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Al menos siete sectores cumplirán el anuncio de paro nacional contra el proyecto de ley de enriquecimiento ilícito y financiamiento al terrorismo, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y cuyo tratamiento ha sido paralizado en Senadores, mientras se socializa su contenido.

Gremialistas, transportistas, iglesias evangélicas, empresarios privados, abogados, organizaciones de periodistas, algunos gobiernos subnacionales controlados por la oposición, cívicos y plataformas de defensa de la democracia se han declarado en apronte contra la norma, porque consideran que vulnera derechos ciudadanos y da carta blanca para la persecución política.

Los alcaldes de La Paz y Santa Cruz, así como la gobernación de Santa Cruz anunciaron el acatamiento de la medida; también lo ha hecho la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de este departamento.

El sector gremial cruceño estará presente en los bloqueos de avenidas y calles que se realicen en esta jornada, como parte del paro cívico ciudadano nacional.

El representante de la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales de Santa Cruz, Edgar Álvarez, confirmó que la paralización de actividades será acompañada con bloqueo de rutas. “Los mercados van a estar cerrados y quienes estén cerca de los centros de abasto bloquearán las avenidas principales de los mismos”. El secretario general de los comerciantes de Bolivia y ejecutivo departamental del sector minorista, Róger Lavardenz, agregó que desde hace unos días se instruyó esta medida de presión en las vías cruceñas, además aseguró que el 90% de los gremiales no trabajarán.

Agregó que del 10% que no participará del paro ni de los bloqueos, varios no analizaron bien la situación de lo que les ocurriría cuando se apruebe el proyecto de ley. “Les dijeron que (la norma) no les iba afectar, pero la ley es ley y una vez promulgada no hay vuelta para atrás”.

Recordó que la norma afecta a todos los comerciantes que se encuentran dentro del régimen simplificado, porque les ponen un máximo diario de venta de Bs 380, “y si vendemos más, vamos a ser investigados por ganancias ilícitas”, denunció.

En lo referente al sector del transporte público urbano, Mario Guerrero, dijo que, si bien un paro de actividades es perjudicial para la economía, esta medida es necesaria porque están en contra del mencionado proyecto de ley y por ello solamente suspenderán sus actividades. “No vamos a participar de ningún bloqueo y marcha, lo que hemos decretado es un paro de 24 horas en contra del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”.

En tanto, el representante de la Federación Departamental de Transporte Público de Radiomóviles y Taxis de Santa Cruz, Carlos Mamani, señaló que, si bien solamente se suspenderá el servicio por esta jornada, los asociados son libres de participar en bloqueos por sus zonas.

Por otro lado, ayer en los predios del mercado modelo del Plan 3.000, técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se reunieron con los comerciantes de la populosa zona para socializar el polémico proyecto de ley. El dirigente de este sector, Enrique Gonzalo Aro, adelantó que decidieron desmarcarse del paro y por eso hoy trabajarán con normalidad.

La participación en dos reuniones de socialización de la norma, donde se tocó la modificación de tres artículos: el 11, 18 y 23, fue una de las razones para no acatar el paro cívico ciudadano nacional. “Como sector gremial hemos decidido que las actividades del lunes serán normales, esto ha sido aprobado por mis asociados y yo me debo a ellos”, dijo Aro.

 Apoyo nacional

En La Paz, las plataformas ciudadanas señalaron que paralizarán la ciudad este lunes. El activista Guillermo Paz explicó que entregaron una carta al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en la que le pidieron que evite que grupos del MAS, satucos y otros hagan actos de vandalismo. Será una protesta pacífica. Estos grupos ciudadanos van a “bloquear su esquina, como siempre lo han hecho”.

Los gremiales marcharán por el centro de la ciudad. Su secretario ejecutivo Francisco Figueroa, informó que su protesta es contra la ley. “El Gobierno no quiere anular la norma, así que por eso nuestra protesta se inicia esta medianoche. Marcharemos en La Paz, nos concentraremos en el cementerio, e iremos por el centro de la ciudad y en el resto del país cada organización debe movilizarse en su lugar de costumbre”, aseveró. Si es que no son escuchados, tras un cuarto intermedio de cuatro días, volverán a marchas al lunes siguiente.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció su apoyo a la movilización. “Tras consultas con sectores ciudadanos, gremiales, transportistas hemos decidido sumarnos a esta protesta por un problema básico: no puede ser que el derecho a la libertad y a la propiedad esté en peligro, así que estaremos en el paro”.

Sin embargo, aclaró que no es obligatorio. “Todos los trabajadores del municipio que no puedan llegar, tendrán tolerancia, los que quieran trabajar podrán hacerlo, todas nuestras oficinas estarán abiertas. Todos los servicios de emergencia, de salud y de riesgos, trabajarán las 24 horas. Tiene que ser una protesta pacífica”. Coincidió con el activista Paz, y pidió seguridad al ministro de Gobierno. “Está corriendo por redes alertas de grupos afines al Gobierno que saldrán a romper. Ellos harán el martes su wiphalazo, con funcionarios públicos obligados y eso también tiene que ser resguardado”, aseveró.

Por su parte, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, le quitó apoyo a la movilización. “Nosotros vamos a trabajar. Yo necesito avanzar. Los sindicatos han solicitado sumarse y nosotros les daremos los permisos necesarios. Toda persona está en pleno de derecho de acatar o no. Pero no habrá tolerancia, los funcionarios municipales tendrán que compensar su ausencia con horas de trabajo o con días de vacación”. Similar situación ocurrió en Beni, donde el líder cívico, Gueiser Chávez Araujo, dijo que se decidió suspender el paro en este departamento para evitar confrontaciones y también cuidar la salud de la población beniana.

El comando general de la Policía se alista para contrarrestar las marchas y preservar el orden. El subcomandante José Luis Cuevas señaló que “no se permitirán abusos ni enfrentamientos”.

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