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21 de mayo de 2024, 4:00 AM
21 de mayo de 2024, 4:00 AM

El humorista Raúl Cuenca, miembro del elenco satírico “More Humor”, fue “arrestado” por doce horas, por parte de la policía luego después que el mismo saliera de un canal televisivo donde protagonizo en un sketch cómico caracterizado como policía, y por este hecho fue acusado de incurrir en el delito de “usurpación de funciones”, ya que a entender de la policía, el antes nombrado, al remedar a un agente de la fuerza se tendría apropiado de las delicadas funciones de un agente de seguridad.
Consiguientemente, corresponde analizar tanto el hecho de que una persona particular, en un sketch cómico, se disfrace como policía, y, el tipo penal, previsto en el art. 163 del Código penal. Al respecto, la normativa señala: “Sera sancionado con privación de libertad de dos a cuatro años, quien ejerza funciones públicas sin nombramiento expedido por autoridad competente; ejerza funciones públicas después de haber cesado en el desempeño de un cargo público; ejerza ilegalmente funciones correspondientes a otro cargo siendo servidor público; o, usurpe la calidad de servidor público. Se agravará la privación de libertad de cuatro a ocho años y, en su caso, reparación económica, cuando se usurpe funciones jurisdiccionales, fiscales, policiales, públicas aduaneras, auxiliares de la función pública aduanera, de control aduanero o impositivas; o, se obtenga dinero o cualquier otra ventaja ilegitima como producto de la usurpación.
Pues bien, dicho tipo penal tiene como bien jurídico protegido la “Legitimidad” y el “Buen Funcionamiento del Servicio Público”, que constituyen pilares esenciales de un Estado de derecho. Este articulado esta diseñado para preservar la autoridad y la confianza en las instituciones públicas y proteger a la sociedad contra los perjuicios derivados de la usurpación de funciones, y que dicha expoliación, causa graves daños en la sociedad ya que socava la confianza en las instituciones públicas e interferir en la prestación de funciones públicas y/o permitir el abuso de la autoridad gubernamental para fines personales.
La “Conditio Sine Qua Non” o condición necesaria e indispensable para que se establezca el delito de usurpación de funciones segun el artículo 163, es que una persona ejerza funciones públicas sin tener título, nombramiento o autoridad legítima para hacerlo, o que continúe ejerciendo funciones después de haber cesado legalmente en su cargo. También, se configura el delito si la persona ejerce funciones correspondientes a otro cargo siendo servidora o servidor público, o, si usurpa la calidad de servidora o servidor público. Estas conductas son requisitos indispensables, es decir, sin ellos no se podría hablar de la comisión de este delito. No basta con que una persona intente o tenga la voluntad de realizar dichas conductas, sino que debe llevar a cabo efectivamente alguna de estas acciones.
Por ejemplo, si una persona afirma que es un funcionario público y trata de ejercer funciones como tal, pero nunca llega a hacerlo de facto, no se cumpliría la “Conditio Sine Qua Non” y, por tanto, no se configuraría el delito de usurpación de funciones. Además, este ilicito se agrava cuando la usurpación de funciones se da en ámbitos específicos como funciones jurisdiccionales, fiscales, policiales, aduaneras, entre otros, o cuando se obtiene un beneficio ilegítimo producto de la usurpación. Esto demuestra que la ley busca sancionar de forma más severa aquellos actos que tienen un mayor potencial de causar daño a la administración pública y a la confianza de la ciudadanía.
El verbo rector es aquel que define la conducta penalmente relevante en la descripción del tipo penal, y, son “Usurpar” o “Ejercer”. “Usurpar” significa tomar o hacer uso de una cosa o de derechos ajenos sin tener derecho a ello, en este caso, la posición de un funcionario público o las funciones que éste desempeña. El sujeto activo se apropia de la calidad de funcionario o servidor público o se arroga funciones que no le corresponden. Por otro lado, “ejercer” refiere a la acción de realizar o llevar a cabo una actividad, en este caso, funciones públicas. Este verbo en el tipo penal no se refiere solo a cualquier ejercicio de funciones, sino a uno que se realiza sin tener la autoridad, la competencia o la legitimidad para hacerlo.
En el caso del humorista Raúl Cuenca, su conducta fue la de presentarse en un canal televisivo, con la finalidad de hacer conocer a la población que en un determinado centro de eventos se exhibirían él y su elenco satírico denominado “More Humor”; es evidente que el cómico estaba vestido a semejanza de un policía, sin embargo, no portaba arma alguna, ni grados de agente policial, mucho menos procedió a aprehender, a multar, a notificar, o cualquier acción inherente y exclusiva a la de un policía. De donde, se extrae que el mismo no “Usurpó” o “Ejerció” la actividad de un gendarme para que se lo haya apresado.
Consiguientemente y al no haber practicado cualquier acto de policía por parte del satírico, comprobamos que no hubo la comisión del delito de “Usurpación de Funciones” ya que el intuito de éste fue única y exclusivamente hacer propaganda de su actividad de humorista; si bien, imitó a un policía e hizo sarcasmos de la corrupción que asola a la institución del verde olivo, ese proceder no se encuadra en el descrito tipo penal y mucho menos faculta a la policía a “arrestarlo”, que en la realidad lo aprehendieron, ya que lo tuvieron detenido mas de doce horas y se vieron obligados a liberarlo, contraviniendo el art. 228, Cpp, presionados por la opinión público que pronunció su desaprobación ante el atropello policial incurrido.
Quienes en realidad cometieron delito, fueron los policías ya que incurrieron en los crímenes de “Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes – art 153”; “Privación de Libertad – art. 292”; “Atentado Contra la Libertad de Trabajo – art. 303”, todos del Código penal. Toda vez que, la Constitución, art. 21, dispone la libertad de pensamiento y de expresión. Su art. 22, ordena que la libertad y la dignidad de las personas son inviolables. De ahí que, es imperioso que la misma policía, la Fiscalía y el Órgano Judicial, procesen y den de baja, a los policías que actuaron ilícitamente en la prisión del humorista y para que la jocosidad no vuelva más a ser agredida, más aun cuando la misma es de extrema necesidad para sobre llevar los momentos críticos que vive la población boliviana.

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