El punto de inflexión del descenso
Con un déficit acumulado de cerca de 3 mil millones de dólares al tercer trimestre del presente año, con la recesión que al primer semestre ya había superado el 11% según informe del Banco Central de Bolivia y luego de analizar las cifras del comercio exterior boliviano a septiembre de 2020, no podemos menos que alarmarnos y rogar que el nuevo Gobierno encarrile al país en una agenda de recuperación de la economía y el empleo, antes que la vorágine de una agenda política nos enmarañe en más conflictos sociales que castiguen más la ya maltrecha economía boliviana.
Los innecesarios conflictos y bloqueos poselectorales que se están generando a pesar del reconocimiento de la victoria del actual presidente electo por parte del Órgano Electoral, las misiones de observación y todos los países amigos, además del reconocimiento de los principales líderes opositores, pueden acentuar aún más la pendiente de la curva de descenso de la economía boliviana hasta fines del presente año, situación que podría desencadenar en una crisis financiera que arrastraría la actual frágil estabilidad monetaria.
El persistente deterioro de los precios del gas natural y las nuevas condiciones del contrato de exportación al Brasil, sumado a la inestabilidad del mercado argentino como segundo mercado del gas natural, hacen prever una mayor reducción de los ingresos por operación de YPFB; por otro lado, las probables exportaciones de energía eléctrica se verán afectadas por la sobrecapacidad de generación de los países vecinos o el bajo nivel de demanda en las zonas vecinas limítrofes, a lo que se deberá sumar la postergación de por lo menos dos años de las expectativas de nuevos ingresos por concepto de materias primas como la urea y el litio, que deben esperar en un caso la nueva puesta en marcha de la planta y en el otro caso la concreción de una importante inversión en la planta procesadora de litio.
Por concepto de exportaciones los ingresos ya se redujeron en cerca de 2.000 millones de dólares a septiembre de 2020 (incluyendo exportaciones Ritex), siendo las exportaciones de gas natural una de las más afectadas con una reducción de más de 400 millones de dólares, mientras que nuestras exportaciones de minerales se desplomaron en más de 600 millones de dólares y las exportaciones de manufacturas se redujeron en casi 800 millones de dólares, todas en los primeros nueve meses de 2020.
Recortando las expectativas de estos ingresos que corresponden en esencia a la producción y exportaciones de sectores estratégicos en manos de la administración pública, las medidas que se adopten para revertir la tendencia a la baja serán determinantes, y no se pueden tomar en ausencia del sector privado, que hoy por hoy es responsable por al menos el 60% de la economía formal y por dos terceras partes del empleo de los bolivianos. En la medida que las políticas que se adopten para revertir la contracción sean concertadas en el marco de un acuerdo nacional, será posible determinar cuál será el punto de inflexión de la curva de pendiente negativa en que se grafica la actual situación económica del país.
Algunas ideas someras que se pueden plantear como medidas recomendables para revertir la tendencia están relacionadas primero a reducir el gasto por el pago de servicios de la deuda y en lo posible pedir moratoria temporal al pago de capital, en forma paralela resolver la necesidad de inyección de recursos externos a través de un endeudamiento razonable y sobre todo a través de inversión extranjera directa e inversión nacional, esto permitirá reactivar de manera inmediata la producción y empleo en áreas productivas de reacción inmediata como la construcción, los servicios, la agropecuaria, la industria alimentaria y la industria manufacturera.
La otra medida esencial será una política reorientada de la inversión pública enfocada en obras nacionales de gran impacto como Viru Viru, Puerto Busch, siderúrgica del Mutún, planta de litio, zonas industriales manufactureras en Oruro y El Alto, esto además de la reorientación de las inversiones de gobernaciones y municipios en infraestructura de salud, educación y saneamiento básico. El país no se puede dar el lujo de más inversiones públicas que no generen retorno de la inversión y empleos formales y sostenibles para la gente.
Finalmente, el punto de inflexión estará condicionado a una política fiscal que sea razonable en el gasto público, pero al mismo tiempo lo sea en materia de los ingresos fiscales con una carga tributaria y presión fiscal que no asfixie a las empresas formales, sino que les permita seguir contribuyendo y reinvirtiendo en el país. No se deberían crear nuevos impuestos y cargas fiscales, sino implementar medidas que favorezcan la formalidad y ensanchen la base de contribuyentes.
