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La Policía Nacional de Ecuador prestó al Gobierno de Bolivia un lote de municiones no letales en noviembre de 2019, cuando estalló en el país una crisis política por la anulación de las elecciones de ese año. Por este hecho hay dos procesos en curso.

El primero se desarrolla en Ecuador, donde se anunció una demanda penal contra el expresidente de esa nación Lenín Moreno Garcés que fue planteada ayer. El segundo es un pleito internacional que es proyectado por el gobierno de Bolivia “por delitos de lesa humanidad”, según el ministro de Justicia, Iván Lima.

Mientras en Ecuador, la querella fue presentada en la Fiscalía de Quito por el legislador ecuatoriano Fausto Jarrín de la coalición política de oposición Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa. El político dijo que la causa “se coordinará” con las acciones judiciales que inicie Bolivia, aunque el gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso, —sucesor de Moreno— aún no ha emitido ninguna declaración sobre el caso.

En Bolivia, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), ya había anticipado “una coordinación” con legisladores ecuatorianos frente a este caso.

“Esta denuncia es por el hecho de haber entregado, sin ninguna razón o justificación, pertrechos militares, bombas lacrimógenas, balines al Gobierno de Jeanine Áñez en noviembre de 2019”, explicó Fausto Jarrín en declaraciones a periodistas de Ecuador.

Mientras tanto, en Bolivia, el ministro Lima afirmó que el gobierno “ha comenzado a recibir información” sobre este préstamo de municiones. “Estamos preocupados porque parece ser, y lo estamos investigando, que esas municiones habrían sido utilizadas en la masacre de Huayllanani (Sacaba). Esto sería muy grave porque implicaría un delito de lesa humanidad y un crimen transnacional”, afirmó.

La autoridad consideró que al tratarse de un caso vinculado con derechos humanos la competencia sería internacional. “La Corte Interamericana es una probabilidad, pero también la Corte Internacional de Justicia. Se están analizando los caminos para llevar adelante esta acción de acuerdo con la documentación que surja en Ecuador y en Bolivia”, sostuvo el ministro.

El diputado opositor Alberto Astorga (CC) pidió que el tema sea manejado “a través de los canales diplomáticos e institucionales entre los Estados y no a merced de conversaciones políticas”. “Es importante que la Cancillería pida información de manera formal”.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo el 10 de junio que esa gestión con Ecuador se hizo “con perfil bajo” el 16 de noviembre de 2016, es decir un día después de los sucesos del puente Hayllani en Sacaba, mencionados ayer por Lima a los periodistas.

El experto en temas de defensa Samuel Montaño explicó que la munición que llegó al país, en préstamo, corresponde a pertrechos no letales empleados por la Policía. “Son granadas de gases y proyectiles no letales, además de granadas aturdidoras, cuyo uso no está permitido por Naciones Unidas”. Señaló que los agentes químicos tienen un tiempo de expiración de cinco años y que los países suelen prestarse estos equipos en emergencias. “Chile tuvo que recurrir a El Salvador cuando enfrentó los disturbios de 2018 y Colombia pidió ayuda a otros países”, afirmó.

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