13 de enero de 2023, 4:00 AM
13 de enero de 2023, 4:00 AM

Uno de los graves e irresueltos problemas que confrontan particularmente las regiones fronterizas del país, tiene que ver con la presencia del Estado que, en estos casos, no se deja sentir. Al contrario, brilla por su ausencia y los habitantes de esas comunidades, distantes de los centros de poder y de la toma de decisiones, se sienten en el desamparo. Viven con el Jesús en la boca con una permanente sensación de inseguridad que hasta les impide conciliar el sueño por el temor a convertirse en víctimas de la violencia que, en distintas formas, ejercen los delincuentes estimulados por la impunidad con que cometen sus fechorías.

La problemática planteada en esta columna editorial tiene que ver con lo que sucede en el norteño departamento de Pando, cuya capital Cobija se ha convertido en territorio de disputa de tres grupos mafiosos organizados para empoderarse y llenarse los bolsillos con el tráfico de drogas, la trata de personas, amén de secuestros y asesinatos por encargo. Un registro noticioso de EL DEBER dio cuenta de la presencia de las temibles bandas brasileñas Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho, cuyas actividades ilícitas han traspasado sin dificultad alguna de las extensas y permeables fronteras de Bolivia. No es una exageración afirmar que operan a sus anchas, con énfasis especial en el narcotráfico, ‘negocio’ bastante lucrativo que consiste en recolectar la droga que se produce en Perú e introducirla a Brasil, una operación facilitada por la proximidad de la frontera tripartita y su escasa vigilancia en el desprotegido territorio boliviano.

‘Choleros’ es el denominativo de los ‘narcos’ bolivianos que se han organizado para disputarles el territorio, el poder y el ‘negocio’ a sus pares brasileños, no obstante que estos les llevan ventaja en la experiencia adquirida en el tiempo y los métodos, por lo general violentos, que emplean en su desempeño. Pero ni los pergaminos de sus competidores foráneos ni el hecho de haber sufrido la mayor cantidad de bajas en sus enfrentamientos a tiro limpio, han doblegado a los ‘choleros’ que, por la información disponible sobre su accionar, están abocados a reclutar adolescentes, hombres y mujeres, a quienes convierten en ‘mulas’ para el transporte de la droga y su venta al otro lado de la frontera. Y como se trata de organizaciones mafiosas, los reclutados tienen que aprender -el requisito es indispensable para formar parte de la banda- a disparar un arma de fuego y estar preparados para matar…o morir. Los códigos de la mafia lo imponen de esa manera.

Una situación semejante a la de Cobija en Pando se registra desde hace tiempo largo en San Matías, capital de la provincia Ángel Sandóval en el departamento de Santa Cruz, donde tampoco se siente la presencia del Estado y por eso son frecuentes los ‘ajustes de cuentas’ a plena luz del día y en sitios concurridos, a la par de otros hechos criminales que les resulta imposible contener a un reducido y mal pertrechado contingente policial que lleva las de perder frente a avezados delincuentes.

En los casos descritos, es inexcusable la responsabilidad que debe asumir el Estado. El presidente Arce y sus colaboradores no pueden permanecer indiferentes frente a la arremetida desembozada de grupos criminales en Cobija y San Matías donde las soluciones ‘parche’ como los aparatosos y temporales desplazamientos de fuerzas del orden, no resuelven un problema de raíces profundas -como narcotráfico y crimen organizado- y que representa riesgos para la seguridad nacional y vulnera el derecho de los bolivianos a vivir con tranquilidad.

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