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Fue el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, el que definió que el reclamo de los ahora extrabajadores de Aasana estaba impulsado por los “vientos del golpe de Estado”.

Para Montaño, el pedido de pago salarios, de horas extra y la exigencia de renuncia de la entonces directora Arminda Choque, no fue un reclamo laboral o económico, sino una demanda política, explica el economista Germán Molina.

Para el analista no es casualidad que ante la historia de la trabajadora que casi sufre un paro cardíaco por tantas horas de trabajo, Montaño haya indicado que eso es mentira y es parte de un complot para que no se puedan operar normalmente los aeropuertos de Bolivia.

Molina precisó que más allá de esa postura política hay un negocio aeronáutico que antes de la pandemia en todo el mundo era rentable. Entonces, se debe esperar para ver cuál es el objetivo final de estos cambios de ficha que indican que el Estado -desde una perspectiva diferente- busca centralizar todos los ingresos que se genera en los aeropuertos.

Sobre la posibilidad de que Naabol se convierta en un lugar para dar trabajo solo a los simpatizantes del partido de Gobierno, Molina precisó que eso sería un gran error; ya que la administración aeroportuaria no debe ser política, sino técnica y económica.

Régimen laboral

En el artículo 8 del DS 4630 se indica que el personal de Naabol se sujetará a lo previsto en la Ley 2027, de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público.

Es decir que el paraguas de la Ley General de Trabajo -que protegía a los trabajadores de Aasana- queda sin efecto. Jorge Valle, experto en aeronáutica, explica que entre las principales características de Aasana era que sus trabajadores, ante cualquier eventualidad, tenían la protección de la Ley General de Trabajo. Así se evitaba afectar sus derechos laborales.

Con la figura del funcionario público, Valle ve una precarización laboral de los trabajadores, pues bajo la normativa, el Estado no reconoce el pago de horas extra, los bonos de antigüedad y si hay un despido, no se pagan los beneficios sociales.

Otro riesgo que avizora Valle es que, al ser una entidad regida por la figura de funcionario público, la misma corre el riesgo de las otras. Y es que, para ser incorporado, el trabajador debe ser simpatizante al partido de Gobierno, algo que no puede suceder en la actividad aeronáutica, que necesita de técnicos capacitados, antes que funcionarios serviles al poder de turno, precisó.

Además, recién el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, señaló la posibilidad de que se exija un certificado de no discriminación a todos los empleados que se postulen para trabajar en la dependencia pública, un aspecto que para Molina debe ser un llamado de atención en la naciente Naabol si es que se busca que esta empresa sea eminentemente técnica y no un espacio político-laboral.

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