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10 de agosto de 2022, 7:43 AM
10 de agosto de 2022, 7:43 AM

El alcalde Jhonny Fernández ha tenido un papel cuando menos triste durante los dos días del paro departamental de Santa Cruz en demanda de un pronto Censo. Si bien era conocida su cercanía con el Movimiento Al Socialismo (MAS), ahora ha quedado en evidencia su alineamiento con el Gobierno central, contrario a la movilización y a las aspiraciones cruceñas.

Fernández tuvo una posición primero ambivalente y después de total sintonía con el Gobierno en el asunto de las fechas del Censo, aunque él se empeña en negarlo o declararse ‘de buena familia’ para que no lo asocien con el partido gobernante.

Quien se opone a que un Censo se haga lo más pronto posible no puede sino tener razones políticas, porque el levantamiento de datos estadísticos no solo no le hace daño a nadie, sino que en el caso de Santa Cruz incluso le favorece para tener una mayor asignación de recursos, que irían también a la propia Alcaldía que conduce Fernández.

Hasta aquí, el alcalde había sido un aliado discreto del Gobierno, pero en los dos días del paro mostró una cara lamentable él y la institución que el pueblo le encomendó administrar, porque ambos se convirtieron en brazo operativo del Gobierno del MAS en Santa Cruz para reprimir con violencia los bloqueos pacíficos que los vecinos levantaban en calles, avenidas o rotondas.

La Alcaldía puso a disposición de los grupos de choque -quizá incluso contratados por la propia Comuna como sugieren las denuncias que muestran a jovenzuelos que dormían con explosivos en las instalaciones de la institución sin pertenecer a ella- vehículos que se utilizaron sin placas ni stickers de identificación, los mismos que se movilizaban peligrosamente a toda velocidad levantando bloqueos, haciendo reventar explosivos y amedrentando a los ciudadanos.

Pero no quedó ahí: el lunes se produjo un llamativo hecho en las afueras del domicilio del alcalde, cuando vehículos no identificados, entre ellos una camioneta, llegaron supuestamente para atentar contra Fernández y su familia. Así lo dijo el alcalde y así dice la denuncia que presentó su familia ante la Fiscalía.

Sin embargo, pocos minutos después del hecho se comprobó que la camioneta que llevaba a los supuestos agresores es de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y algunos ciudadanos identificaron a sus ocupantes como funcionarios del municipio.

Parecía una estrategia, probablemente armada por el MAS, que en esto tiene mucha experiencia, si no recuérdese el Hotel Las Américas de 2009. Al quedar la operación al descubierto, dos funcionarios del municipio denunciaron ante Diprove el supuesto robo de la camioneta 14 horas después.

Cuando a alguien le roban el vehículo lo primero que hace el afectado es sentar la denuncia de inmediato. Nadie espera 14 horas. Dicen los denunciantes que les robaron la camioneta a las 3:00 de la mañana cuando hacían operativos de control y expendio de bebidas alcohólicas. ¿Hacían control de bebidas en medio de los bloqueos? La explicación suena muy forzada.

Es llamativo también que tras el supuesto ‘atentado’, que otros llaman autoatentado, de inmediato se pronunciaron el presidente Luis Arce y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, solidarizándose con Fernández con detalles que recogen los mismos términos usados por el alcalde, esos que hablaban de su hija embarazada y sus nietos menores de edad.

Algo se ha roto en Santa Cruz en estos dos días y probablemente a Fernández le resulte muy difícil recuperar la confianza de un pueblo que estaba movilizado en un paro, mientras él y la Alcaldía hacían todo para romper la protesta.

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