24 de octubre de 2022, 9:15 AM
24 de octubre de 2022, 9:15 AM


Evo Morales y Álvaro García Linera habían planificado eternizarse en el poder al estilo de los Castro de Cuba y Hugo Chávez de Venezuela. El Órgano Electoral tenía el encargo de consumar el megafraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019 con tal de conseguir ese objetivo político. La consumación del hecho delictivo se hizo, además, en presencia de casi 100 veedores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

La “escena del crimen” fue el Tribunal Supremo Electoral, ciudad de La Paz y consistió en el cambio de tendencia que estaba en favor de la segunda vuelta hasta el 83% del conteo, la suspensión abrupta del mismo por más de 20 horas, y el cambio inexplicable que dio como ganador al candidato oficial Evo Morales. El fraude se veía venir, aunque la maquinaria estatal había montado una campaña exponencial para anestesiar al electorado de que todo era democrático y constitucional. El ex Tribunal Supremo Electoral estaba al servicio de la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera; además, ya había desconocido el referéndum del 21 de febrero de 2016 y habilitado a esos candidatos a una cuarta postulación cargándose la Constitución y la normativa electoral.

El ex Tribunal Supremo Electoral, lejos de honrar su obligación legal y constitucional de garantizar el voto ciudadano y llevar a cabo un proceso electoral transparencia e imparcial, se encargó de introducir candidatos ilegales y de planificar y ejecutar el cambio del cómputo nacional en favor de la candidatura oficialista de Evo Morales y Álvaro García Linera.

La “prueba estrella” del fraude fue la auditoría pactada entre Evo Morales y Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, que precipitó la renuncia y posterior huida a México de Evo Morales y Álvaro García Linera. El acuerdo oficial, firmado el 30 de octubre de 2019, permitió conformar un equipo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, entre abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral. El equipo recopiló, sistematizó y analizó información hasta el día 9 de noviembre; además, recibieron más de 250 denuncias sobre el proceso electoral. La Organización de Estados Americanos (OEA) estableció “acciones deliberadas” en las elecciones de Bolivia del 20 de octubre, que “hacen imposible validar los resultados” que dieron como ganador a Evo Morales. La “manipulación dolosa” se dio en dos escenarios: en la alteración de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas y en el conteo de los resultados. También encontró dos servidores ocultos que no eran controlados por el Tribunal Supremo Electoral.

El informe internacional sostiene que “ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”. Y cuando el 83,76 % de las actas se habían divulgado, el tribunal electoral ocultó a la ciudadanía, de manera deliberada, un 5,58% de actas que ya se encontraban en el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP). El trabajo constata que se construyó una estructura informática oculta y criminal, “con capacidad de modificar resultados electorales, así como borrar cualquier rastro de esta actividad”.

Las manipulaciones dolosas son clarísimas, desde el momento en que el ex Tribunal Supremo Electoral estableció un sistema informático paralelo para introducir datos fraudulentos e interferir en la información fidedigna que salía de las urnas. Se contrató personal especial para administrar este trabajo, y se falsificaron actas, se destruyó material valioso y obviamente se ordenó la paralización del conteo de votos la noche del sufragio, luego de advertir que el aparato montado para engañar a la gente no había sido suficiente.

El megafraude electoral de octubre de 2019 fue planificado por el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera y el ex Tribunal Supremo Electoral simplemente fue el brazo ejecutor que se encargó de consumar el mayor crimen electoral en los 40 años de vigencia del sistema democrático.

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