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Un informe de balística del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de 2019 al que por primera vez tuvo acceso este medio, reportó que cuatro de los nueve fallecidos en los hechos de Senkata en noviembre de 2019 recibieron disparos con balas calibre 22. Un militar dijo que ese no es armamento militar ni policial, pero un experto pone en duda ese informe y se abre un nuevo debate. Otras tres víctimas murieron por disparos de armas que son de uso reglamentario para ambas fuerzas y otros dos no se pudo determinar.

El reporte dice que siete personas murieron el mismo 19 de noviembre, y otras dos en los días siguientes (Ver infografía). El exministro de Defensa, Fernando López, sostuvo que los uniformados no dispararon.

De hecho, el general Tomás Peña y Lillo sostuvo que el calibre 22 no corresponde a armamento militar de ningún tipo. “En las FFAA no existen armas de ese calibre. Puede ser usado como subcalibre en instrucción, nunca en operaciones, por su poco alcance y potencia”, explicó.

Las armas de 5.56 mm son también de calibre 22. Pero, Peña y Lillo dijo que son utilizadas en las FFAA, en un 20% de sus unidades. La policía las utiliza en unidades de élite. Una persona falleció tras ser alcanzada por este proyectil.

Mientras, otros dos fueron alcanzados por balas calibre 9 mm, un proyectil de pistola, arma de dotación individual de las FFAA, también de pistola ametralladora, que en la actualidad están en reserva en las FFAA y no se utilizan en operaciones. Lo que sí ocurre en el caso de la policía, explicó Peña y Lillo.

El militar, indicó que “se puede afirmar con toda seguridad que en cuatro casos se mataron entre manifestantes, porque ni las FFAA ni la Policía tienen ese armamento”.

El analista en seguridad Samuel Montaño cuestionó la exactitud de este informe del IDIF. Explicó que las FFAA utilizan munición 7,62 mm. “Cuando esa bala ingresa al cuerpo, la fuerza del impacto hace que la herida se contraiga, por eso suelen confundirlo con el calibre 22”.

Por ello, sostuvo que “es muy difícil que los manifestantes se hubieran matado entre ellos. No hay ni un solo militar ni policía herido, tampoco se hallaron vainas ni residuos de calibre 22 en el lado de los uniformados. Para mí, todos murieron por balas militares y policiales”, dijo.

El 25 de noviembre de 2019, el IDIF informó que de los 28 decesos registrados en el país, 12 se dieron en Cochabamba, 11 en La Paz, cuatro en Santa Cruz y uno en Potosí. 26 de las víctimas fallecieron porque les dispararon.

El entonces director de esa institución, Andrés Flores, detalló que de los 11 fallecidos en La Paz, nueve fueron a causa de los enfrentamientos en la zona de Senkata. El funcionario informó en esa ocasión que las autopsias realizadas por el IDIF a los cuerpos de las personas que perdieron la vida, no reportaron que hubieran fallecido por recibir balas de calibres militares o policiales.

“Dentro de todo el informe detallado, no existe el 7,62, que es la munición reglamentaria del Ejército”, informó. Los estudios señalaban que los fallecimientos se produjeron por el impacto de proyectiles de armas de corto alcance, no de uso militar. Pero, no divulgó este documento.

Los hechos

El 19 de noviembre de 2019 un convoy de cisternas cargadas con gasolina y diésel salió de la planta de Senkata, ubicada en la vía a Oruro, sobre la avenida 6 de Marzo de El Alto, que conecta con la carretera Panamericana y une al eje central del país, para abastecer las estaciones de servicio de La Paz. Bloqueos en todas las salidas de la urbe habían impedido el paso del combustible y generaron escasez de gasolina, diésel y alimentos.

El 20 de noviembre, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó un video que contenía el audio de una conversación telefónica entre el dirigente Faustino Yucra Yarwui, con el expresidente Evo Morales, que se encontraba asilado en México.

Esa charla se había producido tres días antes, informó Murillo en una conferencia de prensa. En el audio, que fue sometido en Colombia a pericias que validaron su autenticidad, el líder cocalero ordenó a Yujra: “Hermano, que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad. Cuando me han expulsado del Congreso en 2002, bloquearon y ahora me expulsan de Bolivia, y hay bloqueo. Vamos a ganar”, aseveró.

Coincidentemente, el cerco a La Paz era contundente. Las amas de casa en distintas zonas de la ciudad protestaban y manifestaban su malestar porque ya no tenían garrafas de gas en casa para cocinar. Por ello, en el operativo del 19 de noviembre también salieron de Senkata camiones repartidores de gas licuado de petróleo (GLP).

Los mercados estaban vacíos. Un bloqueo en la zona de río abajo, al sur de la ciudad, impedía la llegada de verduras. La carne tampoco arribaba del norte del país. Todo esto, a una semana de que Jeanine Áñez había asumido la presidencia del Estado.

El muro

Tras la salida de las cisternas, un grupo de personas atacaron la planta, como se puede ver en videos que circularon en redes y fueron difundidas por los medios de comunicación. Tras la caída de un muro de la infraestructura, y ante los gritos de “ahora sí, guerra civil”, se produjeron los disparos y cayeron las víctimas.

Un video, por ejemplo, muestra humo en el interior de la planta, mientras manifestantes atacan la refinería con piedras y otros objetos. Un comunicado del comando en jefe de las FFAA señalaba que desde la salida de las cisternas “los agitadores y vándalos enardecidos destruyeron parte de las instalaciones, el muro perimetral, portones de ingreso utilizando explosivos de alto poder, ocasionando daños que pueden generar peligros mayores para la población en caso de una explosión en cadena al tratarse precisamente de una refinería”.

En otro video se escucha el relato de una persona que muestra el muro perimetral y dice: “Ya están jodidos los militares, se están replegando”. Justo en ese momento se ve que el muro cae, y el hombre continúa: “Ahora es la guerra civil, pucha, grave está la cosa” y exclama: “Ahora sí, guerra civil’”.

Inmediatamente después de la caída del muro se escuchan disparos, y la persona sigue su relato: “Están disparando desde adentro los militares”. Los manifestantes se dispersan en distintas direcciones. Luego se difundió un video en el que muestran a una de las personas que yace ensangrentada y acusan a los militares de haberla asesinado, y otro en el que una mujer pide acercarse a otra víctima, y un policía se lo impide y le dice que podrían hacerlo solamente sus familiares. “Tenemos que saber por qué está fallecido”, explica en ese momento el oficial.

En el anuario de 2019, el entonces presentador de la Red ATB, Pedro García, quien luego fue propuesto como precandidato a la Gobernación de Santa Cruz por el MAS, introdujo una nota en la que señaló que en noviembre “sectores afines del MAS, sectores radicales, desataron una ola de miedo, de terror y de zozobra, y esto llegó con muerte a (la ciudad) El Alto”.

En la cronología, el reportaje señala que el 15 de noviembre, cuatro días antes, la estrategia de presión se dirigió a bloquear la salida de camiones y cisternas de Senkata. “Obstruyendo el camino con todo lo que encontraron, haciendo zanjas, lo que desencadenó la escasez”.

La nota resumió que todo ese caos era “la efectivización de los sectores movilizados a la amenaza de Evo Morales de cercar al país para ver si las ciudades aguantaban la presión”. Tras el operativo de salida, reportó la red ATB “los sectores en conflicto contraatacaron, rebasaron a los militares y policías, dinamitaron parte del muro perimetral de la planta, incendiaron vehículos, robaron garrafas y crearon el peligro de una explosión de gran magnitud”. La respuesta, “terminó con los fallecidos”, complementó el reporte.

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