El problema de la desigualdad
El problema persiste, sigue siendo la brecha en la desigualdad sobre la distribución del ingreso, que deriva en la desigualdad en las oportunidades de educación, en la atención de salud, en las desiguales condiciones para obtener un empleo formal, vivienda y servicios básicos.
El mayor problema que confrontamos es que durante décadas, al menos en América Latina, no hemos sido capaces de resolver la génesis del problema. Sin duda la causa no son los ricos y menos aún los que generan riqueza con inversión y empleos, tampoco son los pobres culpables de nacer pobres y sin muchas oportunidades de salir de la pobreza.
El problema está en la clase política improvisada y corrupta que elegimos para gobernarnos y en sus fallidas políticas públicas orientadas a favorecer el enriquecimiento de pocos y el empobrecimiento de las mayorías que los eligen.
Esta desigualdad en América Latina se ha profundizado con la crisis sanitaria del Covid19, la fuerte contracción económica cercana al 9%, prevista para este año en la región, ha provocado que la tasa de desocupación supere el 13% con más de 44 millones de desempleados, aumentando las personas en situación de pobreza de 180 millones en 2019 a más de 230 millones en 2020, lo que representa cerca del 40% de la población, según cifras estimadas de la Cepal. En Bolivia la desigualdad se profundizó con el incremento de la tasa de desempleo formal ya cercana al 10%, siendo aún mayor la desocupación creciente en el sector informal que absorbe 7 de cada 10 empleos en Bolivia, con lo que es posible que lleguemos a más de 3,5 millones de bolivianos en situación de pobreza y cerca de 1,5 millones en situación de pobreza extrema.
Un interesante y reciente estudio del BID denominado La Crisis de la Desigualdad -que motivó este artículo- señala entre sus hallazgos que en promedio en América Latina y el Caribe el 1% de las personas más ricas concentran el 21% del ingreso nacional neto y el 10% de las personas con mayores ingresos concentran más del 50% del total del ingreso nacional, mientras que el 50% de la población con menos ingresos solo recibe el 10% de los ingresos nacionales.
A modo de ilustración de esta desigualdad, se tiene que al 10% más rico le ingresa 22 veces más que al 10% más pobre, por lo que se deduce que por cada persona que gana en el sector informal 2000 Bs/mes, alguien obtiene un ingreso de 44.000 Bs/mes en el estrato de mayores ingresos.
Esta inequidad en la distribución del ingreso no se resuelve como en la leyenda medieval británica al estilo Robin Hood, quitando a los ricos para dar a los pobres, sino redistribuyendo el ingreso con políticas públicas que mejoren el status del segmento social de ingresos bajos y medios, ensanchando y empoderando la clase media. Esto solo es posible con educación, salud e invirtiendo en generación de oportunidades de empleo y emprendimientos a través de la inversión pública y la promoción de la inversión privada nacional y extranjera.
El objetivo debe ser el de reducir la brecha sin aumentar el gasto con bonos y subsidios insostenibles que terminan aumentando el déficit público o haciendo menos competitivas las empresas locales frente a las importaciones. Debemos convencernos que la mayor riqueza de una nación no son sus recursos naturales, ni su extensión territorial, ni siquiera su ubicación geográfica estratégica, ni su acceso al mar, la mayor riqueza de una nación es su gente, su población, que cuanto más sana y mejor educada esté, mayores serán sus posibilidades de éxito y en consecuencia será aún mayor su contribución a la riqueza de su país.
Todos los gobiernos sucedidos en Bolivia, independiente de su corriente ideológica, reconocen una deuda histórica con las clases sociales marginales urbanas y rurales que viven en la pobreza o extrema pobreza y la necesidad de forjar un país con verdadera equidad social con una amplia clase media bien educada, con acceso gratuito a los servicios de salud y seguridad laboral, esta triada de elementos configuran la inclusión social. El problema es que el reconocimiento per se sin una adecuada planificación y ejecución es tan estéril como inocuo, pues ni fecunda igualdad ni afecta la inequidad.
El venidero 18 de octubre los bolivianos tendremos la enorme responsabilidad de elegir a los gobernantes del próximo quinquenio y debemos asumirla con absoluta racionalidad, despojados de cualquier chauvinismo político o religioso puesto que más allá del carisma de un líder y su capacidad de convencer al electorado, el devenir de su gobierno estará marcado por sus ideales, su formación y su moral, de ello dependerá cómo ejecute lo plasmado en su plan de gobierno. Esto es lo que deberíamos evaluar y apegados a nuestra razón y conciencia ejercer nuestro derecho a elegir.
