El oportunismo político que orbita al caso Murillo
Ni duda cabe que el caso “conspiración por lavado de dinero” que se ventila en el sistema judicial de Estado Unidos es reprochable e indignante, pero de ahí a que algunos actores de la oposición, casi masivamente, empiecen a desconocer a Arturo Murillo al punto de negar algún roce político, se ve pésimo y expone un excesivo oportunismo.
La detención del exministro de Gobierno no es un golpe al gobierno de transición, como algunos opositores pretenden reducirlo en su afán individualista de diferenciarse. El caso Murillo es una mancha muy extensa y un mazazo a toda la oposición, y la reacción personalista de “sálvese quien pueda de este terremoto”, exterioriza el problema estructural de la oposición: la ausencia de un proyecto colectivo con un horizonte político conjunto.
En todo caso este golpe debiera ser la oportunidad para la oposición de practicar, lo que tanto le exhortamos al MAS: autocrítica y autorreflexión, que vaya más allá del “yo no fui parte” porque de continuar así el golpe del caso Murillo será demoledor. En mayor o menor medida todos esos actores que por sobrevivencia buscan separarse de Murillo y el gobierno de transición, tuvieron una contribución antes, durante o después de las actuaciones del gobierno de Áñez, pero la reflexión interna debiera conducir al inicio de un proceso de (auto) depuración, a la que muchos opositores aún se resisten (igual como sucede en el MAS), y tal vez ahí podremos algún día contar con un bloque opositor homogéneo, crítico y propositivo que le haga frente al MAS, cosa que hoy no existe ni en lo horizontal ni en lo vertical.
Empero el oportunismo político también se encuentra en las filas oficialistas. Una muestra patética son las actuaciones del actual ministro de gobierno Eduardo del Castillo, quien sin ruborizarse busca ganar indulgencias con ave marías ajenas, y no me refiero al hecho de que el Imperio Norteamericano le hizo su tarea, arrestando al hombre más fuerte del gobierno de Jeanine Áñez, sino me refiero al desmerecimiento intencional que realiza el actual ministro de gobierno al trabajo de seguimiento e investigación del periodista Junior Arias quien destapo el caso “gases lacrimógenos” en la recta final del gobierno de transición. Recordemos que en ese entonces Eduardo del Castillo solo peleaba por su inmovilidad laboral en el senado, denunciando a Eva Copa.
Aun así, el oportunismo político más peligroso que orbita el caso Murillo es el de Evo Morales, quien aprovecha la detención de Arturo Murillo para poner en duda la legalidad del gobierno de transición, y revalidar su teoría fantasiosa de Golpe de Estado y además asegurar que en Bolivia no existe persecución política. Viniendo del expresidente no nos sorprende y es parte del papel que desempeña en este teatro político, el peligro radica en que algunos opositores que se encuentran tan decepcionados como acomplejados, le hagan el juego al papel que interpreta el expresidente, me refiero por ejemplo a la solicitud de extradición de Murillo que realizo la bancada de Comunidad Ciudadana, que parecen obviar el hecho de que en Bolivia no hay independencia de poderes y que la justicia no es transparente ni imparcial políticamente. O lo que es aún peor vemos al ex candidato a la vicepresidencia de Carlos Mesa, el señor Gustavo Pedraza, afirmar que la detención de Murillo pone en duda la legitimidad del gobierno de transición. Este tipo de “torpezas” no solo desprestigian al gobierno de transición, en todo caso contribuyen a poner en entredicho su legalidad, y es aún peor si consideramos el hecho de que el actual gobierno a la cabeza de Luis Arce ha restringido el acceso de información en la Gaceta Oficial de todas las normas aprobadas en la gestión de Áñez, llegando incluso a eliminar el nombre de la exmandataria en el portal web, lo que nos permite sobreentender que desconocen la existencia y validez del gobierno de transición.
Es bien sabido que la sucesión presidencial fue producto de un vacío de poder promovido por Evo Morales, cuyo cálculo político no funcionó, y los parlamentarios de ese entonces, oficialistas y opositores garantizaron dicha sucesión, siendo plenamente legítima y legal permitiéndole el funcionamiento al gobierno de transición a lo largo de 11 meses.
Por todo esto es imperante advertir, en particular a los opositores en ejercicio, que en días próximos atestiguaremos un despliegue propagandístico del MAS, para asociar desvergonzadamente el caso “conspiración por lavado de dinero” con el caso “Golpe de Estado”.
El primero es un caso real donde Murillo está siendo procesado por el uso incorrecto del sistema financiero norteamericano, cuya investigación se da en Estado Unidos, a través de un sistema judicial con instituciones sólidas y procedimientos claros. El segundo caso “Golpe de Estado”, es un caso político “atrapatodo” en el que se acusa de conspiración, terrorismo y sedición a líderes cívicos y opositores para vengar los sucesos de octubre y noviembre del 2019, que criminaliza la sucesión presidencial, es un caso “investigado” en Bolivia cuyo sistema de justicia es uno de los peores del mundo, y así fue catalogado en el Índice de Estado de Derecho el año 2020, en el Proyecto de Justicia Mundial, donde Bolivia ocupa la posición 121 de 128 países.
Entonces se puede concluir que el oportunismo de Evo Morales está sacando más ganancia al oportunismo de los opositores, reinstalando su relato de Golpe de Estado, con más fuerza, y ahora con colaboradores “ingenuos” desde la oposición.
