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La investigación de los hechos de violencia ocurridos en Senkata, Sacaba, Montero, Ovejuyo y otros lugares en noviembre de 2019 está tomando un giro preocupante para el esclarecimiento de los hechos y el derecho de las propias víctimas por la intromisión política evidente que no llevará el proceso al puerto de la verdad.

Para comenzar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tenido un poco auspicioso comienzo con un cuestionable procedimiento de toma de testimonios, en el caso de la periodista Casimira Lema, en una audiencia pública donde la víctima que sufrió la quema de su hogar ahora es agredida verbalmente a vista y paciencia de la Comisión.

¿Le parece a la CIDH que fue correcto convocar a grupos movilizados a una audiencia pública para que insulten a la víctima, en este caso la periodista Casimira Lema, con expresiones como ‘golpista’, o que se le diga ‘mentira, mentira’ a las expresiones testimoniales que ella daba en la reunión? ¿Esas son las maneras de trabajar de la Comisión Interamericana? ¿Permiten sus protocolos la doble agresión de las víctimas, como ocurrió en este caso?

¿Tendrá en sus planes la CIDH tomar declaraciones a las turbas que convocaban a la violencia con el grito de ‘ahora sí, guerra civil’? ¿Buscará a los responsables de la quema de los hogares de la periodista Casimira Lema y del exrector Waldo Albarracín? ¿Buscará a los responsables de la quema de los 64 buses Pumakatari en Chasquipampa y Achumani de La Paz y a los que ordenaban no dejar ingresar alimentos a las ciudades, como hizo Evo Morales?

En paralelo, la Fiscalía ordenó la aprehensión del coronel Alfredo Cuéllar, quien ocupaba la función de comandante de la guarnición militar de Cochabamba durante los enfrentamientos de noviembre en Sacaba.

Lo cuestionable en este caso es que se desarrollen dos investigaciones en paralelo sobre los mismos hechos: por un lado, la Fiscalía, de la que se sabe su conocida permeabilidad política, con lo cual quedan en entredicho sus acciones en un asunto sensible de alto interés de las partes políticas; y, por otro lado, la CIDH hace su propio trabajo de investigación sobre los mismos hechos.

La detención ha colocado a las Fuerzas Armadas en una situación de desconcierto, y en palabras de su comandante en jefe, el general Jaime Alberto Zabala, ellos estaban cumpliendo órdenes de resguardar y proteger el bien común que es de todos los bolivianos, porque actuaron cumpliendo acciones de mando dispuestas por el capitán general de las Fuerzas Armadas.

De la manera como se identifiquen responsabilidades en los hechos de violencia de noviembre de 2019 dependerán muchas cosas en el futuro, particularmente en el cumplimiento de la misión de las Fuerzas Armadas. Imaginemos solamente qué hubiese pasado si los militares no hubieran contenido la amenaza de las turbas afines al Movimiento al Socialismo de tomar y hacer explotar las instalaciones de la planta de YPFB, en cuyo caso probablemente las víctimas mortales se contarían por centenares o miles de pobladores habitantes de áreas cercanas a la planta de Senkata.

Lo más dañino que le puede ocurrir a las investigaciones que lleva adelante la CIDH es que no corrija sus desatinos, que no garantice la completa imparcialidad de sus actos, y será necesario que aparte de su camino el sesgo político que se quiere imponer a través de influencias de poder, la actuación de instituciones como la Fiscalía y las presiones sociales en las que el MAS tiene alta experiencia mundial.



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