El INRA distribuyó, en silencio, 40 mil hectáreas en la reserva Choré

Durante casi dos meses, entre septiembre y octubre de este año, el fuego arrasó con casi 60 mil hectáreas en la reserva Choré, pero también afectó a otras reservas forestales y áreas protegidas, según los reportes de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT).

El desastre fue detonante de una avalancha de denuncias que apuntaron al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por la presunta dotación de tierras a colonos en zonas no permitidas, y que derivaron en incendios forestales.

A las alusiones, y a través de un escueto comunicado del 26 de octubre, el INRA aclaró que “en cumplimiento a la normativa agraria vigente, no distribuye tierras fiscales dentro de las reservas forestales y áreas protegidas”, ya que “tienen carácter de no disponibles”.

Sin embargo, esta semana Fundación Tierra dio a conocer un reciente informe elaborado sobre datos oficiales y satelitales que contradice al INRA, y que se suma a un diagnóstico anterior de la Gobernación de Santa Cruz.

Gonzalo Colque, investigador de Fundación Tierra, refutó que hay más de 40 mil hectáreas tituladas, sobre las que es necesario preguntar “¿cuál es la fiscalización que harán sobre esto los diputados nacionales, autoridades departamentales y municipales?, ¿qué tienen que decir quienes autorizaron, aunque sean directores pasados?”, cuestionó.

Colque explicó que, inicialmente, cuando se creó, Choré tenía una superficie de 1,1 millón de hectáreas aproximadamente, y que se desafectaron (se quitó la protección legal de reserva forestal) más de 210 mil hectáreas hace dos décadas, debido a la presión colonizadora.

Los colonos no vieron saciada su demanda de tierras, y desde hace varios años demandan una segunda desafectación, esta vez de 400 mil hectáreas.

Según el investigador, aunque la segunda desafectación no ha sido respondida, el INRA ya tituló parcelas por encima de la normativa, que impide dotar tierras fiscales dentro de reservas y áreas protegidas.

Agregó que, a pesar de tener protección legal, la reserva Choré ha tenido intervenciones humanas, principalmente en la parte este, y al sur, que colinda con la zona agroindustrial del Norte Integrado.

“Esta intervención humana no solo ha sido en la superficie desafectada, sino que se adentra en la reserva, y este asentamiento se da antes del decreto de desafectación, es una invasión ilegal del Choré”, cuestionó. 

90% de tierras son privadas

En cuestión de 20 años, según Fundación Tierra, el área desafectada que se ha legalizado, en un 90% es propiedad privada.

Colque aseguró que la mayor parte de las propiedades no pertenecen a quienes se beneficiaron con la titulación.

“En otras palabras, todo este trabajo se hizo para vender la tierra, que no es para asentamientos de comunidades, sino de agricultura mecanizada, y cultivos de coca”, arremetió.

El informe indica que, de acuerdo a los datos del INRA, 76% de la superficie titulada dentro del área desafectada es para pequeñas propiedades; el 7% para mediana propiedad; el 2,7 para empresa agropecuaria; y solo el 11% para propiedades comunitarias.

En lo que respecta a la zona titulada (ilegalmente) dentro de la reserva, o fuera del área desafectada, Colque detalló que de las 40,4 mil hectáreas, 26 mil se destinaron a comunidades y 14,4 mil hectáreas a predios individuales. “Tienen titulación y que se ha entregado títulos en trámites simplificados a privados dentro de la reserva forestal”, dijo.

Colque reconoció que, si bien entre los asentados hay gente que proviene del Trópico de Cochabamba, también existe complicidad de otros actores, como los empresarios agroindustriales.

Apoyó esta afirmación con fotos satelitales que muestran cultivos rectangulares, característicos de los grandes monocultivos, como de soya y maíz transgénico, a diferencia de los cultivos triangulares comunitarios. “Es bueno conocer y reconocer la integridad de este problema y sus actores”, dijo.

Preferencias

Nelson Hidalgo, habitante de una comunidad cercana al Choré, y que entre 2016-2018 trabajó como control social en la Alcaldía, lamentó que las autoridades municipales de Yapacaní alimenten el problema.

“Hemos visto mejoramientos de caminos, que viabilizaron más la entrada de la gente a la reserva”, criticó.

También aludió Clemente Ramos, actual asambleísta departamental del MAS, que gestó su liderazgo político como dirigente de la Federación Choré.

“Lo único que han hecho es desmantelar la reserva, él ha sacado recursos del Gobierno Municipal de Yapacaní para hacer reforestación. Al final de cuentas hay una protección que viene del mismo Estado”, dijo, y cuestionó que se vendan parcelas dentro de la zona, lo que es ilegal, y que las solicitudes de desafectación esquiven al control social y vayan directamente al nivel nacional.

“Hay coca, la mayoría son del Trópico de Cochabamba, la mayor cantidad de Entre Ríos, que en elecciones pasan a este lado para votar en Santa Cruz, o aparecen para sus ampliados. Después, no hay viviendas; es una situación muy crítica”, denunció.

El asambleísta Clemente Ramos negó las acusaciones de avasallamiento, más bien aseguró que desde 1993 existen 35 mil familias y

responsabilizó a turistas y pescadores por los incendios forestales en la reserva.

“La región del Choré ha sido estigmatizada, debido a que turistas y pescadores fuman y botan sus cigarrillos, provocando incendios”, aseguró.

“Es un narcoestado”, dijo una autoridad de la Gobernación de Santa Cruz, que pidió guardar en reserva su nombre.

Contó que en la inspección realizada hace pocos días, junto con bomberos, para aplacar las llamas, el ‘guía’ que los acompañó les dejó claro que solo podían estar ahí hasta las ocho de la noche.

“Obviamente eso no daba tiempo a los bomberos para que hagan el trabajo de apagar incendios”, dijo.

Un ex funcionario de la Gobernación cruceña, que fue ‘retenido’ por los colonos hace unos años, catalogó a la zona como “la república independiente del Choré”.

En la inspección con la Gobernación participó EL DEBER, y constató la venta de parcelas, muchas construcciones que no estaban habitadas, y el ingreso de maquinaria pesada a lo que se supone es un centro de regulación del clima y del agua para 24 municipios, incluso de Cordillera.

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