29 de junio de 2023, 4:00 AM
29 de junio de 2023, 4:00 AM

Carlos Eduardo del Castillo estaba a punto de romper un récord poco honroso en democracia: superar cinco interpelaciones en treinta y un meses de gestión al mando del Ministerio de Gobierno sin admitir errores y menos corregir su conducta política; pero la quinta fue la vencida. 

Del Castillo cambió una marca por otra, porque se convirtió en el primer ministro de los gobiernos del MAS, desde 2006 hasta la fecha, en ser censurado por la Asamblea Legislativa, con el voto de parlamentarios oficialistas y opositores.

Corresponde recordar que el ministro censurado compareció ante el Legislativo por primera vez en junio de 2021 para explicar el accionar del Gobierno en la detención de la expresidenta Jeanine Áñez. En esa oportunidad, Del Castillo llevó al Parlamento a sus grupos de choque y convirtió el acto de fiscalización en un bochornoso y triste espectáculo.

Después, respondió por la inseguridad ciudadana en El Alto; la detención irregular del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y las violentas represiones policiales durante el paro cívico de 36 días por la pronta realización del Censo de Población y Vivienda. No llevó a sus barras bravas, pero en todos los casos hizo caso omiso de fundados cuestionamientos sobre el trabajo que, como servidor público, debió realizar por el bien del país y no de sus padrinos políticos.

La Constitución Política del Estado, en el art. 159.18, manda de manera inequívoca y clara que el presidente Luis Arce debe destituir a Del Castillo hasta 24 horas después de haber sido notificado con la resolución de la censura. Sin embargo, el diputado Rolando Cuéllar, sin rubor alguno, declaró que la interpelación y censura del ministro no fueron más que “saludo a la bandera” y que Del Castillo se mantendrá en el cargo. Lamentable aseveración en boca de un diputado que, ante todo, debe velar por el respeto a la ley de leyes.

Más allá de los 101 asambleístas que votaron por la censura, está el motivo del acto parlamentario, y es que tuvieron que ser investigadores y periodistas chilenos quienes revelaron que los autos robados en ese país se vendían en Bolivia ante la negligencia cómplice de las Fuerzas Armadas que controlan las fronteras y de los policías que, supuestamente, luchan contra el robo de automotores.

Es necesario recordar que el investigador privado y periodistas chilenos llegaron hasta Bolivia y encontraron un auto con reporte de robo en la casa de un policía destinado a Diprove. Tiempo después, el presidente Luis Arce quedó muy mal parado cuando donó un auto robado a un sindicato afín al MAS; y si lo mencionado fuera poco, también descubrió que otro auto robado había sido entregado a la Asamblea Legislativa.

Es más, el ministro censurado declaró que en Bolivia existen 72 ferias irregulares de venta de autos usados, indocumentados y/o robados. Semejante revelación constituye una admisión explícita del fracaso en la lucha contra la delincuencia, a lo que se suman discutibles resultados en materia de lucha contra el narcotráfico, una inadmisible intromisión en el caso Colodro y la violación premeditada del principio de presunción de inocencia al presentar públicamente a personas sospechosas por la comisión de algún delito.

Las decisiones de Luis Arce se hacen esperar. Un presidente que discursea insistentemente sobre la recuperación de la democracia se toma su tiempo para ver si respetará o no la Constitución, penoso antecedente. Por su parte, Del Castillo pudo actuar con algo de inteligencia e hidalguía y presentar su renuncia en lugar de asistir como si nada a la reunión de gabinete de todos los miércoles.

Así van quedando señales muy claras: importa el poder y no la ley; importa la triquiñuela jurídica por encima del sentido común; importan los apetitos personales sobre el bien mayor que es el servicio a la patria.

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