El Gobierno recortó el 25% del cupo de harina de soya, según pecuarios
Los productores demandan una respuesta clara del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero hasta ahora no han tenido éxito
Sin brindar explicaciones, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, recortó hasta en 25% el cupo de harina solvente de soya para los productores pecuarios de Santa Cruz, lo que pone en aprietos al sector, más aún cuando se desarrolla el décimo día de bloqueo de carreteras por parte del ala ‘evista’ del MAS.
El presidente de la Asociación de Porcicultores, Jorge Méndez, denunció que para el primer semestre de 2024 solicitaron un cupo mensual de 5.000 toneladas, pero el Gobierno asignó 3.500 toneladas. Por su parte, Omar Castro, presidente de la Asociación de Avicultores, indicó que solicitaron 20.000 toneladas mensuales y solamente les entregaron 15.000, mientras los productores lecheros pidieron 1.200 toneladas y les dieron 630 toneladas.
Lo que llama la atención de los productores es que la harina solvente es un producto excedente que procede de la industria oleaginosa y que hasta el año pasado incluso se la compraba en casas comerciales o el mercado Abasto de Santa Cruz.
“Resulta que el Gobierno, por tener esta atribución (de regular los cupos), es el que dispone del destino de la soya. Es el que dice cuánto se va a exportar y cuánto va a quedar para el mercado local”, lamentó Jorge Méndez, al explicar que la norma establece que el 20% de la producción de soya en Santa Cruz debe ser destinada para el consumo local.
Al mismo tiempo, Méndez indicó que se tendrá que esperar hasta mayo para contar con excedentes, ya que la cosecha 2023 continúa retrasada. “En concreto, 1.800.000 toneladas de soya fueron exportadas por compromisos que tenían los industriales con el exterior y la producción fue 3.200.000. ¿Dónde está el saldo de la soya? Nosotros presumimos que este Gobierno de la industrialización ha autorizado la salida de soya cruda por 420.000 toneladas”, consideró.
Omar Castro explicó que la harina de soya es un producto regulado, pero no subvencionado y que para asignarles un cupo, incluso interviene el Senasag, que certifica la capacidad de las granjas. “Esto no es de ahora y el Gobierno no nos puede dar una explicación que nos deje satisfechos (...). Hemos cursado cartas al viceministro (de Industrialización) Luis Siles, al ministro (de Desarrollo Productivo) Néstor Huanca. Se lavan las manos porque según ellos, regularnos es correcto para que no desviemos la producción”, aseveró.
EL DEBER se comunicó con el Ministerio de Desarrollo Productivo y desde la oficina de Comunicación, indicaron que harían las consultas, pero hasta el cierre de la presente edición, no hubo respuesta.
Al respecto, la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), informó que el abastecimiento del mercado interno, en volúmenes y precio, está establecido por una Resolución Biministerial de las carteras de Desarrollo Productivo, y de Desarrollo Rural y Tierras.
“De acuerdo a ello, las industrias están abasteciendo regularmente a los sectores avícola, porcicultor y lechero, con las cantidades de harina y cascarilla de soya establecidas para cada sector, al precio fijado semestralmente por el Gobierno central. Por lo tanto, la industria oleaginosa está cumpliendo con su compromiso de abastecimiento del mercado interno”, dijo la Caniob.
PRECIO REGULADO
La harina solvente de soya es el producto molido, resultante del procesamiento industrial del grano de soya, del cual se ha extraído la mayor parte de su aceite por solventes, conocido también como harina de torta de soya.
El precio fijado por el Gobierno para el mercado interno es de $us 368 la tonelada. Los productores explicaron que se puede encontrar en las casas comerciales, pero con un precio que supera los $us 450.
Previo a la regulación que llegó con el Decreto Supremo 725 el precio de las industrias era similar al precio que ofrecían las casas comerciales e, incluso, el producto de contrabando tenía un precio más bajo. Uno de los aspectos que incidió para el incremento del precio fue el cambio de políticas en la Argentina, de donde provenía la harina solvente de soya de contrabando. Sin embargo, en Bolivia el producto cubre al 100% la demanda interna.
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