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15 de agosto de 2022, 7:17 AM
15 de agosto de 2022, 7:17 AM

Acaba de tocar tierra en Santa Cruz una comisión que lidera el ministro de Planificación del Desarrollo y técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con el objeto de ‘socializar’ el proyecto y ‘transparentar’ el trabajo censal para 2024, según lo dispuso por decreto el Gobierno. Dicha comisión cumple un extenso periplo por todas las capitales departamentales; ya estuvo en Oruro, Cochabamba y Tarija; en algunos casos fueron observadas restricciones a la participación de sectores que protestaron por haber sido excluidos.

La reunión adquiere un matiz especial en Santa Cruz porque fue la única región en expresar su desacuerdo con la postergación del Censo, aunque otras han empezado a manifestarse en el mismo sentido, al igual que influyentes sectores como gremiales y transportistas. En rechazo al cambio de fechas, una comisión interinstitucional dispuso un paro de 48 horas que se cumplió en medio de incidentes promovidos por grupos de choque a la cabeza de un ministro de Estado.

El Ejecutivo no respondió a insistentes solicitudes de diálogo para que fueran explicadas técnicamente las razones del diferimiento del Censo, que inicialmente se debía realizar en 2022 y que luego se trasladó hasta noviembre de 2023. Cuando se garantizó públicamente su realización ese año, sorpresivamente fue anunciada otra postergación hasta 2024. No obstante las fricciones entre las principales autoridades cruceñas y la crisis que estalló en la administración edilicia tras los graves hechos como el mal uso de vehículos oficiales y la presencia de intrusos en dependencias municipales para generar violencia durante los días del paro, se mantiene firme la demanda por un Censo 2023 “oportuno y transparente” que abandera el comité interinstitucional.

A última hora, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar; el gobernador, Luis Fernando Camacho; y el alcalde de la capital, Jhonny Fernández, fueron invitados a la reunión. El comité impulsor del Censo presentará una propuesta basada en cuatro ejes para el tránsito de una ‘ruta crítica’ que permita la realización de la encuesta en junio de 2023. El plan parte por acelerar los trabajos de la cartografía elaborada por el INE y concluirla hasta febrero de ese año. Un segundo paso tiene que ver con la validación de la boleta censal que contiene las preguntas y el llamado censo piloto experimental que garantizará la calidad de la encuesta. También propone la contratación de todo el personal para el ‘día D’ cuando se ejecute el gran operativo estadístico y la etapa poscensal para evaluar la información generada antes del procesamiento de datos entre enero y febrero de 2024, una vez sean entregados todos los resultados.

El seguimiento de esta hoja de ruta y su cumplimiento riguroso permitirá fijar las bases de un pacto fiscal que entre en vigencia a partir de 2025. Un pacto muy necesario para la redistribución de recursos económicos en función del crecimiento poblacional de las regiones y la asignación de escaños en el Legislativo sobre la base de una nueva e incontrastable realidad demográfica nacional.

Si es real y honesta la voluntad de diálogo para zanjar, desde puntos de vista estrictamente técnicos, cualquier diferencia y garantizar las mejores condiciones para la realización del Censo, no pueden registrarse exclusiones arbitrarias sin riesgo de reavivar las llamas de la conflictividad en el país. Es oportuno recordar que en las reuniones sostenidas por el jefe de Estado con alcaldes, gobernadores y autoridades universitarias de todo el país, fue establecido un acuerdo para impulsar un “diálogo técnico amplio” y luego definir la fecha del censo. Es de esperar que en la reunión del INE en Santa Cruz ese compromiso sea cumplido con seriedad y de buena fe por todas las partes.

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