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La iniciativa de amnistía e indulto que salió del Poder Ejecutivo y se elevará este viernes a rango de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), incluye a más de 1.000 personas que el oficialismo denominó “perseguidos políticos del gobierno de Jeanine Áñez”, y que participaron en hechos de violencia tras la renuncia y salida del país del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), admitió que “beneficiará a “aquellos compañeros que están siendo perjudicados sin motivo alguno con cargos penales, lo que se quiere es que se los libere de eso, entre ellos muchos de nuestros hermanos dirigentes”, explicó Rodríguez.

Manifestó que son alrededor de 1.000 personas y confirmó que entre ellos está el expresidente Evo Morales. “Eso se detallará el viernes, en una sesión que comenzará a las 8:30, se dará lectura en grande y detalle, y se considerará su aprobación o rechazo. Por supuesto (que está Evo Morales) y todos los que han sido acusados sin ningún motivo”, acotó.

Pesquisas realizadas en Colombia, el año pasado, confirmaron la “veracidad” del video-audio en el que el exmandatario Evo Morales ordenó al dirigente Faustino Yucra Yarwi “cercar ciudades” y no permitir el ingreso de alimentos.

El jefe del MAS fue denunciado por terrorismo y financiamiento al terrorismo. Tres pericias confirmaron que “fue partícipe con probabilidad de esos delitos, ocurridos en noviembre de 2019”.

Además, las pericias establecieron que Morales tuvo contactos telefónicos con Yucra en otras dos ocasiones (fueron tres en total). El hijo de Yucra grabó a su padre en plena comunicación, sostenida el 14 de noviembre a las 22:37. La comunicación tuvo una duración promedio de tres minutos y 16 segundos. Los investigadores concluyeron que Morales se comunicó con la línea telefónica 71024068 (que tiene fecha de activación el 17 de agosto de 2018), de Faustino Yucra Yarwi.

Según la indagación, el 14 de noviembre de 2019, a horas 22:37, Yucra recibió la llamada de un número de los Estados Unidos Mexicanos signado con el 525515081469 (lugar donde se encontraba Evo Morales).

Este aspecto concuerda con el video que generó el inicio de la presente investigación, tanto en el tiempo de duración como en el horario (noche), como por la relación a las radio bases utilizadas por el celular de Yucra”, indicaba la imputación en contra de Morales, que ya fue eliminada.

El exministro de Gobierno Arturo Murillo advirtió que este es un terrible mensaje al pueblo de Bolivia. “Una amnistía para defender a criminales, a asesinos, que quisieron quemar y matar al país nada más que por el poder”.

Mencionó que la primera amnistía la hizo el expresidente Carlos Mesa, que dejó en impunidad absoluta a Evo Morales y todos sus cómplices en las muertes de octubre de 2003, “cuando dieron un golpe de Estado a Gonzalo Sánchez de Lozada, que cometió excesos posiblemente, pero debió juzgarse a todos por igual. Sólo amnistiaron los que en contra de la CPE bajaron a un presidente legalmente elegido”.

Una noche de terror, eso fue lo que vivieron los paceños el domingo 10 de noviembre de 2019 por la noche y la madrugada del lunes. Las redes amplificaron aún más un escenario que era crítico.

El festejo de ciudadanos opositores ese domingo, tras el anuncio de la renuncia del presidente Evo Morales, recorrió las calles de La Paz. Pero cuando llegó la oscuridad, los ciudadanos no se imaginaban que vivirían tal vez la noche más larga de sus vidas.

La ampliación de las rutas del bus municipal PumaKatari generó una enorme pugna entre vecinos y transportistas de minibuses que vieron sus rutas y sus ingresos afectados, pero a nadie se le pasó por la mente que la herida fuera tan profunda.

Turbas organizadas se acercaron primero silenciosamente a dos garajes, uno ubicado en la zona de Chasquipampa, y el otro en Huayllani, al límite con Achumani, luego los rodearon y amedrentaron a los vecinos que trataron de defenderse, y finalmente ingresaron a esos atrios y quemaron los motorizados de transporte masivo. Vecinos de Chasquipampa contaron a este medio que era impresionante ver la combustión de los buses.

“Cada uno generaba estruendos al explotar y luego el fuego se elevaba al menos a 20 metros de altura. Gracias a Dios, la lluvia impidió que la desgracia sea mayor”., dijo un vecino.

El resultado, 64 buses dañados. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, comentó ayer que asumía que esta amnistía “no incluirá este tipo de delitos (cometidos contra la propiedad pública), sería una barbaridad que cualquier persona, mañana, pueda destruir un bien público y no va a tener ninguna sanción”.

Esa noche, la zona sur de La Paz se convirtió en tierra de nadie. La turba enfurecida bajó y saqueó una sucursal de la cadena Farmacorp de la zona de Cota Cota.

Los vecinos tomaron palos, bates de béisbol, y salieron a resguardar las esquinas. Los grupos de WhatsApp ardían.

Más terror, incendiaron las casas del entonces rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, luego del exdiputado opositor Wilson Santamaría. Los ataques eran sistemáticos, con objetivos claramente definidos. De pronto, el clamor de ayuda y los mensajes de voz que reflejaban la desesperación de la comunicadora Casimira Lema, primero de ayuda, y tiempo después del llanto de impotencia: “Han quemado mi casa, han quemado mi casa”.

Varios dirigentes de choferes y el excandidato del partido gobernante, Jesús Vera, son investigados por la quema de los 66 buses municipales en 2019. La fiscalía avanzó muy poco en la investigación de ese caso.

El jefe de Bancada de la Alianza Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Carlos Alarcón, denunció ante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que el Gobierno, con el decreto de amnistía, busca “prejuzgar” los hechos de violencia de 2019 sin esperar los resultados del trabajo de investigación.

Mediante una misiva enviada al secretario ejecutivo del grupo de expertos, Jaime Vidal, el legislador afirmó que la administración de Luis Arce actúa como “juez y parte” sobre los hechos de violencia que se iniciaron luego de las elecciones anuladas de 2019.

“Por respeto al trabajo independiente y transparente que debería realizar el GIEI, cuya presencia en Bolivia solicitó el propio gobierno del presidente Luis Arce Catacora, este gobierno debería esperar, sin prejuzgamiento alguno, las conclusiones y recomendaciones que emita el GIEI”, señala la carta.

Mientras, la senadora Centa Rek cree que el objetivo del MAS es introducir un nuevo relato, “en nuestra sociedad, en la legislación e incluso en el Parlamento, el concepto de que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Nos sorprende y preocupa este tipo de acciones que no están casadas con las leyes”, opinó.

Desde Creemos, se supo que presentarán cartas dirigidas a Naciones Unidad, a la Unión Europea y a la Iglesia Católica, que fueron quienes avalaron el diálogo que llevó a la sucesión presidencial de 2019. Murillo acotó que el MAS tiene la ayuda de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, “Mesa no tiene los pantalones para ser opositor, y Camacho se refugia en su región y es cómplice”.

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