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Es una de sus mayores atribuciones y ahora deberá ponerla en práctica. El Tribunal Constitucional Plurinacional será el escenario donde se dirima una de las primeras disputas entre el Ejecutivo y Legislativo, aunque, de momento, ya dio un punto a favor de la Asamblea al rechazar el pedido de control de constitucionalidad del Ejecutivo sobre las leyes del descuento del canon de alquiler, plasma hiperinmune y atención a pacientes de coronavirus en clínicas privadas, todas promulgadas el jueves último por Eva Copa, presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El viernes, el Gobierno se llevó el primer revés en esta disputa, cuando el TCP rechazó revisar estas leyes en la etapa de admisión de la demanda del Ejecutivo, al considerar que no tenía tuición. Esto llevó a Yerko Núñez, ministro de la Presidencia, a acusar a los tribunos de tener un acuerdo con los legisladores del Movimiento Al Socialismo.

“El TCP evidencia su acuerdo con el MAS en la Asamblea, con esos parlamentarios que apoyaron el cerco a las ciudades, el bloqueo de caminos que dejó más de 50 muertes y millones de pérdidas para productores campesinos, empresarios y la economía”, dijo Núñez, en su cuenta de Twitter.

El TCP, en enero de este año, a través de la Declaración Constitucional 001-2020, amplió el mandato tanto a la presidenta Jeanine Áñez como a la Asamblea Legislativa con el fin de garantizar los derechos constitucionales, mantener abierto el Estado y garantizar las elecciones generales en un plazo no mayor a un año.

En opinión del abogado constitucionalista José Luis Santistevan, el rechazo al pedido del Ejecutivo por parte del TCP está justificado, porque los asesores de Áñez cometieron dos errores de procedimiento al no agotar las instancias de observación de las leyes en la Asamblea, en primer lugar, y en enviar leyes a control constitucional, ya que solo se someten los proyectos de ley a este tipo de recursos.

Según Santistevan, lo que debió hacer el Ejecutivo fue, primero, observar las leyes y pedir su modificación y que sea la misma Asamblea la que la envíe a control Constitucional. Explica que incluso Áñez o su ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, pudieron ir a la Asamblea a defender su punto de vista, pero no lo hicieron.

Sin embargo, el jurista aclara que aún le quedan recursos al Ejecutivo para defenestrar las tres leyes promulgadas, y se trata de dos acciones ante el TCP. La primera es presentar un recurso abstracto de inconstitucionalidad por cada ley y segundo es pedir medidas cautelares para que estas leyes no entren en vigencia hasta que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo.

Pese a que el viceministro de Coordinación Gubernamental había anunciado nuevos recursos contra estas leyes, el tuit de Núñez lo deja en aire. La ley del canon de alquiler establece el descuento del 50% del alquiler a viviendas que paguen menos de Bs 5.000, lugares comerciales de menos de 7.000 y zonas industriales de menos de 15.000 por el tiempo que duró la cuarentena. 

Se observa que esto atenta contra la propiedad privada. La ley de atención en clínicas privadas a pacientes de Covid-19, establece que el Estado debe cubrir los gastos, mientras que la ley de donación de plasma establece incentivos a los donantes.