El informe de la CIDH dejará en manos de una observada justicia los fallos por la crisis de 2019

Tanto el Ministerio Público como el Órgano Judicial tendrán en sus manos la aplicación de una buena parte de las recomendaciones que formulará el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer las vulneraciones a los derechos humanos y las responsabilidades del Estado por la violencia que sacudió al país por efecto de la crisis política y electoral de 2019. No obstante, persisten dudas y cuestionamientos respecto a la independencia de esas entidades.

Según el protocolo establecido el 12 de diciembre de 2012, este grupo conformado por cinco especialistas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile e Inglaterra hará “recomendaciones pertinentes” para que sean adoptadas por el Estado boliviano de manera coherente con “los estándares internacionales de derechos humanos aplicables”. Para este propósito, el GIEI propondrá “la adopción de medidas para un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos investigados”.

David Inca, representante legal de la Asamblea de Derechos Humanos que colaboró a las familias de las víctimas de la violencia de Senkata, recordó que la CIDH presentó un informe el 10 de diciembre de 2019 en el que señaló que se habían cometido graves vulneraciones a los derechos humanos por efecto de un “un uso desmedido de la fuerza pública”. El reporte concluyó que se habían producido “masacres” y recomendó la conformación de un grupo de especialistas, extranjeros y alejados de los intereses planteados durante el conflicto.

“La misma CIDH identificó que no eran las autoridades bolivianas las idóneas para hacer las investigaciones, pues ya tenían un sesgo de parcialización, sea con el gobierno de transición y los intereses del MAS”, recordó Inca.

El activista señaló, en función del protocolo, que el informe del GIEI “va a sugerir los procesos penales, civiles y administrativos que correspondan” que serán procesados en los estrados judiciales, a instancias de la Fiscalía.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), remarcó que el documento “tendrá carácter vinculante” para todas las autoridades civiles y militares del país. “Será de cumplimiento obligatorio y rige para los diferentes órganos del Estado, como son el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral”, remarcó la autoridad.

No obstante, esa cualidad no está señalada en el protocolo que establece recomendaciones en función de las responsabilidades que se vayan a establecer de manera individual como estatal.

La senadora Lindaura Rasguido (MAS) precisó que será la Fiscalía General del Estado la entidad que asuma, en primera instancia, las recomendaciones que emita ese informe internacional. “Seguramente, el Ministerio Público tomará las acciones y ese informe se tomará como punto de partida para esclarecer las masacres. Nosotros también vamos a tomar otras acciones, por nuestra cuenta, para esclarecer los actos. Hubo 37 muertes y eso se tiene que esclarecer”, puntualizó.

El alcance del informe del GIEI es para todos los sucesos registrados entre el 1 de septiembre, en la última etapa de la campaña electoral de 2019, hasta el 31 de diciembre de ese año. En ese lapso, unas 50 personas perdieron la vida por efecto de la violencia política que también fue ejercida por seguidores del MAS.

El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales renunció a la Presidencia tras un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) que identificó “manipulación dolosa” en el recuento de votos y la crisis política que estalló en el país, incluso con amenazas de “guerra civil” y “cerco a las ciudades” que protagonizaron seguidores del expresidente.

Precisamente, frente a este escenario, el expresidente Carlos Mesa, que lidera la oposición política con la alianza Comunidad Ciudadana (CC), recordó que los especialistas se contactaron con él para recuperar su testimonio. En 2019, Mesa había anticipado la posibilidad llegar a una segunda vuelta electoral para competir con Evo Morales por la presidencia del Estado.

“Hemos sido invitados a dar testimonio. Establecimos nuestra vivencia desde que fuimos víctimas del fraude de 2019. Entiendo que la comisión ha recogido la posición del conjunto de los sectores políticos sociales y personales de lo que fue ese momento tan duro; desde el fraude perpetrado por Morales hasta la instalación del gobierno de transición y los hechos más críticos, particularmente los de Sacaba y Senkata. Confío y espero que ese informe sea esclarecedor y nos dé una visión equilibrada de lo que realmente ocurrió y que los hechos fueron lo que fueron y no los inventos del Gobierno”, afirmó.

Respecto a los efectos que tendrá el informe de la GIEI, afirmó, con reparos, que una buena parte de la responsabilidad recaerá en la justicia. “Con esta justicia, absolutamente controlada por el Gobierno, tengo mis dudas sobre lo que pueda pasar. Una cosa es el informe de la comisión que puede ser muy positivo, y otra la administración de justicia de Bolivia que, en mi opinión, no tiene ninguna credibilidad”, remarcó.

Un criterio parecido tiene el exalcalde de La Paz Luis Revilla, quien lamentó las recientes decisiones de la Fiscalía que ya eximió de culpa a 25 personas que estaban siendo investigadas por la quema de 66 buses Pumakatari. A diferencia de Mesa, lamentó que la GIEI no hubiera escuchado su testimonio. “Hemos pedido una reunión con ellos, pero no ocurrió”, afirmó la exautoridad edil.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, admitió que el Estado puede asumir responsabilidades por estallidos de violencia como el que sucedió en Montero.

El 30 de octubre de 2019 murieron en esa ciudad cruceña Mario Salvatierra (60) y Marcelo Terrazas (48), dos ciudadanos que fueron alcanzados por proyectiles de arma de fuego en un enfrentamiento contra seguidores del MAS que se movilizaron para respaldar los resultados electorales de 2019. Esas dos personas fueron las primeras que perdieron la vida durante esa crisis política.

Además, en Cochabamba, el 6 de noviembre, el joven Limbert Guzmán (20) falleció en un enfrentamiento con sectores leales al gobierno de Morales.

Las protestas poselectorales, encendidas con la destrucción de las sedes de los tribunales electorales, se extendieron por todo el país. Tras la llegada de Jeanine Áñez a la Presidencia se registraron las intervenciones militares de Sacaba (15 de noviembre) y de Senkata (19 de noviembre) donde murieron 37 civiles.

“Nos interesa la vida de todas las personas, sean del MAS, de Creemos, de Comunidad Ciudadana; todos los hechos deben investigarse por igual”, afirmó el Ministro de Gobierno.

Hasta el momento, la Justicia avanzó con acciones legales por Senkata y Sacaba bajo una proposición acusatoria de “genocidio” que ya se tramita contra la expresidenta Áñez, detenida desde marzo en el penal de Miraflores.