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El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, enfrenta un proceso judicial por causa de la movilización que lideró el miércoles para ‘celebrar’ la abrogación de la Ley 1386 y en rechazo al denominado “paquete de leyes” que el MAS aprobó en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La autoridad paceña se sumó al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, como los primeros acusados por el paro nacional multisectorial de nueve días que provocó la eliminación de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al terrorismo.

En contrapartida, dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ampliaron una denuncia en la Fiscalía por incumplimiento de deberes contra el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani. Lo acusan de provocar violencia al “trasladar” campesinos de las provincias a la ciudad en la víspera de la efeméride del departamento. Uno de los movilizados, Basilio Titi, falleció durante las protestas.

Desde La Paz, Gualberto Arispe, jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, informó ayer que presentó una denuncia contra Iván Arias, precisamente, por usar la enseña patria en el barbijo y en la marcha que, según los activistas que la promovieron, fue “el exitoso corolario” de la movilización multisectorial que exigió la anulación de la norma que contenía la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas.

“Hay una total falta de respeto contra nuestros símbolos patrios. Son antipatrias que no quieren a nuestro país y utilizan como trapo nuestra bandera. Eso pasa cuando usan nuestros símbolos como barbijos”, afirmó el legislador.

La marcha fue convocada por la Asamblea de la Paceñidad, el pasado lunes, en medio de la tensión y el asedio de los denominados “grupos de choque” vinculados con el oficialismo. El miércoles también hubo presión de sectores afines al Gobierno, cuando se cumplió con una multitudinaria concentración.

“Causa mucha pena cuando el alcalde Iván Arias utiliza como barbijo nuestro símbolo patrio. Hemos presentado una denuncia por ultrajar nuestros símbolos patrios y estamos pidiendo que se le pueda dar celeridad en el Ministerio Público en la atención de este caso”, señaló el legislador.

De acuerdo con el artículo 129 del Código Penal, “el que ultrajare públicamente la bandera, el escudo o el himno de la Nación, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años”.

La primera reacción ante esa denuncia fue en el escenario político. El diputado Beto Astorga, de Comunidad Ciudadana, recriminó al MAS por no cuestionar el uso que el oficialismo hace de la wiphala. “Evo Morales usa ese símbolo patrio hasta de mantel y no dicen nada. Este juicio es una reacción de los derrotados”, dijo.

Un poco más tarde, el presidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, consideró que esta demanda planteada por el MAS “es una reacción hormonal y de rabia por parte del oficialismo por el uso masivo de la tricolor como una forma de identidad de este movimiento democrático”.

Morales afirmó que esa acción legal no prosperará por “una contradicción que puede jugar contra el propio MAS, pues ellos usan la wiphala en sus barbijos y también la chakana, la cruz andina que identifica a la gestión del gobierno del presidente Luis Arce”.

Para Guillermo Paz, uno de los líderes visibles de las plataforma ciudadana 21F, la enseña patria fue usada “con todo respeto” en esa manifestación. “Fuimos unos 50.000 y el 90% estaban con el barbijo con nuestra bandera y el MAS también usa con respeto la whipala en sus concentraciones”.

Tras el paro multisectorial que fue levantado el martes en Santa Cruz, la Fiscalía aceptó investigar al presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, bajo los cargos de sedición y terrorismo.

El diputado oficialista Jerges Mercado señaló que el MAS hizo una evaluación del escenario político que marcó el conflicto de los nueve días y ratificó, en una entrevista con radio Panamericana, que la motivación estaba vinculada con desgastar al Gobierno “con mentiras y desinformación”. En cuanto a las acciones legales, dijo que Calvo “debe ir preso” y la justicia debe investigar a quienes promovieron las protestas. Señaló que el paro fue articulado con otros intereses y no necesariamente en favor de los sectores a los que mencionaron.

Al respecto, Paz indicó que cuenta con información que en la Fiscalía ya existe una lista de personas a quienes se les iniciarán acciones legales en el curso de los próximos días, pero “por razones políticas, vinculadas con el ejercicio al derecho legítimo a la protesta. Están buscando una excusa para escarmentar. Tras esta experiencia, el MAS ya no podrá aprobar leyes sin que sean socializadas, incluso entre los sectores que los apoyan”, afirmó.

El activista dijo, en ese marco, que este proceso es “una señal” sobre lo que puede venir, “tomando en cuenta lo que ya está pasando en Santa Cruz con Rómulo Calvo”, añadió el dirigente.

Entre tanto, el diputado Vicente Condori (MAS) exigió celeridad en las pesquisas contra el cívico cruceño.

“Vamos a pedir que la justicia actúe de una vez porque el señor Calvo tiene bastantes denuncias, no solo por el paro, también por los funcionarios de la Caja Petrolera de Salud y por sedición”, señaló el legislador, quien anticipó que la bancada coordinará “con el ministerio que corresponda el proceso” contra el líder cívico.

Por su lado, el director de la empresa estatal de alimentos Emapa, Franklin Flores, anunció un juicio contra ese dirigente y todos aquellos que provocaron “un daño económico porque los bloqueos perjudicaron la distribución de alimentos a diferentes municipios de todo el país”.

Desde la Villa Imperial

Dirigentes de Comcipo anticiparon ayer que estas reacciones asumidas por el Gobierno tras la batalla contra la Ley 1386 serán analizadas la próxima semana en una cita con los cívicos del país.

Ramiro Subia, presidente del Comité de Movilizaciones de Potosí, señaló ayer que enfrentan “una persecución política” por la crisis política de 2019. “Ahora también existe susceptibilidad porque se quiere descabezar este movimiento” con un eventual proceso legal contra dirigentes.

El mismo día en que los cívicos determinaron suspender el paro en Potosí , el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, exigió el esclarecimiento de la muerte del campesino Basilio Titi pese a que al menos dos forenses señalaron que su deceso se produjo por broncoaspiración, en el contexto de las protestas.

“La semana pasada, lamentablemente, se han registrado no solamente incidentes, sino hechos delincuenciales en Potosí. Lo que corresponde como Ministerio de Gobierno es efectuar las gestiones pertinentes para que se logre el esclarecimiento”, afirmó Cox.

Subia dijo que la autoridad también debe investigar las razones por las cuales “la Gobernación trasladó campesinos a Potosí”. El dirigente considera que esta es una de las causas de la violencia.

El 9 de noviembre, decenas de ciudadanos llegados de varias provincias se apostaron en la plaza principal de Potosí. El presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel, indicó que esas personas fueron agresivas con la población, mientras que Subia afirmó que durante los enfrentamientos de esa jornada fue apedreado y herido por los campesinos.

Manuel confirmó que “se presentó una denuncia contra el presidente de la Asamblea, Marcial Ayali, que fue ampliada al gobernador Jhonny Mamani”. Esperan que este caso avance para evitar nuevos actos de violencia.

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