28 de noviembre de 2021, 5:00 AM
28 de noviembre de 2021, 5:00 AM

El delirio de golpe que hay en el Movimiento Al Socialismo saca el peor rostro de la gestión de Luis Arce. En una visión distorsionada de la realidad, lo que menos se hace es escuchar la voz del pueblo. Al contrario, como la ciudadanía no valida los ensayos centralistas y autoritarios del presidente y sus aliados, hallaron que su mejor estrategia es la persecución y venganza contra los líderes de las protestas recientemente pasadas.

Es así que, después del último paro multisectorial en contra de la Ley 1386 de estrategia de legitimación de ganancias ilícitas, se ha desatado una persecución contra los líderes cívicos que se adhirieron a la protesta y que la impulsaron. Es así que hay dirigentes opositores detenidos en Potosí y en Riberalta; mientras que los grupos de choque organizados, que desbloquearon usando la fuerza en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y otras regiones permanecen en la impunidad y hasta en el anonimato, a pesar de que hay evidencias de que utilizaron camionetas de Dircabi en la capital oriental. En este caso, no se informa de avances en las investigaciones y ni siquiera hubo una explicación del director de esa entidad dependiente del Ministerio de Gobierno.

En el caso particular de Santa Cruz, hay una lluvia de denuncias contra el presidente del Comité pro Santa Cruz e incluso se lo ha dejado sin fuente laboral, precisamente después del paro multisectorial.

En la sede de Gobierno, un dirigente del MAS reveló que se han organizado 76 grupos para desbloquear y allá se ejerció violencia, pero quedó sin investigación ni sanción.

En palabras sencillas, se está castigando la protesta, pese a que es un derecho que establece la Constitución Política del Estado. Y para demostrar la incoherencia del discurso oficialista, hay que notar que a los opositores que bloquean les dicen “golpistas” que perjudican la economía nacional; pero a los masistas que bloquearon la llegada de oxígeno a La Paz en agosto de 2020 los ven como a héroes que lucharon por la democracia.

A lo anterior se suma la última amenaza de Evo Morales al periodismo, cuando dijo: “Cuidado, cuidado que se acabe la paciencia”, porque le molesta que haya medios independientes que relatan la presencia de empleados públicos en la movilización.

El Gobierno está criminalizando la protesta y para ello tiene a su servicio a la Policía y a la Justicia, entidades que están actuando en defensa de un partido político, en lugar de servir a la ciudadanía y brindar garantías sociales.

El contexto de todo este panorama tiene que ver con la economía, que muestra un horizonte incierto, porque no se está logrando la reactivación prometida en la campaña electoral. También es evidente que en el Movimiento Al Socialismo hay al menos dos visiones en disputa. Ambos factores pueden estar generando inseguridad a la gestión de Luis Arce, que rápidamente se encarga de identificar a su enemigo principal en el movimiento cívico nacional, insistiendo con conspiraciones golpistas, que son más evidentes en la imaginación de quienes las relatan que en la realidad de los hechos.

El país necesita objetivos claros en la gestión gubernamental. Usar al enemigo imaginario es un factor distractivo que solo perjudica, porque genera inseguridad en los bolivianos y que se aleja totalmente del principal objetivo que debería ser la reconciliación nacional y la mancomunidad de esfuerzos para recuperar la economía y garantizar la estabilidad social, factores fundamentales que le darían al Gobierno la certeza de que, al hacer un buen trabajo, obtiene un respaldo popular importante. Por el contrario, creer que metiendo presos a dirigentes cívicos van a frenar el malestar social es un error que acrecentará el descontento en lugar de pararlo. Actuar a la mala solo sembrará el camino de mayor rechazo.

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