23 de marzo de 2023, 4:00 AM
23 de marzo de 2023, 4:00 AM


El creciente tráfico trasnacional de mercancías resultante del comercio electrónico B2C o C2C (Business to Consumer o Consumer to Consumer) que se traslada a través de envíos expreso (courier) y paquetes postales (correo postal), está generando una gran preocupación en las autoridades que regulan y controlan el comercio transfronterizo y las industrias que se afectan en mayor grado con el tráfico ilícito a través de esta forma de comercio y envíos.

Según cifras de “Statista Digital Market Outlook”, durante 2021 el comercio digital -direccionado únicamente a consumidores finales- movilizó 3,3 billones de dólares y se estima, según la misma organización, que en el año 2025 esa cifra aumentará hasta alcanzar los 4,2 billones de dólares. Esto incluye las transacciones tanto en el mercado local como del exterior. En el caso de Bolivia, se estima que cerca de 200 millones de dólares americanos anuales se mueven en el comercio electrónico en sus diferentes modos.

Según la Alianza Transnacional para el combate al Tráfico Ilícito, el mundo pierde más de 2 billones de dólares anuales por el comercio ilícito, esto equivale a 45 veces el PIB boliviano. El poder económico de la delincuencia transnacional es muy grande, capaz de corromper no solo a funcionarios de aduanas, migraciones y de otras agencias relacionadas al control del comercio transfronterizo, sino que son capaces de financiar campañas y estructuras de gobiernos, e incrustarse en distintos niveles del poder, donde se favorecen de la protección de los funcionarios corruptos en diferentes agencias gubernamentales.

Gran parte del comercio ilícito cruza las fronteras y aeropuertos de mano de los contrabandistas y en envíos courier que movilizan con facilidad y prontitud las empresas de correo expreso, donde los requisitos de envío son el llenado de una guía de carga que de manera general describe la mercancía y declara un valor de referencia solo para efectos de aduana que nada tiene que ver con el valor real de lo que se está transando. Gran parte del tráfico de drogas sintéticas, anfetaminas, medicamentos prohibidos en cápsulas, se camuflan en paquetes postales que son descubiertos en una ínfima proporción respecto al cuantioso volumen que está ingresando a nuestros países a vista de un control aeroportuario y postal deficiente y carente de medios tecnológicos para su detección.

Las empresas de correo expreso internacional están autorizadas para realizar despachos aduaneros courier por valor FOB de hasta un mil dólares americanos y un peso máximo de 40 kilogramos; sin embargo, no tienen ningún control previo al embarque que certifique el valor real de las mercancías que transporta de forma expresa, por lo que una buena parte de sus embarques corresponden a mercancías subvaluadas que no pagan tributos o pagan tributos mínimos.

Sin embargo, el mayor descontrol previo al embarque está en el tipo de mercancía que trasladan, excepto las mercancías peligrosas o inflamables cuyo control lo realiza la línea aérea en el registro del manifiesto de carga aérea por seguridad del vuelo. Esta ausencia del control al embarque, sumando a las deficiencias de control en los aeropuertos de destino facilita el tráfico ilícito de mercancías prohibidas o peligrosas para salud de las personas, como vitaminas y fármacos no registrados por la Autoridad del Medicamento en Bolivia, lo cual coloca en riesgo la salud a la población ya acostumbrada a automedicarse.

A nombre de la facilitación del comercio y la reducción de los tiempos de liberación de las mercancías se ha generado una suerte de fomento al contrabando hormiga aeroportuario, donde de forma personal los viajeros frecuentes y a través de los miles de paquetes courier, ingresan diariamente mercancías valiosas como joyas de oro y plata, notebooks, medicamentos, vestimentas y otros, provocando no solo un agujero en la recaudación fiscal, sino también un serio daño al comercio y las importaciones formales que se ven amenazadas por esta competencia desleal y delincuencial.

A pesar de una reciente disminución histórica en el comercio de bienes y en la producción industrial, en los últimos dos años se ha visto un aumento en el comercio ilícito. Para garantizar que la Aduana esté debidamente equipada para cumplir con sus misiones, la OMA ha estado trabajando en estrecha colaboración con sus miembros para desarrollar una gama de instrumentos, herramientas y materiales de orientación. Además, a través de actividades operativas, las administraciones aduaneras están logrando un equilibrio entre sus roles de facilitación y cumplimiento del control, situación aún deseable en el caso de nuestro país.

En definitiva, precisamos no solo generar normas, regulaciones y tratados multilaterales que condenen las actividades y el comercio ilícito, necesitamos con urgencia una mayor conciencia ciudadana y educación a nivel global, en particular en los países de ingresos medios y bajos, donde el escaso nivel de educación y desarrollo es un caldo de cultivo para las actividades ilícitas, ante la falta de oportunidades para la población más joven. La delincuencia es producto de la falta de empleo y oportunidades que nos roban los corruptos que lucran y conviven con el delito, solo las sociedades instruidas son capaces de elegir y controlar a quienes deben gobernarlos con rectitud.

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