El golpe de timón que se necesita
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Ayer fue otro día más de extrema paciencia ciudadana. Las filas alrededor de los surtidores no se acaban. La espera puede variar, pero persiste la escasez de combustible y el consiguiente perjuicio a la economía de todos. Los empresarios del sector agropecuario, los transportistas y los dueños de surtidores tienen una propuesta concreta para salir del problema: demandan la importación y comercialización directa del carburante. Están a la espera de una decisión estratégica, que ahora está en manos del presidente Luis Arce.
La falta de gasolina y diésel no es una novedad. El problema se viene sintiendo desde hace meses y tiene cierta intermitencia. Durante el mes de julio, la población sintió el mismo agobio y el presidente tuvo que llevar un centro de monitoreo de transporte a la Casa Grande del Pueblo para darle seguridad a la gente. Entonces, sobre todo, faltaba diésel, ahora falta también gasolina.
En esa oportunidad, el gobierno aprobó que haya importación directa de diésel para grupos específicos, pero la burocracia ralentizó el proceso, demorando la solución al problema. Ahora, tres meses después se ven las consecuencias: no se siembra ni se cosecha; ha caído la producción de granos y se está importando alimentos. Eso genera una disminución de fuentes de empleo, encarecimiento de productos en los mercados, el alza de precio de los pasajes de transporte público y otros problemas que acaban afectando el bolsillo en los hogares.
Es así que la propuesta de los sectores productivos no es descabellada y podría aliviar al Gobierno, que hoy por hoy está gastando 2.000 millones de dólares en subvención a los hidrocarburos, dinero que no tiene y que sangra aún más el Tesoro General de la Nación, haciendo que se eleve el déficit fiscal.
En este momento persiste la última ola de escasez. El Gobierno culpa a los bloqueos, pero estos ya fueron levantados y la falta de combustible continúa. Una periodista chilena y varios analistas económicos han sostenido que el Gobierno dejó de descargar combustible de buques que llegaron de Rusia. En el caso de los expertos, coinciden en que hubo falta de liquidez para lograrlo, aunque el gobierno lo niega.
Lo cierto es que hay coincidencia en que gran parte del déficit fiscal corresponde al dinero que se utiliza para costear un subsidio a los carburantes que ya no es sostenible y que ni el Gobierno quiere seguir pagando. Entonces resulta lógico aceptar la propuesta de los privados para que haya importación y venta directa de gasolina y de diésel. La Constitución Política del Estado prevé que YPFB puede cerrar contratos con empresas privadas para que desarrollen una o varias de sus tareas, a cambio de una retribución lo que da viabilidad a ese planteamiento.
La importación directa liberaría al Gobierno de la carga del subsidio, bajaría el déficit fiscal y aliviaría a los sectores económicos golpeados por la escasez. Es tiempo de que el presidente Luis Arce deje la ideología guardada en un cajón y apruebe medidas de shock que dé señales a la ciudadanía y a los sectores productivos. La Constitución permite dar ese paso, hay voluntad política en el Legislativo para aprobar la ley y solo falta la decisión gubernamental.
