10 de noviembre de 2022, 4:00 AM
10 de noviembre de 2022, 4:00 AM

La reunión de Trinidad, que falsamente se calificó como mesa técnica, estaba destinada al fracaso desde el primer momento en que se decidió llevar allí a una amplia mayoría de delegaciones afines al gobernante Movimiento al Socialismo, cuando la región que encabeza el cuestionamiento a la dilación del censo y con la que había que discutir era Santa Cruz.

Desde la reunión de Cochabamba del 28 de octubre, el Gobierno ha preferido hacer que Santa Cruz sea apenas uno entre 300 delegados. Con un aparentemente hábil pero muy visible cálculo político, intentó invisibilizar la demanda y el paro indefinido cruceño dándole la misma categoría que cualquier municipio rural de 3.000 habitantes, en una burda manipulación que iba a terminar mal.

Que es como acabó la mesa de Trinidad. De técnico tuvo muy poco aquel encuentro, desde el momento en que la dirigía un ministro del Ejecutivo, que una vez más hizo de juez y parte: ellos administraban la reunión, daban o quitaban la palabra, pero a la vez eran la principal parte interesada en consolidar una de las posiciones en discusión. Es como si el juez de un proceso fuera a la vez abogado del acusado del juicio. Así no se puede.

Fue una reunión política porque en ella participaba el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, que representaba en la reunión la voz gubernamental que a toda costa quiere censo el 2024 y no el 2023.

Y finalmente fue una reunión política porque demostró que a las argumentaciones técnicas de la otra parte, el Gobierno respondía con objeciones escritas en papel mojado: que hay que importar un papel especial del exterior que reconozcan los scanners, que los scanners hay que licitarlos e importarlos, que las llantas se pinchan, que hay que hacer convocatorias públicas de licitación cuando en cosas de menor urgencia ellos mismos ordenaron adjudicaciones directas, que en una grada se puede accidentar un funcionario…

En los hechos, las tres reuniones organizadas por el Gobierno demostraron que no solo no había ninguna voluntad política por resolver el conflicto, sino que en realidad fueron estrategias de dilación para simular que se prestaba atención a una demanda, con la confianza de que al final igual ellos impondrían su propio proyecto: algo así como ‘habla todo lo que quieras, que yo te escucho, pero al final las cosas se harán como yo diga’.

Ni la ministra María Nela Prada, ni el vocero Jorge Richter ni el ministro Sergio Cusicanqui hicieron ninguna diferencia en la administración de las reuniones y el resultado en cada caso fue exactamente el mismo.

¿Qué validez tiene, por tanto, una fecha -marzo o abril de 2024- acordada entre el Gobierno y sus aliados en una reunión de la que se retiró la principal región que inició el reclamo y que lleva 20 días de paro indefinido?

Si el presidente Luis Arce se empeña en continuar con su plan censo 2024 ignorando ignominiosamente a Santa Cruz, tendrá que ser consciente de las graves consecuencias que podrían traer la prolongación del paro indefinido y las nuevas medidas que se aprestan a iniciar las organizaciones que integran el Comité Interinstitucional. No es para menos: si una región -la más numerosa y la que más produce- se siente marginada y ninguneada, hará suyo el derecho de defenderse con unas o con otras estrategias hasta que su voz sea escuchada y tomada en cuenta.

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