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El Movimiento Al Socialismo (MAS) promueve la aprobación de leyes que proyectan la sustitución de reparticiones que ahora son privadas por instituciones estatales vinculadas, principalmente, a las áreas económicas y de administración de bienes de personas naturales y jurídicas. En otros casos, proyectan normas que permiten la creación de agencias, direcciones y entidades con lo que se aumentará el número de funcionarios públicos en el país, cargos que serán ocupados por militantes masistas, como establece el estatuto del MAS-IPSP recientemente aprobado por el Órgano Electoral.

El 22 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Registro de Comercio que permite al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural asumir las funciones y competencias que están a cargo de Fundempresa. De inicio, la nueva entidad estatal tendrá un presupuesto de Bs 9 millones.

En carpeta se encuentra el proyecto de creación del Servicio Plurinacional de Derechos Reales, una entidad descentralizada adscrita al Ministerio de Justicia. Reemplazará al Servicio de Derechos Reales, que depende del Órgano Judicial, a través del Consejo de la Magistratura. También se encuentra en etapa de transferencia de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) a la Gestora Pública de Seguridad Social, que administrará el Estado.

Los nuevos cargos públicos, de acuerdo con el artículo 67 del Estatuto del MAS, serán ocupado por militantes del partido de Gobierno. “No existe la figura de autoridades neutrales ni independientes en los cargos de designación a nivel nacional, departamental, regional y municipal; todos y todas deben ser militantes del MAS-IPSP”, señala un artículo del mencionado estatuto.

“Nuestro estatuto fue aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y está vigente a partir de este mes”, señaló esta semana el jefe del partido, Evo Morales, cuando presentó el documento que consta de 103 artículos, cinco disposiciones adicionales y una abrogatoria. Está vigente desde este mes y establece un régimen de aportes para los 991.092 militantes registrados hasta 2019, cuando se presentó la última actualización de su padrón interno.

En el párrafo siguiente, se establece que las “autoridades designadas” son los ministros, viceministros, directores de entidades descentralizadas y desconcentradas, jefaturas de unidad y servidores públicos del Gobierno, de las gobernaciones, de los gobiernos regionales y municipales en los que gobierne el MAS”, de acuerdo con las categorías del Estatuto del Funcionario Público o la Ley 2027.

En cuanto al respaldo financiero del oficialismo, Morales reveló que el aporte mínimo para los militantes que no tienen un cargo público es de Bs 1, mientras que los funcionarios darán el 1% de su salario, en caso de percibir hasta Bs 10.000; el 2% si perciben hasta Bs 20.000 y el 3% en caso de recibir por encima de ese monto.

Según los datos del informe “Doce años de estabilidad económica”, publicado en 2017 por el Ministerio de Economía, el crecimiento de personal dependiente del Estado estaba por el orden del 10% anual y hace cuatro años la planilla constaba de 526.955 personeros.

Eso sí, no todos “designados” por la administración central, pues 491.860 funcionarios, además de aquellos que prestan servicios en el Ejecutivo, dependían de la administración departamental, municipal; de las universidades, instituciones descentralizadas, entidades de seguridad social, personal del servicio público de salud, educación, Fuerzas Armadas y de la Policía.

A ese dato, que aún no fue actualizado por el Gobierno, se suman 35.095 empleados en las empresas estatales. “Se han creado ítems, principalmente, de maestros y médicos”, señala el informe que data de la época previa a la pandemia de coronavirus que golpeó el sistema de salud y la economía del mundo entero.

Arce lo había cuestionado

Al llegar al poder, el 8 de noviembre del año pasado, el presidente Luis Arce denunció “un mal manejo de la economía” durante el gobierno de transición, al que el MAS llama “gobierno de facto”. En mayo, el mandatario anunció la reducción del 30% del gasto público, lo que también implicó la reducción de planilla en varias entidades públicas. Pero este escenario de crisis comenzó a cambiar con las previsiones de crecimiento del Banco Mundial que supera el 5%, según destacó el propio jefe de Estado durante las jornadas académicas del Banco Central que se desarrollaron la semana pasada en La Paz.

Para el economista Joshua Bellott Sáenz, “el Estado tiene demasiado poder”, una condición, que sin embargo, no repercute en el estado de bienestar ni en las condiciones adecuadas para generar valor y riqueza en favor del crecimiento del país. Señaló que esa tendencia viene desde la fundación de Bolivia, pero que en los últimos 15 años esto se ha hecho más notorio. “No hay libertad económica y hasta las empresas están pendiente de las decisiones del Estado”, manifestó el experto.

Respecto a la inversión que hizo el Gobierno del MAS para constituir empresas públicas, Bellot señaló que el Estado erogó $us 18.000 millones, pero sin haber recibido réditos reales. “Ese monto representa el presupuesto de las gobernaciones de 14 años”.

El experto explicó, a manera de ejemplo, que si esos recursos hubiesen sido invertidos para el desarrollo de una economía sana de mercado, “se hubieran creado 1,8 millones de empleos reales y 180.000 empresas capaces de generar valor”. Explicó que el registro de Fundempresa, que ahora será administrado por el Estado, tiene más de 300.000 empresas, pero “el 80% son unipersonales”.

Para el diputado Óscar Balderas, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), “el aumento paulatino de la burocracia trata de confrontar socialmente y de disfrazar la inestabilidad del régimen político sin optimizar el uso de recursos públicos, continua el despilfarro”. Lamentó que la función pública no sea coherente con “la transparencia y el servicio en favor del ciudadano. “El manejo abusivo del MAS del sistema administrativo público provoca incertidumbre y el deterioro de las instituciones estatales que dependen más del Ejecutivo”, dijo.

Sectores aliados

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), así como los Interculturales y la federación de mujeres campesinas Bartolina Sisa preparan movilizaciones para este martes en cada capital de departamento. La participación en esta movilización es “obligatoria” de acuerdo con lo que establece el nuevo estatuto del MAS. Dos funcionarios, uno en Santa Cruz y otro en La Paz, confirmaron que se aplican controles para esa movilización, que se desarrollará luego del paro cívico previsto para este lunes 11 de octubre.

“Estamos viendo la posibilidad de crear la lista negra, identificando, fundamentándonos con documentos para ver y sancionar y sugerir a nuestro hermano Lucho (Arce) para que esos pititas (opositores) no estén más trabajando y que entren (a la fuente laboral) compañeros que en verdad están en la lucha”, dijo Omar Arce, de la dirección departamental del MAS en La Paz. El dirigente reclamó que existen varios “compañeros” que no cuentan con fuentes laborales.

Las “listas negras” y las denuncias de avales para acceder a la función pública sacudieron a varias estructuras del MAS después de las elecciones subnacionales de marzo con episodios de tensión hasta la realización del congreso orgánico de agosto.

Según el estudio La nueva burocracia estatal (2014), de Ximena Soruco, el ascenso del MAS generó oportunidades para miles de jóvenes del occidente que, a diferencia de sus progenitores, accedió a la formación superior con expectativas de crecimiento.

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