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El Gobierno repuso ayer su confianza en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI-Bolivia), que investiga la violencia de la crisis política de 2019, pero al mismo tiempo ratificó sus dudas en la secretaría general de la OEA que contrató a los especialistas.

Al inicio de esta semana, el ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó que el informe del GIEI-Bolivia puede ser desconocido si éste llegase a contradecir el resultado de las pesquisas que desarrolla la Fiscalía “En ese caso, la soberanía del país primará”, dijo entonces.

Pero ayer, el ministro Lima llegó hasta la Asamblea Legislativa con un maletín cargado de explicaciones públicas. Aclaró que sus primeras declaraciones fueron en sentido “hipotético”.

La situación concreta y real es que tenemos un grupo de expertos de la más alta calidad técnica y jurídica y los bolivianos pueden estar tranquilos que ese informe no va a tener ninguna contradicción”, aclaró.

El GIEI-Bolivia fue creado el 12 de diciembre de 2019, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

El GIEI-Bolivia se instaló el 23 de noviembre de 2020, pocas semanas después de que Luis Arce asumiera la Presidencia. El grupo está formado por Julian Burger (Reino Unido), Magdalena Correa (Colombia), Juan Méndez (Colombia), Patricia Tappatá (Argentina), Marlon Weichert (Brasil) y Jaime Vidal (Chile).

La semana pasada, poco antes de que Lima expusiera sus dudas respecto al grupo de expertos, la Cancillería señaló en un comunicado que la Secretaría de la OEA, a cargo del uruguayo Luis Almagro, estuvo implicada en el supuesto “golpe de Estado”. 

La entidad rechazó por escrito esa acusación y recordó que viabilizó la formación del GIEI-Bolivia a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta semana, las críticas de Bolivia contra la OEA fueron parte de la visita del presidente Luis Arce a su colega mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que en Bolivia hubo “golpe de Estado”. 

El vicecanciller Freddy Mamani negó que esa apreciación sea un acto injerencista. “Esa fue una reflexión en el marco de la OEA y del proceso (de investigación) del grupo de expertos independientes”, puntualizó la autoridad.

Juicios

Mientras se desarrolla la investigación internacional, el Gobierno inició el trámite para cuatro juicios de responsabilidades contra Áñez, que se encuentra en la cárcel por un proceso ordinario.

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, escribió en su cuenta en Twitter que respalda la investigación “de todas las muertes” y Lima asumió el mensaje como un apoyo al juicio de responsabilidades.

Camacho retrucó por Twitter: “El ministro hace una interpretación muy ligera de la posición de Creemos. No se trata de entrar a un debate de un juicio de responsabilidades sí o no”. Agregó, “Creemos nunca protegerá la impunidad de nadie, pero la justicia debe aplicarse institucionalmente, sin manoseo político”.

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