El MAS busca aval para desbloquear, en Santa Cruz alistan ollas comunes

El paro por el censo es inminente y por eso las plataformas ciudadanas que lo respaldan, junto a dirigentes del Comité Cívico y la Gobernación de Santa Cruz, activaron ayer la preparación de la logística para poner a disposición 100 ollas comunes diarias para sostener la medida por un plazo que, por ahora, es indefinido. 

Enfrente, el cabildo por la defensa de la democracia y la economía, organizado por sectores afines al MAS, se pronunciará este viernes contra el paro y los bloqueos que exigirán el censo en 2023, anunciará acciones contra dirigentes del Comité Cívico cruceño y lanzará una proclama de respaldo a la gestión gubernamental del presidente Luis Arce. 

Así fue adelantado por dirigentes vinculados con el oficialismo. Lo hicieron tras recibir la noticia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que autorizó la observación y acompañamiento a ese cabildo que fue convocado para el final de la tarde de este viernes a los pies del monumento al Chiriguano, que está en la intersección del Segundo Anillo y la avenida Grigotá. 

El vocal del TSE Francisco Vargas informó que la decisión fue asumida luego que la Sala Plena analizó la solicitud de acompañamiento que hizo llegar la Central Obrera Departamental (COD), la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz; la Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía (Cidob), y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas y Originarias Bartolina Sisa. 

Precisamente, fue Rolando Borda, secretario ejecutivo COD, quien adelantó que en el “Cabildo del pueblo” se asumirán decisiones contra la medida de presión que comenzará este sábado. “Este no es un paro; es un bloqueo contra la gente que vive al día para comer y nosotros tenemos que defender nuestro derecho a la alimentación. Vamos a actuar. Tenemos todo el derecho de hacer este cabildo en defensa del pueblo. Lo haremos a los pies del Chiriguano y haremos sentir que tenemos derecho a alimentación y a trabajar”, insistió el dirigente.

Con miras a las propuestas que debatirá la asamblea del oficialismo, el dirigente Reynaldo Ezequiel, excandidato a diputado por el MAS, anunció la propuesta de la Federación de Campesinos de Santa Cruz. “Vamos a plantear en nuestro gran cabildo multitudinario que todos los hermanos de las provincias y los 16 distritos, además de Paurito, de la ciudad entremos a desbloquear y vamos a garantizar que el pueblo cruceño realice sus actividades de manera normal”, remarcó el dirigente. 

Anteriormente, Ezequiel y otros dirigentes de su partido anunciaron que el cabildo recibirá el respaldo de “los demás departamentos” y de las provincias de Santa Cruz. El secretario de los Interculturales de Bolivia, Esteban Alavi, anunció que en el cabildo se “mostrará el poder de convocatoria” de su organización que tiene presencia nacional.

Pero a estas posturas se sumaron denuncias de legisladores de la oposición que aseguraron que el MAS “llevará a Santa Cruz empleados públicos de todo el país”. El diputado Beto Astorga, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), aseguró que “también hay grupos de choque que se movilizan para generar violencia”, dijo. 

El concejal cruceño José Quiroz (MAS) adelantó que “no se obligará a nadie” a participar. “Somos más de 1.000 instituciones. Vamos a demostrar que seremos un millón. Nos tienen que respetar en Santa Cruz”, remarcó la autoridad. También advirtió que la convocatoria se extenderá “hasta el Quinto Anillo desde el Chiriguano”, que está ubicado en el Segundo Anillo.

Ante este escenario, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) hizo un llamado para un diálogo urgente “para evitar la confrontación”. El pronunciamiento indica que la encuesta nacional es deseo de la población, porque sus resultados permitirán “generar políticas para atender las distintas y más urgentes necesidades”.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ofreció esta semana “un diálogo sin condiciones”. Al mismo tiempo, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, anunció acciones de desbloqueo con maquinaria y confirmó su participación en el cabildo organizado por afines al MAS.

El paro que comenzará el sábado tiene el objetivo de pedir la anulación del Decreto 4760, el instrumento legal que usó Arce para postergar el censo por dos años. El Presidente aprobó la medida en julio tras reunirse con el Consejo Nacional de Autonomías donde recibió el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la inviabilidad de hacer la encuesta en noviembre de este año como estaba previsto.

“Llevarlo a cabo así sería un desperdicio de dinero y presupuesto”, afirmó ayer Juan Sabino Quisberth, director del INE en Santa Cruz. Además, apuntó que el censo en 2022 “iba a ser lo mismo que en el 2012 y 2001”.

Entre tanto, la organización del paro avanzaba ayer. Kitita Roca, representante de las Plataformas Ciudadanas informó que está trabajando para atender a 180 rotondas con 100 ollas comunes. “Hay que proveerles la alimentación. Estamos trabajando en la logística. Tenemos 20 puntos estratégicos fuera del Cuarto Anillo y que son: Clara Serrano, Clara Chuchío, La Lechería y la Nueva Santa Cruz, entre otros”, apuntó. 

La activista Pamela Flores, de la agrupación Hijos de la Patria, dijo que están garantizados los insumos para las ollas comunes. “El sector agropecuario ha conformado un comité interinstitucional de abastecimiento para que no falten alimentos”, reveló la activista.

El gobernador Luis Fernando Camacho, por su lado, distribuyó bolsas solidarias a los vecinos de varias zonas. Comenzó el martes en el Plan Tres Mil y los cívicos analizaban el plan de abastecimiento durante los días del paro. La autoridad coordinó el paro ayer con los comités provinciales.

“Hemos propuesto que la atención de los mercados municipales y privados, que están legalmente establecidos, sea de 6:00 a 12:00 de lunes a viernes, y así garantizar el abastecimiento de los alimentos”, dijo el secretario de la central de Federaciones Gremiales de Santa Cruz, Édgar Álvarez. 

El Comité pro Santa Cruz emitió luego un comunicado con el que solicitó que se permita la circulación de ambulancias, vehículos policiales, bomberos, medios de prensa, viajeros al aeropuerto, Fuerzas Armadas, provisión de farmacias, vehículos diplomáticos, personal de salud, servicios de emergencias, servicios básicos, vehículos de divisas, abastecimiento de alimentos y cisternas.

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