El IBCE sostiene que el perjuicio es múltiple para el país: menos ingresos para las arcas del Estado, usuarios sin la necesaria protección de una empresa confiable y riesgo de cierre de concesionarias

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9 de febrero de 2022, 4:00 AM
9 de febrero de 2022, 4:00 AM

Por Wálter Vásquez


El lavado de dinero, el uso de ‘palos blancos’ y la subfacturación son las tres principales ilegalidades que alientan el crecimiento del ‘mercado gris’ de importación de vehículos en el país, denunció ayer Luis Orlando Encinas, gerente general de Cámara Automotor de Bolivia (CAB).
“Hace algunos años ha empezado a surgir un tipo de importador” que tiene como origen estas tres actividades ilícitas, afirmó Encinas en el programa Influyentes de EL DEBER Radio.

El grupo de internadores que responde al lavado de capitales indicó el empresario, está conformado por bolivianos y extranjeros que emplean diferentes mecanismos para burlar los sistemas de cobro de impuestos y facturación.

El 6 de febrero, EL DEBER informó que en Bolivia el “mercado gris” de coches importados provoca al Estado un daño económico que supera los $us 20 millones anuales, por evasión de tributos aduaneros e impuestos.

Participación de funcionarios

Los ‘mercados grises’ son aquellos en los que se producen importaciones paralelas a través de canales de distribución no autorizados por el fabricante y que se caracterizan porque el productor aplica precios de mercados distintos para un mismo artículo en diferentes países. Esto permite que un comerciante -no autorizado- compre bienes de una marca destinados a un país con precios más bajos y los venda en otro país con valores más altos, obteniendo un beneficio superior al que podría haber conseguido en el mercado del precio más bajo.

“Esta situación no solo perjudica las recaudaciones impositivas, sino que afecta a los usuarios, que el día de mañana tendrán que lidiar con vehículos que no han sido fabricados para Bolivia y con la posibilidad de no contar con compañías de renombre que le garanticen la marca, la calidad y el servicio posventa”, afirmó el gerente general de Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) Gary Rodríguez.

Este ‘mercado gris’ no solo evade impuestos, sino que pone en riesgo las fuentes de trabajo degeneradas por las importadoras formales y la estabilidad de las concesionarias, según empresarios del sector. 

Este sistema opera en Bolivia en complicidad con “algunas autoridades y funcionarios de instituciones públicas inmersas en la comercialización, importación, y nacionalización de los vehículos”, sostuvo el gerente general de la CAB. “Este mercado gris de importación funciona porque están en alguna asociación con malos funcionarios de algunas instituciones del Estado”, subrayó.

Este medio consultó a la Aduana Nacional respecto a la posibilidad de que funcionarios de la institución sean parte de este sistema paralelo de importación de vehículos, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición. “La Aduana tiene un sistema de inteligencia pero, si hubiera la necesidad de complementar ese esfuerzo que se hace desde el Estado, las compañías legalmente establecidas pueden aportar para que se pueda salvar esta situación que afecta al país, al Estado, al consumidor”, dijo Rodríguez. 

Desde la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) se informó para la nota del 6 de febrero, que las internaciones de vehículos son realizadas por operadores de comercio exterior debidamente empadronados ante la Aduana y que las declaraciones de importación son realizadas en base a la documentación -soporte-, para el posterior pago de tributos.

El ingreso, recepción e importación de motorizados son operaciones controladas por las administraciones aduaneras de frontera y de destino, precisaron.

“La Aduana Nacional tiene la facultad de realizar el control de las importaciones y el respectivo cobro de tributos aduaneros; sin embargo, esta facultad no alcanza a las ventas en el mercado interno”, indica la información proporcionada a este medio.