por el Ministerio Público ni por el Gobierno”, sostuvo Mancilla.

Entre tanto, los empresarios privados de Bolivia analizarán la ley anti legitimación y están abiertos a recibir las explicaciones del Gobierno. 

“Tenemos que ver los detalles. Independientemente de la convocatoria que haga el ministerio, creo que es fundamental que nosotros también generemos, fuera de los análisis, un entendimiento de que hay necesidades y cumplimientos internacionales. Es importante cumplir las condicionantes que en el mundo están dadas para el financiamiento de actos delincuenciales”, aseveró el presidente de empresario de privados, Óscar Mario Justiniano.

Ley de Imprenta
Mientras el proyecto 280 está paralizado, continúan las preocupaciones sobre una segunda iniciativa legislativa, el proyecto de ley 305 de “cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos” que, según los opositores, servirá para acallar y perseguir.

La senadora de Creemos Centa Rek advirtió el proyecto eliminaría la vigencia de la Ley de Imprenta, “constituyéndose en una ley mordaza en contra de la prensa del país, porque tiene el objetivo de dejar de lado los tribunales de imprenta para ser suplantados por tribunales ordinarios de carácter penal, en supuestos casos de difusión e incitación al racismo o la discriminación”. 

El parágrafo III del artículo 281 Septies (Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación) del proyecto 305 señala que “cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.

Fernando Larach, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, se sumó a los reclamos y dijo que se busca penalizar la libertad de expresión.

“Todos corremos peligro, no porque estemos en la dirigencia o no. Un ciudadano cualquiera que emita criterio a su libertad de expresión puede ser juzgado por discriminación”, argumentó.