El mal menor

El mal menor
Recientemente, magistrados del autoprorrogado Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocaron la resolución de la Sala Constitucional Primera de Pando y dispusieron la continuación del proceso de preselección judicial, lo que implica que la Comisión Mixta de Constitución puede finalizar la preselección de candidatos a los altos cargos judiciales.
En principio, se podría decir que la Resolución del TCP da certidumbre sobre el cuestionado proceso preparatorio para las elecciones judiciales. Sin embargo, hay nubarrones en el camino. El mismo fallo exhorta a la Asamblea Legislativa a hacer cumplir los principios de paridad de género y garantizar el derecho constitucional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a participar en procesos electorales. Y he aquí el primer dilema.
Como es de conocimiento público, no existen candidatas suficientes para los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando extremo que se informó oportunamente. Sin embargo, y a sabiendas de que la escasa presencia femenina representaba un riesgo, los parlamentarios no tomaron iniciativas factibles para subsanar la falencia, y pasa lo mismo con la falta de postulantes con autoidentificación indígena; por lo tanto, persisten las amenazas.
Otro detalle a considerar es: ¿acatarán los parlamentarios opositores y los “evistas” la resolución dispuesta por autoridades judiciales cuya legalidad está en entredicho? De ser así, el TCP habría logrado legitimar su prórroga de mandato y varios de sus polémicos fallos emitidos en los últimos meses que favorecieron claramente al gobierno de Luis Arce.
¿Cuál es el escenario alternativo? Que todo siga como hasta ahora, con un sistema judicial que interfiere abiertamente en las atribuciones de la Asamblea Legislativa y el Órgano Electoral, y con un Gobierno reacio a la fiscalización y amigo del poder de los decretos. En el fondo, se mantiene el riesgo de llevar la desinstitucionalización democrática a extremos irreversibles.
Ojalá más pronto que tarde, la ciudadanía boliviana acudirá a las urnas para elegir autoridades judiciales, aunque está claro que los problemas de la justicia seguirán siendo los mismos: retardación, corrupción, ineficiencia y oprobioso servilismo al poder de turno.
Aún así, es preferible cumplir el mandato de la Constitución para dejar de lado el peligroso camino del autoritarismo por el que han comenzado a transitar varios dirigentes políticos. El país no puede ni debe darse el lujo de fracasar en las elecciones judiciales y prolongar el descalabro hasta 2026, esa posibilidad suena sórdida y peligrosa.
En conclusión, ha llegado el momento del consenso y concesiones racionales entre todas las facciones políticas que tienen en sus manos la estabilidad de la democracia. Es tiempo de actuar con seriedad y responsabilidad. Un fracaso de las elecciones judiciales implica un fracaso de la democracia. En esas condiciones acudir a las elecciones generales de 2025 será una apuesta de alto riesgo que no vale la pena asumir bajo ninguna circunstancia. Tristemente, ha llegado el momento de optar por el mal menor, antes de quedar paralizados en un callejón sin salida.