El uso del mercurio nos destruye sin responsables

Pasó casi desapercibido, pero la semana anterior el relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Marcos Orellana, manifestó su preocupación por los escasos esfuerzos de Bolivia para reducir el uso del mercurio, controlar la situación y evitar los daños que afectan al medioambiente y a los pueblos indígenas.
"Veo el aumento de la contaminación por mercurio generada por la pequeña minería que afecta a los pueblos indígenas; y no solo en Bolivia, en toda la cuenca amazónica; el tráfico ilegal que va hacia los países vecinos (...). Esta situación está generando graves impactos en los derechos humanos efectivos", dijo el relator en el seminario "Mercurio en la minería aurífera: situación y las alternativas".
La problemática es tan profunda como antigua y se acelera con el tiempo. Pero la ciega mirada del control estatal agrava la situación. El uso indiscriminado del mercurio para la obtención ambiciosa del oro está dinamitando el medioambiente, la salud humana y el riesgo de la desaparición de al menos una etnia en Bolivia.
Se escudan bajo la nominación de cooperativas y no respetan leyes laborales y tampoco el correspondiente pago de impuestos. Pero estas “cooperativas” no funcionan como tal, son solo pantallas donde algunos invierten recursos y otros la explotación del trabajo. Carecen de licencia ambiental para operar y no tienen derecho minero.
Funcionan en varios territorios, en la cuenca amazónica, en el norte de La Paz, en Pando, en Beni, en Cochabamba y se van moviendo, buscando el preciado metal sin miramientos.
La explotación mecanizada, con orugas y maquinaria pesada, se mueve en forma permanente y toman territorios destruyendo el curso de los ríos, deforestando bosques y por supuesto contaminando el agua y el aire. Ninguno de los niveles estatales tiene el control de esta situación, tampoco se conoce el número de cooperativas que ejecutan estas prácticas ilegales.
Los defensores de la Pachamama no viven allí para contarla.
En junio pasado fueron públicos los enfrentamientos con heridos de bala ocurridos en Unión Pauje, municipio de Apolo de la provincia Franz Tamayo (La Paz), a causa de avasallamientos de territorios para la explotación minera. No solo amenazas, sino amedrentamiento, secuestros y quemas de viviendas. El terror desatado en las decenas de comunidades no tiene nombre, así como la impunidad de algunos grupos mafiosos que imperan a su antojo y con violencia.
Las instancias fiscalizadoras poco y nada se pronuncian al respecto, e incluso algunos lo minimizan y otros se desmarcan del problema lavándose las manos.
Las consecuencias verdaderas también se desconocen en real dimensión. Según el informe de ONU, los nativos esse ejja tienen niveles “extremadamente” altos del tóxico en sus organismos. Ellos viven en la cuenca de Beni y su dieta depende del pescado, alimento contaminado con mercurio. Estamos hablando de etnocidio.
Bolivia es hoy el principal importador de mercurio de la región y, por si fuera poco, algunos especuladores lo venden a otros países vecinos donde está prohibido, creando incordios internacionales.
A este complejo tema nadie quiere ponerle el ‘cascabel al gato’. ¿Hasta cuándo seguiremos mirando hacia el lado incorrecto? El problema se hará más grande mientras veamos, con los brazos cruzados, cómo se muere la gente y nuestros bosques contaminados. Alguien deberá, tarde o temprano, pagar esta factura.