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El MAS fue implacable en la indagación de los hechos violentos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019 en Sacaba, Senkata y Yapacaní, para conducir a juicio a la presidenta Jeanine Áñez, a sus ministros, y los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía que la acompañaron, pero según sus opositores fue menos riguroso con otros hechos.

Permitió, por ejemplo, que Deisy Choque, una de las acusadas como autora intelectual de la muerte de dos personas en Montero, el 30 de octubre del 2019, sea ahora diputada electa por ese partido. 

También cuestionan que el diputado masista Remberto Calani integre la comisión parlamentaria que indagó este caso, a pesar de que es el padre de un joven que fue fotografiado disparando ese día en el puente de la Amistad y que cumple una medida cautelar impuesta por la justicia.

También aceptó que Víctor Borda, que renunció a la presidencia de Diputados cuando Morales escapó del país, liderara esa comisión parlamentaria que, precisamente, tuvo como objeto indagar “la posible vulneración de los derechos y garantías constitucionales en los sucesos ocurridos producto de las movilizaciones que tuvieron lugar a partir del 21 de octubre de 2019, como los hechos ocurridos en Senkata, Sacaba, Yapacani y otros”.

Borda sufrió el rapto de su hermano y la quema de su casa en Potosí como represalia a que un grupo de cooperativistas mineros fueron atacados, cuatro de ellos resultaron heridos de bala, por francotiradores supuestamente afines al MAS. El 10 de noviembre una turba interceptó a balazos uno de los buses que formaba parte de la caravana que trasladaba a los mineros de Potosí a La Paz.

En ese hecho, presuntamente intervinieron francotiradores y campesinos del ayllu Kakachaka.

La diputada Lourdes Millares, UD, resaltó que al ser el diputado Borda uno de los afectados por este proceso de convulsión social, “él no podría haber sido parte de la comisión, como tampoco podía haberlo sido el diputado Calani, porque su hijo tiene detención domiciliaria por una presunta autoría de las muertes que se produjeron en Montero. Ambos se sentaron en esa comisión con un conflicto de intereses, como jueces y parte”.

Complementó que tienen una carga de subjetividad. Su colega Amílcar Barral señaló que “este informe recogió los hechos desde la perspectiva de la gente allegada al MAS, a partir de los muertos y de los heridos”. Además, que recolectó informes desde el 12 de noviembre y no desde el 22 de octubre, como se había planteado.

Por eso, Millares lo considera incompleto, porque no obtuvo las versiones “del otro bando”.

El diputado Víctor Borda señaló que ve las declaraciones de Millares y Barral como “algo estúpido, absurdo. No investigamos los hechos ocurridos en noviembre en Potosí. Indagamos las muertes de personas a consecuencia de la represión”.

El primer hecho investigado, señaló, fue el de Montero. “Si la diputada lee las conclusiones, no se le responsabiliza a Áñez por ese tema. Claramente, hay cinco detenidos por ese enfrentamiento entre dos bandos, la Unión Juvenil Cruceñista y, efectivamente, grupos afines al MAS, entre civiles. Nosotros perseguimos enfrentamientos entre los uniformados y la población civil”, adujo Borda.

Los muertos en la localidad cruceña, efectivamente, no fueron consecuencia de una intervención policial, “sino de enfrentamientos entre civiles. En el caso de la quema de mi casa o los hechos relacionados con mi familia no dijimos nada, porque no lo indagamos”, acotó Borda.

El 30 de octubre los fallecidos en Montero fueron identificados como los cívicos Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra.

En el grupo del MAS, que emboscó a los cívicos, estaba el argentino Francisco Molares, integrante de las FARC, organización guerrillera de Colombia.

El diputado cruceño del MAS, Édgar Montaño aseveró que “es correcto, y el presidente de la comisión, Víctor Borda, mostró el video, y está en el informe. Además, que entrevistó al fiscal asignado al caso”. Subrayó, como su colega, que el informe pide celeridad en el proceso en curso.

Sobre el hijo de Calani, ambos señalaron que los delitos son personales, y que hay un proceso investigativo en marcha.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, manifestó que la presencia de Calani invalida automáticamente el trabajo de la comisión. “Más allá de que ya lo está porque aprobó informes fuera de su gestión, estoy seguro que este tema no avanzará. La idea es hacer show, como el MAS nos tiene acostumbrados”, manifestó.

Este medio llamó insistentemente al diputado Calani el viernes para conocer su versión, pero no contestó su celular.

Según la Fiscalía, Alberto Fuentes Urquiza y Emanuel Castedo Guzmán, que permanecen detenidos en Palmasola por los hechos violentos del 29 y 30 de octubre del año pasado, citaron en sus declaraciones que la ahora diputada electa por el MAS, Deisy Choque planificó los enfrentamientos.

Además, declararon que Choque llevó a cabo una reunión en el barrio Cofadena (Montero), donde se registraron los enfrentamientos para el desbloqueo del puente de la Amistad y donde perdieron la vida con disparos de armas de fuego los dos cívicos, quedando heridas más de 60 personas. Pero, el 11 de agosto, el juez cautelar de Montero, Róger Salvatierra, concedió cesación a la detención a Choque durante una audiencia virtual con la participación, desde la cárcel, de la procesada, sus abogados y los fiscales Cirilo Chambilla y Daniel Ortuño.

Según la Fiscalía, el principal fundamento del juez para liberar a la diputada electa del MAS fue que cumplió más de siete meses detenida, y consideró que la procesada desvirtuó todos los riesgos procesales. Es acusada por homicidio, organización criminal e instigación pública a delinquir.

Los asambleístas del partido de Evo Morales admiten que ella, tras salir de prisión, participó en las elecciones del 18 de octubre y ya es diputada.

Montaño dijo que es evidente que “Deysi Choque, nuestra diputada electa y muchos jóvenes que obviamente pertenecen al MAS, participaron en este hecho”.

Pero, al ser consultado sobre su posición al respecto, si es que ella no debió apartarse de su candidatura, el asambleísta respondió que “es un tema personal. Nosotros no podemos influir o inducir a que haga un acto u otro”.

Por su parte, Borda sentenció que “por supuesto que es legal, ustedes saben que subsiste el principio de inocencia, solamente cuando existe una sentencia condenatoria esa persona ya no puede candidatear”.

Complementó que en su caso, “lo único concreto que hay es una imputación, no prosperó la acusación. Simplemente son indicios”.

Dijo que la comisión legislativa solo fiscaliza, en ningún momento acusa. “Por eso no tiene sentido esa lógica de excusar o recusar. Nosotros recomendamos un proceso penal, la Fiscalía deberá aceptarla o rechazarla”, dijo.

El ministro Murillo señaló que es inadmisible. “Esa señora debe ir a la cárcel, diputada o no. Eso no la salva del crimen de Montero. Pero, claro, la prostituida justicia y el prostituido Ministerio Publico la salvarán”, manifestó.

Mientras tanto, la Asamblea Legislativa que debió clausurar su gestión el jueves de esta semana, pese a que su mandato terminó en enero de este año y se extendió solamente para garantizar las elecciones, se prorrogó una vez más hasta el martes.

Los diputados Barral y Millares denunciaron que lo hizo para que, con sus dos tercios y ya con la acusación formal de la Fiscalía en la mano, se apruebe el juicio de responsabilidades en contra de la presidenta Jeanine Áñez y el penal contra sus colaboradores en la sesión que convocó el martes, “solo para escuchar el informe de la presidenta del Senado, Eva Copa”.