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Las empresas de generación y distribución de la industria eléctrica, asociadas a la Cámara Boliviana de Electricidad (CBE), plantean al Gobierno la constitución de un fideicomiso de Bs 1.000 millones para soportar el efecto económico del diferimiento de pago de facturas de energía eléctrica durante el confinamiento por el Covid-19.

Debido a la pandemia del coronavirus, el Gobierno estableció una cuarentena rígida y junto con esta medida decidió, mediante el Decreto Supremo 4206, la prohibición del corte del servicio de energía eléctrica por facturas pendientes de pago de los meses de enero, febrero y marzo de 2020 y la prohibición del corte por deuda, tres meses posteriores al levantamiento de la cuarentena rígida, es decir hasta el presente mes.

Adicionalmente, se autorizó a los agentes del mercado eléctrico mayorista (generadores, transmisores, distribuidores y consumidores no regulados) el diferimiento del pago por las transacciones de abril, mayo y junio.

Según la CBE, el sector atraviesa una situación difícil. Generadores y transportadores no han recibido los pagos adeudados por las empresas de distribución durante tres meses (abril, mayo y junio), y los tres meses de diferimiento después de levantarse la pandemia total. Recién en octubre recibirán el pago de los primeros tres meses.

Las distribuidoras enfrentan problemas de iliquidez por la falta de pago de los consumidores que, en muchos casos, adeudan facturas desde principio de este año.

Desde la CBE explican que previendo esta problemática, el sector propuso a los ministerios de Energías y de Economía constituir un fideicomiso para que las firmas de distribución eléctrica puedan acceder a recursos equivalentes a los montos de facturación que les corresponde pagar a los consumidores y que están diferidos para que estas empresas paguen por la electricidad producida y transportada. 

“El monto del fideicomiso es Bs 1.000 millones a ser devueltos en 18 meses, en la medida en que los consumidores vayan pagando sus facturas”, afirmaron.

Creen que el fideicomiso eliminará la incertidumbre y otorgará seguridad en las operaciones de las firmas eléctricas de generación, transmisión y distribución.

En el Ministerio de Energías precisaron que la recaudación de las empresas distribuidoras de electricidad ha mejorado considerablemente con la normalización paulatina de las actividades económicas en el país. Asimismo, afirman que se están regularizando los pagos por la reducción temporal dispuesta hasta junio de 2020. “Pese a ello, aún se analiza un posible fideicomiso”, dicen.

Reconocen que la prohibición del corte del suministro eléctrico por facturas pendientes de pago ha ocasionado falta de liquidez, tanto en las empresas distribuidoras como en el resto de la cadena productiva del sector eléctrico.

Mora en pagos diferidos

Según la CBE, el Gobierno hasta la fecha realizó el pago a las distribuidoras por los descuentos realizados en abril, quedando pendiente los abonos de mayo y de junio. Especifican que los montos son millonarios y con mayor impacto para las empresas distribuidoras de La Paz y Cochabamba porque los consumidores beneficiados son más en estos dos departamentos.

Desde la dirección ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), Luis Fernando Áñez, manifestó que con la aplicación del Decreto 4206, el Estado cubrió Bs 521,5 millones por las facturaciones de los meses de abril, mayo y junio de este año. Al momento, dijo que ya se hizo el trámite respectivo para el desembolso del pago de abril por un total de Bs 178,2 millones. Añadió que este mes se tramitará el pago de las facturas correspondientes a mayo y que en octubre se estima terminar con el pago respectivo de junio.

El diferimiento de pagos por las transacciones de abril, mayo y junio de 2020 en el mercado eléctrico mayorista, representa Bs 955,7 millones, monto que las empresas distribuidoras deben pagar a las firmas generadoras y transmisoras hasta el 15 de noviembre de 2020, según se estableció en la resolución AETN N° 232/2020. 

Autoriza también a las empresas distribuidoras realizar los cortes del suministro por facturas pendientes de pago, puntualizando que se deben otorgar planes de pago a los consumidores que lo requieran.

“Es importante rescatar que la población está pagando sus facturas por el servicio de electricidad, entendiendo que el sector eléctrico en su conjunto depende del pago de las facturas por el suministro que cada consumidor debe pagar mensualmente de acuerdo a su consumo”, indicó Añez.

Según el Ministerio de Energía y la AETN, el Gobierno destinó Bs 521,5 millones para el pago del servicio de energía eléctrica durante los meses de abril, mayo y junio, beneficiando a todos los consumidores de la categoría domiciliaria del país que ascienden a 2,6 millones de familias. 

Con la aplicación del Decreto 4206, ocho de cada 10 familias no tuvieron que pagar nada por el servicio de electricidad durante la cuarentena por Covid-19 y el resto tuvo descuentos graduales en función de su consumo del 20%, 30%, 40% y 50%. El Gobierno cubrió el 62% de la factura de energía eléctrica de la categoría domiciliaria del país durante los tres meses de aplicación del Decreto 4206.

Operadora cruceña

Desde la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), el gerente general, Carmelo Paz, afirmó que el diferimiento de pago de facturas de los consumidores a las empresas de distribución, la prohibición de realizar el corte del servicio por facturas pendientes de pago y la postergación de desembolsos de las empresas de distribución a los agentes generadores y transmisores impactaron en las finanzas de todas las firmas de la cadena de la industria eléctrica.

Según Paz, la CRE acudió a préstamos de la banca local y mejoró la eficiencia en la gestión. “Instamos a nuestros consumidores que abonen sus facturas pendientes por concepto de consumo de energía eléctrica porque de otra manera estaríamos ante el corte inminente del servicio”, subrayó.

En el caso de la CRE, el gerente de la cooperativa apuntó que la mora total está cerca de los Bs 400 millones, siendo el sector domiciliario el mayor deudor, con Bs 200 millones, seguido por el comercial (más de Bs 80 millones) y el industrial (más de Bs 58 millones).

Actualmente existen consumidores con hasta 10 facturas pendientes de pago, es decir, arrastran la deuda desde 2019.