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El Gobierno intenta desactivar las tensiones derivadas del proyecto de Ley 218 de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, pero no ha tenido éxito. El MAS congeló su tratamiento en el Senado para hacer las consultas con sectores, pero esa medida no frenó la convocatoria a las protestas previstas para el 11 de octubre.

En medio de esas tensiones, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ayer tuvo que salir a explicar que, desde agosto, ya estaba vigente la Ley de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, una norma “diferente” al proyecto cuyo tratamiento quedó detenido.

Con siete artículos y un anexo de 50 páginas, esta Estrategia (Ley 1386) fue publicada a mediados de agosto por la Gaceta Oficial de Bolivia y en su sitio web aparece entre las normativas recientemente aprobadas o promulgadas. Montenegro señaló ayer que “rumores y mentiras” se divulgaron a través de las redes sociales “para confundir a la población” sobre la supuesta promulgación y vigencia del proyecto de Ley 218. Una iniciativa que ya fue rechazada, incluso con demandas para que sea completamente descartada.

No se ha sancionado ni se ha publicado o promulgado la ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Queremos ser enfáticos con toda la población diciendo que es un engaño, una mentira de la oposición y de ciertos grupos afines a la derecha que tratan de confundir al pueblo”, manifestó.

La Gaceta Oficial, a través de un comunicado, también informó este jueves que el Proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no fue publicado.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la iniciativa legal sea finalmente desechada, el ministro Montenegro señaló que se está escuchando las posturas de varios sectores. “La norma está hoy en proceso de socialización con diferentes sectores como: gremiales, transportistas, iglesias evangélicas y otros gremios que hay en el país”, remarcó y descartó la intención de “acelerar” el tratamiento de esta norma en función de los préstamos externos.

“Eso es falso. Justamente hace una semana, el Estado Plurinacional de Bolivia obtuvo $us 500 millones de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Si fuese así (la premura por los créditos) ya hubiéramos tenido que tocar supuestamente las puertas del FMI y eso no es así”, sostuvo la autoridad, quien aseguró que el país cuenta con varias fuentes de financiación.

La Cámara de Diputados aprobó el 17 de septiembre este proyecto en medio de varias observaciones. En un primer momento, 12 artículos fueron cuestionados por eventuales vulneraciones a las libertades ciudadanas incluidas en la Constitución Política.

Pero las observaciones no sólo llegaron desde los partidos de oposición, pues entidades como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cainco (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz) sugirieron la postergación del tratamiento de la ley.

Protestas

Otros sectores anunciaron que se sumarán a las protestas convocadas para el 11 de octubre desde el movimiento cívico del país, precisamente, para rechazar la vigencia de la ley y otras acciones que impulsa el Gobierno a las que califican de “persecución política”.

Toño Siñani, secretario ejecutivo de Federación de Trabajadores Gremiales de El Alto, afirmó que la “socialización” propuesta por el Gobierno ya no resolverá el conflicto. “Se debe anular este proyecto porque no está consensuado y tiene varios artículos con errores. Toda la ley está mal, hay que hacer una nueva norma”, señaló.

Montenegro se reunió con varios representantes gremiales en Cochabamba, pero Siñani lo desconoció. “Es gente de su partido, a nosotros, que somos parte de la confederación, no nos invitó a dialogar”, afirmó el dirigente.

Por su lado, el pastor evangélico y fundador del Consejo Nacional Cristiano (CNC), Luis Aruquipa, consideró que es necesario que se realice una nueva norma porque la actual vulnera derechos y garantías de las personas, consagradas en la Constitución. “Pedimos que se archive este proyecto de ley y todo el paquete de normas que está alistando el Gobierno para reprimir a la población”, señaló.

El presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz, Álvaro Ayllon, pidió “revisar todo el cuerpo legal”, pero admitió que es necesario formalizar la economía. “La ley concede mucho poder a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y se vulneran los procedimientos”.

Rolando Kempff, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), señaló que se debe abrir el diálogo. “Como empresarios, buscamos tener la seguridad jurídica, la libertad de comercio, de actividad económica, seguridad en la inversión y la libre empresa”, señaló el empresario.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, señaló que, debido a la ley de emergencia nacional, su sector no puede paralizar actividades, pero sí podrán divulgar sus observaciones contra la ley. “Estamos atados de manos, pero no de pensamiento”, afirmó.

Desde Oruro, la presidenta del Comité Cívico, Rosario Sandario, señaló que “la ley debe ser anulada” porque vulnera el derecho al trabajo y a la privacidad. Recordó que la mayor parte de la población de su región es comerciante y esta norma “afectará esas libertades”.

Ante este escenario, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), afirmó que existe la posibilidad de hacer ajustes en la norma, pero en función del proceso de “socialización” que se realizará en “coordinación” con el Órgano Ejecutivo. Estas consultas comenzarán en Oruro el 11 de octubre, según el cronograma del Legislativo. Se prevé recoger, incluso “observaciones”. El proceso se desarrollará en Santa Cruz el 15 de octubre y concluirá el 21 en Cobija, Pando.

“La comisión de Constitución del Senado recogerá algunas observaciones de abogados, sectores sociales y otros. De acuerdo con eso se va a elaborar un informe sugiriendo al Senado algo concreto, no se puede decir ahora si la sugerencia será cambiar algún artículo o alguna redacción o simplemente solicitar la anulación de algún artículo o dejar pendiente la ley. Eso no se puede adelantar”, señaló el senador Luis Adolfo Flores (MAS).

El diputado oficialista Rolando Cuéllar admitió que se cometieron errores por la falta de consenso previo. “No veo ningún problema que ese proyecto se anule”.

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